El elemento distintivo de la iniciativa, según la información disponible, es otorgar al consumidor la potestad de escoger entre distintas vías de compensación ante un incumplimiento, y no aceptar la solución impuesta por el vendedor o prestador del servicio. Ese giro alteraría la relación habitual en los reclamos, donde el comprador suele quedar sujeto a la política de devoluciones de cada empresa.
La protección al consumidor panameño ha girado tradicionalmente en torno a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), entidad que atiende reclamos por productos defectuosos, servicios no prestados o publicidad engañosa. La eventual reforma buscaría reforzar ese marco con un mecanismo más directo: el reembolso íntegro del dinero pagado cuando lo contratado no se cumpla.
El debate sobre los derechos del consumidor ha cobrado relevancia a medida que crecen las compras por internet y las quejas por servicios de suscripción o entrega tardía. Figuras similares operan en otras plazas de la región bajo el nombre de garantía de satisfacción o devolución del dinero, aplicadas sobre todo en comercio electrónico y telecomunicaciones.
De prosperar en la Asamblea Nacional, el trámite legislativo exigiría superar los tres debates reglamentarios en el pleno antes de pasar a la sanción del Ejecutivo. Cualquier cambio en la normativa de protección al consumidor pasa además por comisiones especializadas, donde se escucha a gremios empresariales y asociaciones de consumidores antes de fijar el texto final.
La discusión se inscribe en un contexto de atención pública a distintos fallos de servicios e infraestructura, como el registrado recientemente en el hospital Chicho Fábrega, que ha reavivado el debate sobre las garantías que el Estado y los proveedores privados deben ofrecer a la ciudadanía cuando un servicio no cumple lo prometido.
La normativa de defensa del consumidor en Panamá tiene su base en la Ley 45 de 2007, que creó la Acodeco y estableció el régimen de sanciones y compensaciones vigente. Gremios empresariales han expresado en el pasado reparos ante normas que amplían las obligaciones de reembolso, por el riesgo de encarecer bienes y servicios; las asociaciones de consumidores han insistido en mecanismos más ágiles que la vía judicial ordinaria para disputas de bajo monto.
El proyecto se encuentra en fase de análisis dentro de la Asamblea Nacional, sin que se haya precisado en qué comisión radica ni la fecha prevista para un primer debate.