La investigación, en la línea de los hallazgos publicados por elDiario.es en las dos semanas previas, señala como responsables en particular a "unidades de Regulares y de la Legión" en lo que "parece ser un patrón" contra las personas migrantes que permanecen en las calles o en asentamientos informales de la ciudad. La organización asegura haber recogido 22 testimonios directos que atribuyen a los militares "palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género".
Según sus conclusiones, apoyadas en vídeos y testimonios, algunos militares "han llegado a actuar de noche y encapuchados contra las personas migrantes —para evitar ser reconocidos— propinándoles golpes y palizas, o rociando la cara y el cuerpo con un espray irritante y procediendo a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal". Los testimonios describen "insultos y amenazas constantes" para que abandonen Ceuta, la prohibición de dormir de noche y de transitar de día, y la orden a jóvenes de raparse el pelo.
Entre las prácticas documentadas figura obligar a personas musulmanas a arrodillarse para besar una cruz cristiana, golpearles "con brutalidad en la cabeza y la espalda con porras y botas" y retirarles la comida si desobedecen. elDiario.es había publicado antes los casos de más de cinco personas obligadas por militares a raparse la cabeza, o a las que los propios soldados cortaron el pelo a trasquilones.
A través de fotografías y vídeos, la ONG constató cuerpos magullados con lesiones que "parecen compatibles con golpes" de las porras reglamentarias. Dos chicos marroquíes presentaban ese tipo de heridas en la cabeza, "una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales"; uno de ellos, según su relato, fue "obligado a arrodillarse antes de ser golpeado". Un hombre marroquí contó que llevaba 25 días sin poder caminar tras ser empujado por un militar desde una altura elevada mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio, al este del puerto ceutí.
La organización recoge también el caso de un joven marroquí y otro argelino "golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción", cuyas marcas en las muñecas pudo verificar el equipo de Amnistía. Uno de los entrevistados relató su experiencia:
"Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén", contó uno de los jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional.
El informe documenta además violencia contra mujeres marroquíes, con "insultos, humillaciones y vejaciones de carácter sexual". Una joven relató que un militar se mofó de ella diciéndole "cómo había podido abrir las piernas", en referencia a su embarazo. La organización sostiene que la actitud de algunos militares afectó también al propio personal desplegado en la ciudad autónoma.
La eventual acreditación de estas prácticas encajaría con figuras penales que sancionan la tortura y los tratos degradantes cometidos por autoridad o funcionario público, recogidas en el Código Penal, así como con las prohibiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que veda la tortura sin excepción alguna. Las devoluciones sumarias a través de la valla —las llamadas "expulsiones en caliente"— fueron avaladas por el Tribunal Constitucional en 2020 con condiciones, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las examinara en el caso N.D. y N.T. contra España.
No es la primera vez que la actuación de las fuerzas de seguridad en la frontera ceutí acaba bajo escrutinio: la tragedia del Tarajal, en febrero de 2014, cuando quince migrantes murieron ahogados mientras la Guardia Civil disparaba material antidisturbios al agua, derivó en una causa judicial que se archivó y reabrió en varias ocasiones a lo largo de la década siguiente.
El equipo de Amnistía Internacional realizó su trabajo de campo en Ceuta entre el 10 y el 15 de septiembre, según detalla su investigación.
