Torres señaló que estos síntomas suelen pasar desapercibidos en sus primeras etapas, cuando la familia los atribuye al envejecimiento natural. Entre los signos que ameritan consulta médica mencionó la repetición de preguntas ya respondidas, la dificultad para reconocer lugares habituales y los cambios de humor o de personalidad que no se corresponden con el carácter previo de la persona. El diagnóstico temprano, apuntó, resulta determinante para ralentizar el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente y de su entorno.
Un aspecto central de su planteamiento fue la salud física y emocional de los cuidadores, quienes suelen quedar expuestos a un desgaste considerable sin acompañamiento profesional. La especialista precisó que, incluso en familias numerosas, la responsabilidad del cuidado tiende a recaer sobre un solo hijo o hija, situación que, a su juicio, no debería perpetuarse.
La detección temprana, según el criterio expuesto, pasa por evaluaciones neuropsicológicas que permiten diferenciar entre el olvido benigno propio de la edad y el deterioro cognitivo patológico. Torres insistió en que la familia cumple un papel decisivo al observar cambios sostenidos en el tiempo, y no aislados, y en acudir a un neurólogo o geriatra ante la persistencia de los síntomas.
Un país que envejece
El envejecimiento poblacional constituye el telón de fondo de esta discusión. El alzhéimer es la forma más frecuente de demencia entre los adultos mayores, un grupo etario en el que la prevalencia de trastornos cognitivos tiende a aumentar con la edad. Este fenómeno, común en buena parte de América Latina, coloca a las enfermedades neurodegenerativas como una prioridad creciente para los sistemas de salud pública y para la Caja de Seguro Social, que atiende a la mayoría de la población adulta mayor asegurada en el país.
En el plano asistencial, la Caja de Seguro Social cuenta con servicios de geriatría y neurología en sus principales instalaciones hospitalarias, aunque la cobertura y los tiempos de espera para consultas especializadas varían según la región. El acceso al diagnóstico especializado fuera de la capital ha sido señalado en foros médicos como una limitación para la detección oportuna de estas patologías.
El Ministerio de Salud ha impulsado campañas de sensibilización sobre el alzhéimer y otras demencias, en coincidencia con el Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre. La formación de personal capacitado para la atención neuropsicológica en el interior del país figura entre las demandas recurrentes del sector geriátrico.
El patrón de sobrecarga en un único cuidador, descrito por Torres, es también objeto de atención de organizaciones de salud que trabajan en la región, las cuales han insistido en la necesidad de redes de apoyo comunitario y de esquemas de respiro familiar. En Panamá no existe una ley específica que regule y proteja de manera integral al cuidador de personas con demencia, ausencia que ha sido planteada como una brecha pendiente en la legislación sanitaria.
Como antecedente de política pública hacia los adultos mayores, Panamá creó en 2013 el programa 120 a los 65, una transferencia monetaria no contributiva para personas mayores de 65 años sin jubilación ni pensión. Aunque no atiende específicamente el componente de cuidados por demencia, ese esquema ha servido como referencia en la discusión sobre la ampliación de la red de protección social hacia enfermedades crónicas de alto costo.
El marco de tramitación de una eventual protección al cuidador correspondería al Órgano Legislativo. Un proyecto de ley requiere su aprobación en tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional antes de pasar a la sanción del Ejecutivo. Entre los puntos que organizaciones de pacientes han planteado en distintos foros figuran los subsidios para medicamentos y las licencias laborales para quienes asumen el cuidado.
De cara a los próximos meses, el sector médico anticipa que el debate sobre el envejecimiento poblacional y sus implicaciones sanitarias ganará espacio en la agenda pública. La discusión sobre una eventual ley de protección al cuidador se perfila como uno de los temas que las organizaciones civiles buscarán impulsar en la Asamblea Nacional.