El sistema de tormentas que se cernía sobre la Península Ibérica y Baleares era, según los modelos de predicción de la AEMET, uno de los más extensos y duraderos de la primavera de 2026. La borrasca, originada en una vaguada polar que había descendido de latitudes más septentrionales, traía asociada una masa de aire frío en altura que, al interactuar con el aire cálido y húmedo del Mediterráneo occidental, generaba condiciones ideales para la formación de tormentas convectivas de gran intensidad. La alerta naranja en Baleares —el segundo nivel más alto de la escala, solo por debajo del rojo— estaba activa desde las 06:00 y se prolongaría al menos hasta la medianoche del domingo, abarcando un período de más de 72 horas que ponía a prueba la capacidad de los servicios de emergencia insulares. Las alertas amarillas en Cantabria, País Vasco, Aragón, Castilla y León y Navarra cubrían un frente más amplio pero menos intenso, con precipitaciones que podían alcanzar los 40-60 litros por metro cuadrado y tormentas eléctricas generalizadas.
El Govern Balear había activado el nivel 1 del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNBAL), convocando a las 07:00 una reunión del Centro de Coordinación de Emergencias en Palma a la que asistieron representantes de la Delegación del Gobierno, Protección Civil, Bomberos, Guardia Civil y los servicios sanitarios del 061. Las medidas preventivas incluían el cierre de los torrentes urbanos de Palma, la activación de los protocolos de evacuación preventiva en zonas inundables de los municipios de Sóller, Pollença y Artà —donde los torrentes habían provocado crecidas graves en episodios anteriores—, la suspensión de actividades deportivas y recreativas al aire libre, y la recomendación a los ciudadanos de evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad previstas entre las 14:00 y las 22:00 del viernes. La Delegación del Gobierno había puesto en alerta a la Unidad Militar de Emergencias con base en la península, que podía desplegar un contingente en Baleares en un plazo de cuatro horas si la situación lo requería.
La rueda de prensa de Arcadi España sobre la reforma de la financiación autonómica prometía ser uno de los eventos más técnicos y políticamente delicados de la semana, pese a competir por la atención mediática con la ejecutiva del PSOE y el caso Ayuso. El ministro de Política Territorial llevaría al atril un documento de 340 páginas que detallaba la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación que llevaba vigente desde 2009 y que todas las comunidades autónomas —gobernadas por el PP, el PSOE, las coaliciones o los partidos nacionalistas— consideraban obsoleto e injusto. La reforma proponía un incremento de 21.000 millones de euros en los recursos totales del sistema, financiados mediante una combinación de cesión de nuevos tramos del IRPF, un fondo de convergencia mejorado y una reformulación del fondo de suficiencia global. El argumento central de Arcadi España era que el incremento era suficientemente grande para que todas las comunidades ganaran en términos absolutos, eliminando así el principal obstáculo de todas las reformas anteriores: la percepción de que lo que ganaba una comunidad lo perdía otra.
El documento detallaba las ganancias estimadas para cada comunidad autónoma: Andalucía recibiría 4.200 millones adicionales, Cataluña 3.800, Comunitat Valenciana 2.900, Madrid 2.100, Galicia 1.600 y así sucesivamente hasta las comunidades más pequeñas, que recibirían incrementos proporcionales a su población y nivel de servicios. Arcadi España había negociado personalmente con cada consejero de Hacienda autonómico durante los últimos tres meses, en una ronda de reuniones bilaterales que las fuentes de los gobiernos autonómicos describían como «exhaustivas pero constructivas». El principal punto de discordia seguía siendo la singularidad fiscal de Cataluña y País Vasco: la reforma no tocaba el concierto vasco ni el régimen fiscal catalán, lo que irritaba a las comunidades de régimen común que consideraban que ambos sistemas creaban una asimetría inaceptable.
En Sevilla, la composición definitiva del gabinete de Moreno para la investidura del 2 de junio era ya un secreto a voces que el presidente andaluz confirmaría formalmente a principios de la semana próxima. La negociación con Vox, que había obtenido 15 escaños en las elecciones del 17-M y era imprescindible para la mayoría de investidura, había sido tensa pero finalmente fructífera. Macarena Olona Gavira, la dirigente que Abascal había designado como negociadora y futura consejera, obtendría la Consejería de Educación y Política Migratoria, una macroconsejería que fusionaba dos áreas que Vox había convertido en sus banderas electorales. Gavira había conseguido tres de las cinco demandas que había planteado inicialmente: el control de los currículos educativos autonómicos, la gestión de los centros de acogida de menores no acompañados y la creación de una oficina de seguimiento de la inmigración irregular. Las dos demandas rechazadas —el veto a la educación en lenguas cooficiales y la expulsión directa de menores no acompañados— habían sido descartadas por Moreno argumentando que excedían las competencias autonómicas.
La reacción del PSOE-A a la composición del gabinete era la de un partido en estado de shock que intentaba hacer oposición mientras procesaba su propia crisis existencial. Los 24 escaños del 17-M —el peor resultado del PSOE en Andalucía desde la restauración democrática— habían dejado al partido sin capacidad para articular una alternativa creíble. Las dimisiones de tres presidentes provinciales el jueves habían agravado la descomposición orgánica, y la ejecutiva andaluza del jueves por la tarde, donde Montero logró aprobar por 6 votos a 4 una resolución pidiendo congreso federal en julio, había evidenciado una división interna que impedía cualquier estrategia unitaria. El PSOE-A entraba en la investidura del 2 de junio con un grupo parlamentario diezmado, una dirección cuestionada y una base electoral que había migrado masivamente hacia la abstención o, en el caso del electorado femenino de 30 a 49 años, hacia candidaturas más progresistas o directamente hacia la desafección política.
La confluencia de los tres frentes territoriales —meteorológico, financiero e institucional— ofrecía una radiografía del estado de la España autonómica en mayo de 2026. Las tormentas de Baleares recordaban que, más allá de las crisis políticas madrileñas, los ciudadanos necesitaban servicios de emergencia eficientes y coordinados que dependían de la financiación autonómica que Arcadi España intentaba reformar. La investidura de Moreno con Gavira en el gabinete inauguraba una nueva fase de la política territorial en la que Vox tenía por primera vez responsabilidades de gobierno en una de las grandes comunidades autónomas, con implicaciones que iban más allá de Andalucía y que podrían servir de modelo —o de contramodelo— para futuros pactos en otras autonomías. Y la reforma de financiación, si salía adelante, sería la mayor redistribución de recursos entre el Estado y las comunidades autónomas desde la creación del sistema en 1980.
A las 08:30, cuando los servicios de emergencia de Baleares verificaban que los torrentes de Palma estaban libres de obstáculos y Arcadi España repasaba por última vez las cifras de la financiación en su despacho del Ministerio, la España territorial vivía su propia versión de la multicris que afectaba al país entero. Las tormentas llegarían con la puntualidad de los modelos de predicción. La reforma de financiación tardaría meses en negociarse. Y la investidura de Moreno, con Gavira al frente de Educación, abriría un capítulo nuevo en la relación entre los partidos de la derecha española que nadie sabía aún cómo leer. Lo que sí sabía todo el mundo era que las comunidades autónomas, lejos de ser meras espectadoras de las crisis nacionales, eran al mismo tiempo su escenario, su causa y su solución.
