La borrasca Telma, bautizada por la Agencia Estatal de Meteorología a las 14:00 de este lunes, se ha formado sobre el Atlántico a la altura de las Azores y avanza hacia la Península Ibérica con una velocidad de 45 kilómetros por hora que la situará sobre el oeste de España en las primeras horas de mañana martes. AEMET ha activado la alerta naranja — la segunda más alta en una escala de cuatro — en seis comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Aragón y Navarra. La previsión más severa se concentra en el Sistema Central, donde se esperan acumulaciones de entre 60 y 80 litros por metro cuadrado en doce horas, con posibilidad de tormentas eléctricas y granizo de tamaño medio. Las cuencas del Duero, el Tajo y el Guadiana podrían experimentar crecidas significativas, y la Confederación Hidrográfica del Tajo ha emitido un aviso preventivo para los municipios ribereños entre Talavera de la Reina y Toledo.
La borrasca llega en el peor momento posible para una España interior que aún no se ha recuperado de las lluvias del pasado fin de semana — las mismas que deprimieron la participación en las elecciones andaluzas del 17-M —. Los embalses del Sistema Central, que estaban al 78% de su capacidad antes de las lluvias del sábado, han subido al 83% con las precipitaciones acumuladas, lo que reduce su capacidad de absorción y aumenta el riesgo de desembalses si Telma cumple las previsiones más pesimistas. La Dirección General de Protección Civil ha activado el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Inundaciones y ha desplegado equipos de intervención rápida en las provincias de Ávila, Segovia, Cáceres y Toledo, las cuatro con mayor riesgo de desbordamiento según los modelos hidrológicos del CEDEX.
En el extremo opuesto del mapa, a 2.000 kilómetros de las lluvias castellanas, Canarias ha confirmado esta noche el décimo caso de hantavirus vinculado al crucero Hondius, un barco de expedición holandés que lleva dos semanas convirtiendo al archipiélago en el escenario de una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente de Europa. La nueva paciente es una turista alemana de 67 años que viajaba en el Hondius como pasajera de primera clase y que fue evacuada esta tarde del buque hospital Galicia — fondeado frente a Granadilla de Abona desde ayer — al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid mediante un avión A-400M de la base de Gando. La mujer presenta síndrome pulmonar por hantavirus de la cepa Andes y se encuentra en estado grave pero estable, con ventilación mecánica no invasiva y tratamiento antiviral experimental.
La confirmación del décimo caso eleva la presión sobre las autoridades canarias y nacionales para acelerar la evacuación de los 847 pasajeros y tripulantes que aún permanecen a bordo del Hondius y del Galicia. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, anunció a las 20:00 la creación de un «Centro de Coordinación Canario» en Santa Cruz de Tenerife que centralizará todas las decisiones logísticas relacionadas con la crisis del Hondius, incluyendo la gestión de los hoteles medicalizados donde se alojan los pasajeros ya evacuados, la coordinación con Países Bajos — país de bandera del buque — y la comunicación con la OMS, que mantiene el nivel de alerta moderado pero que ha reforzado su equipo en Canarias con doce epidemiólogos adicionales llegados este lunes desde Ginebra y Copenhague.
La tasa de mortalidad de la cepa Andes del hantavirus se mantiene en el 13,8% según los datos de la OMS, pero los especialistas del Instituto de Salud Carlos III advierten de que esta cifra puede subestimar el riesgo real en una población de cruceristas cuya edad media es de 62 años y cuya prevalencia de comorbilidades — diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica — es significativamente mayor que la de la población general. De los diez casos confirmados hasta ahora, tres han fallecido (tasa del 30% en esta muestra), cuatro permanecen en estado grave y tres han mejorado hasta un estado moderado. Los 14 ciudadanos españoles que viajaban a bordo del Hondius están programados para ser evacuados mañana martes — los últimos en abandonar el buque por decisión del protocolo que prioriza la evacuación de los nacionales del país de bandera y de los países con acuerdos bilaterales de protección consular —.
En el tercer frente autonómico, la revocación de la semilibertad del preso etarra Gregorio Vicario Setién ha abierto una grieta entre el Estado central y el Gobierno vasco que amenaza con profundizarse en los próximos días. Vicario, que cumple condena acumulada de 42 años por tres atentados perpetrados entre 1985 y 1991 — el más grave de los cuales, el atentado contra una patrulla de la Guardia Civil en Mondragón en 1988, causó la muerte de dos agentes y heridas graves a cinco transeúntes —, obtuvo la semilibertad en marzo de 2026 tras un informe favorable de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Zaballa que valoraba positivamente su «trayectoria de reinserción, su participación en programas de desradicalización y su actitud colaboradora con los equipos de tratamiento».
El Gobierno vasco ha emitido un comunicado en el que «acata» la decisión de vigilancia penitenciaria pero cuestiona la «interferencia del CNI en competencias que corresponden a las instituciones penitenciarias vascas» y pide una «revisión de los protocolos de coordinación» para evitar que «decisiones de inteligencia sustituyan las valoraciones técnicas de los profesionales penitenciarios».
La reacción política ha sido previsible en sus líneas generales pero reveladora en sus matices. El PP, a través de su portavoz en el Senado, ha exigido «que todos los presos de ETA cumplan íntegramente sus condenas sin beneficios penitenciarios mientras no demuestren arrepentimiento sincero y colaboración con la justicia», una posición que conecta con el sentimiento mayoritario de la opinión pública española pero que ignora deliberadamente que Vicario no ha sido acusado de ningún delito nuevo — la revocación es una medida cautelar basada en un informe de inteligencia, no en una sentencia judicial —. Bildu, por su parte, ha denunciado la «utilización política de los informes del CNI para torpedear la política penitenciaria vasca» y ha vinculado explícitamente la revocación con la negociación de los Presupuestos en el Congreso: si el Gobierno quiere el apoyo de Bildu para convalidar decretos, deberá «respetar la autonomía penitenciaria de Euskadi».
Las tres crisis autonómicas de esta noche — Telma, Hondius, Vicario — comparten un denominador que rara vez se verbaliza pero que subyace a cada titular: la tensión entre la gestión central y la gestión autonómica de las emergencias. Telma la predice AEMET (estatal) pero la gestionan seis comunidades con protocolos distintos. El Hondius llegó a aguas canarias pero la evacuación la coordina Defensa (estatal) con logística autonómica. Y la semilibertad de Vicario la concedió el sistema penitenciario vasco pero la revocó un juez estatal basándose en un informe del CNI. En cada caso, la frontera entre lo que es competencia de Madrid y lo que es competencia del territorio es borrosa, disputada y, esta noche, especialmente tensa.
Al cierre de esta edición, la borrasca Telma se acerca, el Hondius espera su última evacuación y Vicario vuelve a su celda. España se acuesta con tres alarmas encendidas y la certeza — o quizá la resignación — de que mañana habrá una cuarta. El mapa autonómico que la Constitución de 1978 diseñó como un sistema de distribución del poder se revela, en noches como esta, como un mapa de distribución de las crisis: cada territorio con la suya, cada gobierno mirando a su parcela, y el Gobierno central intentando mirar a todas sin que ninguna le explote en las manos.
