Según el cronograma que expuso Valdivieso, de los 400 puestos previstos, 60 ya fueron incorporados durante este año. Para 2027 la institución prevé contratar otros 100 funcionarios, con un costo salarial estimado en $2.1 millones. El plan continúa en 2028 con 120 incorporaciones adicionales y culmina en 2029 con otras 120, hasta completar el total proyectado.
La directora recordó ante los diputados de la comisión que, cuando asumió el cargo en julio de 2024, la planilla general de Aduanas contaba con 1,701 funcionarios. Desde entonces, cerca de 300 servidores públicos fueron destituidos por diversas razones, y esas posiciones fueron ocupadas posteriormente, según explicó, por «personas idóneas, técnicos o de carrera» dentro de la institución.
Valdivieso sostuvo que la entidad aún enfrenta dificultades derivadas de un perfil de planilla que no siempre se ajusta a los requerimientos técnicos del cargo. De acuerdo con los datos que presentó, el 60% de los funcionarios cuenta con bachillerato o un nivel educativo inferior, lo que limita la disponibilidad de personal especializado para las áreas técnicas que exige la fiscalización aduanera.
A esa limitación, agregó, se suma que 353 funcionarios —cerca del 20% de la planilla total— presentan algún tipo de limitación para la disponibilidad operativa, muchos de ellos amparados por leyes especiales. Otros 287 funcionarios se encuentran ya en edad de jubilación, un panorama que, según la directora, «evidencia la necesidad de un relevo generacional planificado».
La sustentación se produjo en el marco de las vistas presupuestarias que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional realiza cada año a las entidades del Órgano Ejecutivo antes de la aprobación del Presupuesto General del Estado. Este mecanismo permite a los diputados fiscalizar el gasto proyectado de cada institución antes de que la propuesta llegue al pleno para su discusión en los debates correspondientes.
Flota vehicular y mantenimiento de escáneres
Durante su intervención, Valdivieso también anunció la adquisición de cinco vehículos tipo pick-up destinados al Departamento de Fiscalización Aduanera, con un costo estimado de $240 mil. La funcionaria precisó que estas unidades no pueden obtenerse mediante arrendamiento —«no se pueden rentar», dijo—, ya que deben contar con sirenas y el logotipo institucional para operar en puntos fronterizos, puertos y zonas aduaneras del país.
Actualmente Aduanas dispone de una flota de 155 vehículos, la mayoría de los cuales ha superado su vida útil operativa, según indicó la directora ante la comisión. La renovación de este parque vehicular se suma a las prioridades presupuestarias de la entidad para el próximo periodo fiscal, junto con la incorporación de personal.
Valdivieso se refirió además al estado de los escáneres de carga donados por Estados Unidos, equipos valorados en hasta $20 millones e instalados en Divisa, Guabalá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Explicó que requieren mantenimiento continuo, cuyo costo asciende a aproximadamente $30 mil mensuales por unidad, lo que representa más de $3 millones al año para los tres escáneres.
El gasto en planilla estatal ha sido un asunto recurrente en las vistas presupuestarias, en momentos en que el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene bajo escrutinio el crecimiento del gasto corriente frente a las metas de responsabilidad fiscal. La Contraloría General, encargada del refrendo de los contratos estatales, fiscaliza posteriormente la ejecución de este tipo de partidas una vez aprobado el presupuesto.
El reto de Aduanas no es aislado dentro de la administración pública panameña. Las instituciones con funciones de fiscalización y control fronterizo han enfrentado históricamente la tensión entre modernizar su personal y mantener operaciones ininterrumpidas, un dilema que se acentuó tras el traspaso del Canal de Panamá a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, cuando el Estado asumió de forma plena las responsabilidades aduaneras, portuarias y de tránsito ligadas a la vía interoceánica.
El plan de incorporación de personal deberá ser evaluado por la Comisión de Presupuesto en el marco de la discusión del Presupuesto General del Estado para 2027, que posteriormente pasará a los debates correspondientes en el pleno de la Asamblea Nacional. De aprobarse en los términos presentados, la fase de 100 contrataciones y su costo de $2.1 millones quedarían incorporados al presupuesto del próximo año fiscal.
Las bancadas representadas en la comisión no fijaron una posición pública inmediata sobre el plan expuesto, por lo que su respaldo o los eventuales ajustes quedarán definidos en las próximas sesiones de análisis presupuestario, antes de que la propuesta reciba el aval final del pleno.