Según el relato de los padres, cada acudiente aportó $10 por el seguro estudiantil, mientras que las familias con más de dos hijos matriculados pagaron $15. La recaudación se canalizó a través de la Asociación de Padres de Familia, instancia que en los centros educativos oficiales administra tradicionalmente este tipo de aportes sin que hasta ahora existiera una normativa específica que regulara su manejo. Los acudientes exigen que la persona responsable de la agrupación entregue las facturas, el dinero recaudado o, en su defecto, un informe detallado sobre el destino de los fondos.
La Escuela Carlos C. Arosemena, que atiende desde preescolar hasta sexto grado, registra una matrícula de 1,180 estudiantes. Sin embargo, de acuerdo con una madre de familia que habló sobre el caso, solo 225 alumnos figuran en el listado de beneficiarios del seguro, apenas una fracción de la población estudiantil del plantel. La comunidad educativa reclama la garantía de que las pólizas hayan sido efectivamente contratadas y pagadas, ante la incertidumbre generada por el estudiante accidentado.
Los afectados solicitaron la intervención de la Dirección Regional de Educación de Panamá Este y, de ser necesario, del Ministerio de Educación (Meduca) para esclarecer lo ocurrido, determinar el destino de los recursos y establecer las responsabilidades que correspondan. Los padres indicaron que presentarán una denuncia formal por el presunto hurto. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas aprehendidas o imputadas en relación con el caso.
Una ley reciente para las asociaciones de padres
El caso de Pacora se conoce apenas semanas después de la promulgación de la Ley 544, de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, que regula la organización y administración de los fondos de las asociaciones de padres de familia en los centros educativos oficiales de primer y segundo nivel de enseñanza. La norma establece mecanismos de rendición periódica de cuentas ante los padres y acudientes, y dispone que todos los aportes y donaciones deberán depositarse exclusivamente en una cuenta corriente de un banco estatal, con el fin de garantizar transparencia en el manejo de los recursos.
La iniciativa fue impulsada por la diputada independiente Patsy Lee, quien explicó que la propuesta surgió tras las denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de fondos de estas asociaciones registradas en los últimos años. Según Lee, se han presentado múltiples denuncias por un monto superior a los $188,000 acumulados en distintos centros educativos.
Entre los casos citados por la diputada figuran el IPT Don Bosco, con presuntas irregularidades por $124,000; el Colegio José Remón Cantera, con más de $17,000; la Escuela Stella Sierra, con alrededor de $15,000; el IPHE de La Chorrera, con $18,500; y la Escuela Naciones Unidas, con $13,684. Con la denuncia de la Escuela Carlos C. Arosemena, el listado de planteles señalados públicamente por presuntas irregularidades se ampliaría a al menos seis casos.
El episodio reabre el debate sobre la fiscalización de estas agrupaciones, que operan al margen de los mecanismos de control que rigen para las entidades estatales, como el refrendo del contralor a los contratos públicos. A diferencia de los recursos del Presupuesto General del Estado, sujetos a la supervisión de la Contraloría General, los fondos de las asociaciones de padres se nutren de aportes voluntarios y obligatorios de los acudientes para financiar seguros estudiantiles, actividades y mejoras menores de infraestructura, sin un canal de auditoría externa unificado antes de la nueva ley.
El Meduca fue consultado sobre el procedimiento que sigue la entidad ante denuncias de este tipo y sobre la cantidad de casos registrados formalmente, sin que al cierre de esta edición se contara con una respuesta oficial de la cartera educativa. La institución tampoco ha precisado si existe un protocolo unificado de auditoría para las asociaciones de padres a nivel nacional. De formalizarse la denuncia, la eventual investigación penal por el presunto hurto correspondería al Ministerio Público.
La entrada en vigor de la Ley 544 marca un cambio en la fiscalización de estos fondos. Su implementación efectiva dependerá de la reglamentación que emita el Órgano Ejecutivo y de la capacidad de supervisión de las direcciones regionales de educación, que serán la primera instancia administrativa en atender denuncias como la de Pacora antes de que el caso pueda escalar al Meduca o a las autoridades de investigación.
Mientras tanto, la comunidad educativa de Pacora insiste en que se garantice de manera inmediata la cobertura del seguro estudiantil para los 1,180 alumnos matriculados, independientemente del resultado de la investigación sobre el destino de los $11,000 denunciados. El caso queda en manos de la Dirección Regional de Educación de Panamá Este, cuya respuesta marcará los siguientes pasos del proceso, a la espera de que los acudientes presenten la denuncia formal anunciada.