José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, reconoció este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la adquisición de ocho millones de mascarillas durante la pandemia fue una decisión política adoptada por él mismo. La admisión se produjo en la segunda jornada de su declaración en el juicio conocido como caso Koldo, una sesión que se prolongó siete horas y media e incluyó tres interrupciones solicitadas por la defensa para que el acusado recuperase la compostura emocional.
Ábalos asume la adjudicación pero niega el cobro de comisiones
El reconocimiento del exministro supone un giro procesal relevante: hasta esta segunda jornada, Ábalos no había asumido públicamente responsabilidad directa en la operación de compra. Sin embargo, negó haber percibido comisiones a cambio, disociando así el hecho objetivo —la decisión de adjudicar— del elemento subjetivo de lucro que sustenta los tipos penales más graves del escrito acusatorio. La estrategia combina la asunción de la actuación administrativa con una explicación de interés general —la urgencia sanitaria— para dotarla de cobertura inocua ante el tribunal.
Los 94.000 euros en metálico y la carga de acreditar su origen
Sobre los 94.000 euros intervenidos en su domicilio durante la instrucción, Ábalos ofreció una explicación de procedencia lícita: parte procedería de la liquidación de un plan de pensiones y el resto de la venta de un vehículo. La acreditación documental del origen de ese efectivo es determinante en este procedimiento: el artículo 301 del Código Penal tipifica el blanqueo de capitales, y la tenencia de grandes sumas en metálico sin justificación trazable constituye un indicio que los tribunales han valorado reiteradamente como elemento probatorio en delitos económicos. La defensa deberá aportar ante la Sala los documentos que respalden esa trazabilidad.
La instrucción de que Aldama 'quedase bien' ante los proveedores
El exministro reveló asimismo en sala que ordenó a Koldo García Izaguirre —su entonces asesor y figura central del caso— que trasladara al empresario Víctor de Aldama que este quedase bien ante los proveedores de las mascarillas. Ábalos no precisó el alcance económico concreto de esa instrucción. Su contenido refuerza, no obstante, el relato de las acusaciones sobre la relación operativa entre el titular del ministerio y Aldama, señalado en los escritos de acusación como intermediario de la presunta trama de comisiones.
Ábalos acusa a la UCO de actuar con 'ansiedad e intencionalidad'
En otro tramo de su declaración, Ábalos acusó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil —que elaboró los principales informes periciales de la instrucción— de haber actuado con ansiedad e intencionalidad en sus pesquisas. La UCO es la unidad especializada de la Benemérita en crimen organizado, corrupción y delitos económicos complejos; sus informes tienen valor de prueba pericial en el proceso penal conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque pueden ser impugnados y sometidos a contradicción por las defensas en el juicio oral. El tribunal evaluará el peso de esos informes al valorar el conjunto de la prueba practicada.
Contratación de emergencia, el marco normativo que articuló las compras
El caso no afecta únicamente a la conducta individual de un exministro. La pieza principal investiga si existió una red organizada que cobró presuntas comisiones por adjudicaciones públicas tramitadas durante el estado de alarma de 2020, cuando la legislación española de contratos del sector público —entonces regulada por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público— habilitaba la contratación de emergencia sin concurrencia competitiva ordinaria. El Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado han señalado históricamente ese procedimiento excepcional como un vector de riesgo de irregularidades, al reducir los controles previos a la adjudicación.
Un precedente en la democracia española: los ministros ante el Supremo
La acusación de 24 años de prisión formulada por la Fiscalía contra Ábalos sitúa este juicio entre los procesos penales más graves instruidos contra un miembro del Consejo de Ministros en la historia reciente de España. Un precedente comparable en gravedad acusatoria y rango institucional del encausado fue el caso que afectó al exministro de Interior José Barrionuevo, condenado en 1998 por el Tribunal Supremo a diez años de prisión por su implicación en los GAL, aunque los tipos penales en juego entonces eran distintos a los que ahora se debaten.
La Fiscalía mantiene sus 24 años y el miércoles toma la palabra
Concluida la segunda jornada de declaración, la Fiscalía no modificó su petición acusatoria. El miércoles arrancará el turno de preguntas del Ministerio Público, fase en la que habitualmente se confrontan con mayor precisión las contradicciones entre el relato del acusado y los elementos de prueba acumulados durante la instrucción. La complejidad de la causa —con múltiples acusados, piezas separadas y un volumen extenso de prueba documental y pericial— hace prever que el juicio oral se prolongará durante varias semanas antes de que el tribunal entre en deliberación.
