La jornada de ayer trajo consigo un gesto de Alberto Núñez Feijóo que ha marcado el tono de la campaña nacional que el PP libra en paralelo a la autonómica andaluza. El líder del Partido Popular compareció en un desayuno informativo en Madrid donde acusó directamente al PSOE de «chanchullos» en referencia a lo que describió como una estrategia coordinada del Gobierno para desviar la atención del caso Koldo mediante la multiplicación de frentes informativos: la convocatoria del encargado de negocios israelí, las medidas de apoyo a víctimas de abusos en la Iglesia y la propuesta de regularización extraordinaria de migrantes. Feijóo fue explícito: «Cada vez que este Gobierno tiene un problema judicial, inventa una crisis diplomática o anuncia una medida social para que los telediarios hablen de otra cosa, y los españoles ya están hartos de estos chanchullos». La acusación, que el PP ha convertido en lema de campaña con el hashtag «sin chanchullos» que ya acumula más de dos millones de impresiones en redes sociales, busca vincular el desgaste judicial del PSOE a nivel nacional con la campaña andaluza, una estrategia que los asesores de Moreno observan con cierta incomodidad porque prefieren mantener la campaña autonómica centrada en la gestión de la Junta.
La campaña de Montero atraviesa su momento más delicado a diez días de la cita con las urnas. Los actos de la candidata socialista registran niveles de asistencia que los veteranos del PSOE andaluz califican de «preocupantemente bajos» para los estándares del partido que gobernó Andalucía durante treinta y siete años consecutivos. Pero los números no mienten: en las mismas fechas de la campaña de dos mil veintidós, los actos de Juan Espadas — que acabó perdiendo estrepitosamente — duplicaban la asistencia de los actuales de Montero. La candidata ha intensificado su agenda con tres actos diarios y ha empezado a utilizar un tono más agresivo contra Moreno, centrándose en la sanidad pública y en el cierre de consultorios rurales como eje de ataque.
Santiago Gavira, el candidato de Vox en Andalucía, ha encontrado en la política migratoria el filón que le permite diferenciarse del PP sin entrar en una competición frontal que sabe que perdería. En los últimos días de campaña, Gavira ha endurecido progresivamente su discurso hasta convertir la inmigración en el tema prácticamente exclusivo de sus intervenciones públicas. En un acto celebrado en El Ejido, Almería — la localidad que en el año dos mil fue escenario de graves disturbios contra inmigrantes —, Gavira declaró que «Andalucía no puede convertirse en el campamento de acogida de toda África» y propuso un plan de diez puntos que incluye la devolución inmediata de migrantes irregulares interceptados en las costas andaluzas, la supresión de las ayudas sociales a personas en situación irregular y la creación de una «brigada de fronteras» autonómica que colabore con la Guardia Civil en la vigilancia del litoral. La propuesta, que los constitucionalistas consideran en su mayor parte inaplicable porque la política migratoria es competencia exclusiva del Estado, ha generado sin embargo una adhesión notable en las comarcas rurales del poniente almeriense y de la campiña jiennense donde la convivencia con la población inmigrante es más tensa.
La decisión del Tribunal Supremo de estudiar el trece de mayo — es decir, cuatro días antes de las elecciones andaluzas — si procede la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno aprobó por decreto en marzo ha inyectado un elemento de incertidumbre que podría tener consecuencias electorales directas. El recurso fue presentado por la Comunidad de Madrid, secundada por otras cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox, y alega que la regularización se aprobó sin consultar a las comunidades autónomas que son las competentes en materia de integración social y acceso a servicios públicos de las personas regularizadas. Si el Supremo decide suspender cautelarmente el decreto, el PSOE perdería uno de sus principales argumentos de campaña — la regularización como ejemplo de política migratoria «humana y realista» — y el PP y Vox obtendrían un respaldo judicial a su oposición que podría movilizar al electorado conservador. Si, por el contrario, el Supremo rechaza la suspensión, el Gobierno podrá presentar la decisión como un aval a su política y utilizarla en los cuatro días finales de campaña.
En un frente que se ha solapado con la campaña pero que responde a dinámicas internacionales propias, España ha convocado por segunda vez al encargado de negocios de Israel en Madrid para protestar por la detención del activista hispano-palestino Abu Keshek durante la interceptación de la flotilla humanitaria. El Ministerio de Exteriores ha elevado el tono diplomático y ha exigido la liberación inmediata del ciudadano español, cuya situación jurídica exacta sigue sin ser comunicada formalmente por las autoridades israelíes. La primera convocatoria, que se produjo el pasado viernes, no obtuvo respuesta satisfactoria, y la segunda ha ido acompañada de un comunicado en el que España anuncia que se reserva el derecho de adoptar «medidas adicionales» si Israel no facilita información sobre la situación de Abu Keshek en las próximas cuarenta y ocho horas. El PP ha criticado la gestión diplomática del Gobierno argumentando que «la firmeza se demuestra con hechos, no con convocatorias repetidas que no producen resultados», mientras que Vox ha acusado directamente al Gobierno de utilizar el conflicto con Israel como «cortina de humo» para tapar el caso Koldo.
La propuesta de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León ha añadido una pieza más al complejo mosaico de la política territorial española. Mañueco, que gobernó la comunidad en coalición con Vox hasta la ruptura del pacto en el verano de dos mil veinticuatro y que desde entonces ha gobernado en minoría con apoyos puntuales, ha sido propuesto formalmente para un nuevo mandato tras las elecciones anticipadas del pasado mes de abril en las que el PP obtuvo una victoria holgada con cuarenta y dos escaños en unas Cortes de ochenta y uno. La investidura, prevista para la primera semana de junio, no presenta incertidumbre en cuanto a su resultado — Mañueco cuenta con los votos suficientes gracias a la abstención anunciada de Vox — pero sí en cuanto a las condiciones que el partido de Abascal exigirá a cambio de no bloquear la formación de gobierno. Gavira ha aprovechado la negociación de Castilla y León para enviar un mensaje indirecto a Moreno: «Donde Vox es necesario, Vox pone condiciones, y la primera condición siempre será el control de la inmigración».
Los analistas electorales coinciden en que la campaña andaluza del diecisiete de mayo presenta una paradoja que no se había visto en la historia reciente de la comunidad: por primera vez, el partido que previsiblemente ganará las elecciones está haciendo una campaña deliberadamente anodina, mientras el partido que previsiblemente perderá está haciendo una campaña cada vez más agresiva y arriesgada. Moreno recorre las comarcas con una actitud de presidente en funciones que inaugura obras y firma convenios, evitando el debate directo y proyectando una imagen de normalidad institucional que refuerza su ventaja. Montero, en cambio, necesita sacudir el tablero para alterar unas encuestas que le condenan a la derrota, y para ello ha optado por radicalizar su discurso sanitario, su crítica a la gestión educativa y su denuncia de la «Andalucía de dos velocidades» que el PP habría creado. Pero la radicalización discursiva sin base demoscópica que la sostenga es un arma de doble filo: puede energizar al votante fiel pero también puede ahuyentar al votante moderado que aún duda entre la abstención y el voto socialista.
El dato que más preocupa a la dirección del PSOE no es el porcentaje de voto estimado sino la tasa de participación prevista entre su electorado natural. Las encuestas de movilización señalan que solo el sesenta y tres por ciento de los votantes que se identifican como socialistas tiene «intención segura» de acudir a las urnas, frente al ochenta y dos por ciento de los votantes populares y al setenta y siete por ciento de los votantes de Vox. Si esta brecha de movilización se materializa el diecisiete de mayo, el resultado del PSOE podría descender incluso por debajo del veinte por ciento hasta situarse en la franja del diecisiete al dieciocho por ciento, un escenario catastrófico que provocaría una crisis orgánica de dimensiones históricas en la federación socialista andaluza y que tendría repercusiones directas en la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez a nivel nacional. La clave de la última semana y media de campaña será, por tanto, la capacidad del PSOE de convertir la apatía de su electorado en indignación movilizadora, un reto que Montero afronta con pocos recursos y con una credibilidad erosionada.
