La moción, firmada por el portavoz y líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, sostiene que el delegado ha mostrado «desconsideración con los palmesanos y con el propio Ayuntamiento de Palma» al tolerar la permanencia de los acampados y al criticar, según el texto, la actuación de la Policía Local cuando esta desalojó el espacio ocupado. La protesta había sido desalojada por los agentes municipales, aunque los manifestantes han regresado al lugar, de forma similar a lo ocurrido en otros puntos del país, como la acampada que la Policía Nacional desalojó en Las Setas de Sevilla.
Vox argumenta en su propuesta que el derecho a la protesta tiene límites legales. «En España, una acampada reivindicativa es legal en origen como en forma de protesta, pero no ampara la ocupación permanente ni ilimitada del espacio público», señala el texto, que considera que el delegado ha favorecido la prolongación de la acampada frente a la labor policial.
Coll extiende la crítica a la actuación del delegado en materia de seguridad. El portavoz de Vox lo describe en la moción como «fiel acólito del Ministerio de Interior, que está más con los que crean problemas que con los ceutíes, los españoles e incluso con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». La formación vincula esa valoración con la gestión de la huelga general que terminó con disturbios en Madrid y Barcelona el pasado 11 de noviembre.
Sobre esa convocatoria, la moción sostiene que los colectivos movilizados «no luchan por los ciudadanos, sino para la supervivencia de un régimen socialista trufado de abusos y violaciones de las más elementales reglas democráticas», en una crítica que extiende a sindicatos y partidos a los que acusa de buscar «asegurar su cómodo pesebre».
«El nuevo delegado del Gobierno, tememos que es un representante más del llamado sanchismo que antepone el sectarismo y la defensa de un gobierno y de una política fuera de los límites democráticos», sostiene la moción presentada por Vox.
La propuesta también cuestiona el encuadre de las reivindicaciones. Según el texto, «los que ocupan la plaza de España o la Puerta del Sol en Madrid enarbolan la bandera de la crisis de la vivienda y escasos salarios contra la oposición, no contra los responsables de esta tragedia». Coll cierra su argumentación situando el origen del problema en el Ejecutivo central: «El mejor escudo social es que se produzcan los imprescindibles cambios de gobierno hundido en la corrupción», afirma, y concluye que «el delegado del Gobierno forma parte de este juego y no está defendiendo a los palmesanos».
La reprobación es un instrumento de censura política sin efectos jurídicos: un pleno municipal puede expresar su desaprobación a un cargo, pero no puede cesarlo, pues el delegado del Gobierno depende del Ministerio de Política Territorial y no del consistorio. No es la primera vez que Vox recurre a esta figura contra representantes del Ejecutivo; la formación ha impulsado mociones similares en ayuntamientos y parlamentos autonómicos desde su entrada en las instituciones en 2018.
El pleno del Ayuntamiento de Palma previsto para el 26 de noviembre deberá someter a votación la moción, cuya aprobación dependerá de la posición que adopten el resto de grupos del consistorio, ya que Vox carece de mayoría para sacarla adelante en solitario.