Rudolf había pedido dos días de plazo para retirar sus pertenencias y trasladarlas a un trastero, una petición que no le fue concedida. Con la cerradura ya cambiada, tuvo que subir parte de sus objetos a la azotea del edificio ante la imposibilidad de volver a entrar en el piso. Sus dos hijas se encontraban en el colegio cuando se ejecutó el desalojo.
"Hoy ya no podemos dormir ahí, si es preciso dormiremos en el coche", reconoció Rudolf, preocupado por si la lluvia prevista para esa jornada dañaba las pertenencias que no pudo guardar bajo techo.
El Sindicat de l'Habitatge intentó acompañar a la familia durante el desalojo, pero el dispositivo policial desplegado desde primera hora impidió el acceso a la calle donde se ubica el inmueble. La presencia de colectivos de vivienda en los desahucios se ha convertido en una práctica habitual en Valencia y otras ciudades españolas, en paralelo al aumento de los procedimientos de desalojo derivados de impagos de alquiler o hipoteca.
La avenida de la Malvarrosa, en el litoral de la ciudad, ha experimentado un proceso de revalorización inmobiliaria vinculado al turismo y a la presión sobre el parque de vivienda en las zonas próximas a la playa. Los precios del alquiler han registrado subidas sostenidas en la última década, según los indicadores que publica periódicamente el Ministerio de Vivienda.
Los desahucios por impago, ya sea de alquiler o de hipoteca, se tramitan en España mediante un procedimiento judicial que contempla plazos de preaviso y, en determinados supuestos, la posibilidad de suspensión cautelar cuando existen menores, personas con discapacidad o situaciones de vulnerabilidad acreditada, según recoge la legislación procesal civil vigente. La aplicación efectiva de estas garantías ha sido objeto de debate recurrente entre asociaciones de defensa del derecho a la vivienda y administraciones públicas.
El caso se inscribe en un ciclo de encarecimiento de los bienes básicos que atraviesa el debate económico español. El titular de Economía, Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, advirtió recientemente que los mercados pueden empezar a dudar sobre la sostenibilidad de la deuda pública, una tensión que condiciona también el gasto social y las políticas de vivienda de las comunidades autónomas.
La familia, que residía en el piso de la Malvarrosa desde hacía casi dos décadas, quedó este lunes sin alojamiento alternativo inmediato tras la ejecución del desalojo.
