El desglose del informe detalla que Gandía —un municipio de cerca de 83.000 habitantes gobernado por el socialista José Manuel Prieto— registra 669 viviendas con seis personas empadronadas, 248 con siete, 137 con ocho, 81 con nueve, 78 con diez, 12 con once, cinco con doce, una con trece y siete clasificadas como establecimientos colectivos con más de trece ocupantes cada uno.
El PP, liderado en el consistorio por Víctor Soler, sostiene que estas cifras «pueden estar ocultando pisos patera o empadronamientos ficticios» y ha reclamado al alcalde que explique qué controles ha aplicado sobre las viviendas con mayor número de inscripciones. Los populares preguntaron si se ha verificado que las personas empadronadas residen realmente en esos domicilios y cuáles han sido los resultados de las inspecciones anunciadas en su día por el ejecutivo local.
El padrón municipal es el registro donde constan los vecinos de un municipio; la Ley de Bases de Régimen Local obliga a los ayuntamientos a mantenerlo actualizado y les faculta para dar de baja de oficio las inscripciones que no se correspondan con la residencia real, previo trámite al interesado.
«Barra libre de empadronamientos», ha denominado Víctor Soler, portavoz del PP de Gandía, a la situación detectada en el municipio.
El dirigente popular anunció además que, si su formación gana las elecciones municipales de 2027, aplicará «filtros y controles para acabar» con esta práctica.
Los populares recordaron que el Ayuntamiento de Gandía ya depuró su padrón en 2011, bajo el mandato del entonces alcalde Arturo Torró, fallecido posteriormente, cuando se dieron de baja 5.000 inscripciones. El antecedente, según el PP, prueba que existen mecanismos administrativos para corregir el problema cuando hay voluntad política.
Denuncias policiales desde 2025
La controversia sobre el padrón de Gandía no es reciente. En junio de 2025 trascendió que la Policía Nacional había recibido denuncias de vecinos por empadronamientos irregulares en sus propias viviendas, con casos de más de quince personas inscritas en un solo domicilio. En diciembre de ese mismo año se conoció que los agentes habían constatado el empadronamiento irregular de al menos 127 personas a cambio de cantidades que oscilaban entre 200 y 1.000 euros, con víctimas identificadas, todas de edad avanzada y propietarias de las viviendas afectadas.
El episodio se suma a otros casos recientes de irregularidades detectadas por cuerpos y tribunales, como la jueza de Badajoz que frenó una investigación interna de la UCO en el 'caso Hermanísimo', donde también se cuestionaron los mecanismos de control ante irregularidades administrativas.
El PP ha reclamado al alcalde Prieto que informe de los controles realizados en las viviendas con mayor número de empadronados, una exigencia trasladada en sede municipal a año y medio de las elecciones de 2027.
