Hay una coreografía conocida para estos trances: algo se desborda, el ministro de turno promete una investigación, y esa investigación se convierte en el parapeto tras el que se refugia la cartera hasta que amaina el temporal. La singularidad de esta semana no está en el paso, sino en quién lo reclama: no la oposición, sino la bancada que sostiene al Gobierno en el Congreso.
El propio ministro fijó el tono de la respuesta oficial con una fórmula que aspira a sonar firme y resulta, sobre todo, defensiva.
«He ordenado una investigación sobre las cargas policiales en las manifestaciones y pido que no se use gas lacrimógeno», declaró Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
Conviene reparar en la construcción: no se investiga un episodio concreto, sino «las cargas policiales en las manifestaciones», en plural genérico, más cerca de una auditoría de procedimiento que de una rendición de cuentas. Y el ruego sobre el gas lacrimógeno, formulado cuando ya se había usado, llega con ese regusto del comunicado que pide, tras el incendio, que la próxima vez no se encienda la cerilla.
El Frente Amplio no se conforma con el gesto
El Frente Amplio, socio imprescindible para la aritmética parlamentaria del Ejecutivo, ha convertido la salida de Marlaska en una exigencia explícita, y no es el único actor de la izquierda que la plantea. La paradoja tiene su filo: un ministro que debe su supervivencia a una coalición queda contra las cuerdas por los votos que lo sostienen. Quien negocia la agenda de Gobierno por la mañana reclama su dimisión por la tarde.
El contexto inmediato no es menor: las cargas se produjeron al término de una jornada de huelga general con un seguimiento desigual pero con grandes concentraciones en la calle, singularmente en Madrid, según la crónica de los hechos. No se trata de un incidente aislado en una protesta menor, sino del cierre de una movilización que el Gobierno seguía con atención, consciente de que se mediría tanto en participación como en orden público.
Quien haya observado las crisis internas del Ejecutivo reconocerá el patrón: ante el conflicto, primero el relato de la investigación propia, después el silencio prolongado y rara vez la dimisión. Esa secuencia, aplicada en otros episodios de la legislatura, quedó descrita en el 'manual de crisis' de Moncloa que combina victimismo, chivo expiatorio y ninguna dimisión, con el matiz de que esta vez el fuego amigo no viene de la oposición, sino de un socio de investidura.
El precedente más próximo está en el propio recorrido de Marlaska al frente de Interior desde 2018: las devoluciones en caliente en la valla de Melilla de junio de 2022, saldadas con al menos 23 muertos según el relato oficial, se cerraron también con investigaciones internas y sin dimisión del titular pese a las peticiones de los socios parlamentarios. El riesgo ahora no es tanto esa investigación, que previsiblemente concluirá con matices técnicos sobre protocolos, como la erosión de confianza dentro de una coalición que arrastra fricciones.
La frase que queda sobre la mesa es la que el propio ministro pronunció al anunciar la investigación: la promesa de esclarecer lo sucedido y la petición, tardía, de que no vuelva a emplearse gas lacrimógeno. Ni una dimisión ni un cese.