Las dos entrevistas previas corrieron a cargo de humoristas y no de periodistas adscritos a la redacción de informativos de la corporación, un formato que coincide con el arranque de la precampaña y con el uso de canales distintos a los informativos convencionales.
La comparecencia llega en plena controversia por la huelga general del 11-N, que terminó con disturbios en Madrid y Barcelona. El Gobierno y el PSOE se desmarcaron de la actuación policial durante las movilizaciones, lo que forzó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciara una investigación sobre lo ocurrido.
El uso de los medios públicos por el Gobierno de turno no es una controversia nueva en España. Desde la reforma de la ley de RTVE de 2006, que buscaba blindar la independencia editorial del ente mediante la elección parlamentaria de su cúpula, ejecutivos del PSOE y del PP han sido acusados por la oposición de instrumentalizar la televisión pública en periodos de campaña o precampaña, sin que ninguna legislatura haya zanjado el litigio sobre su gobernanza.
La ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal establece que el Consejo de Administración de RTVE debe garantizar la independencia e imparcialidad informativa de la corporación, y que la elección de sus miembros corresponde al Congreso y al Senado por mayoría cualificada. El mecanismo, pensado para evitar el control directo del Gobierno sobre los contenidos, ha sido puesto en entredicho por partidos de uno y otro signo cuando ocupan la oposición.
El episodio llega además en un momento de intensa actividad del presidente fuera de los canales convencionales. Este viernes está previsto que el creador de contenido Jordi Wild publique sus entrevistas a Colau, Feijóo y Sánchez, reflejo de cómo los principales líderes políticos han desplazado parte de su exposición pública hacia formatos digitales y de entretenimiento, al margen de las redacciones de informativos.
Desde la oposición, el Partido Popular ha mantenido en las últimas semanas una línea de crítica sobre distintos frentes de la acción del Gobierno, desde la política migratoria —con la petición de Alberto Núñez Feijóo en Mallorca de activar de forma permanente Frontex en la ruta de Baleares— hasta la gestión de la seguridad pública durante las movilizaciones del 11-N.
La pegada de carteles marca tradicionalmente en España el inicio simbólico de la precampaña electoral, un hito regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que distingue entre los periodos de campaña oficial, sujetos a reglas estrictas de reparto de espacios en los medios públicos, y las fases previas, de regulación más laxa en cuanto a la presencia de los candidatos en la televisión pública.