El acuerdo recoge además la petición de más medios materiales, humanos y económicos para la atención a los migrantes que llegan al archipiélago, así como el establecimiento de una reunión semanal entre los gobiernos implicados para hacer seguimiento del plan de emergencia activado por la llegada de cayucos y pateras en los últimos meses. Del pacto se descuelga Vox, la única fuerza con representación parlamentaria que no suscribió el documento conjunto.
La petición de que el próximo Gobierno —y no el actual— asuma la competencia de juzgar a las mafias de tráfico de personas por homicidio remite a un debate jurídico de fondo. El Código Penal español tipifica el tráfico ilegal de personas y la trata de seres humanos en sus artículos 177 bis y 318 bis, pero no contempla de forma específica la responsabilidad penal por las muertes derivadas de las travesías que organizan estas redes en la ruta atlántica hacia Canarias, una de las más peligrosas del mundo.
El Hierro, casi tantos migrantes como vecinos
La presión migratoria se ha intensificado especialmente en El Hierro, la isla más pequeña y menos poblada del archipiélago, donde en apenas cinco semanas han llegado casi tantos migrantes como residentes tiene la isla. Las autoridades locales han descrito la situación como una "invasión" y han reclamado auxilio bajo el grito de "mayday".
La reunión de este martes en Moncloa llega en un contexto de tensión entre el Gobierno canario y el Ejecutivo central por la gestión de los menores migrantes no acompañados, un asunto que ya había generado fricciones previas entre las administraciones autonómica y estatal por el reparto de competencias y recursos.
La ruta atlántica hacia Canarias, que parte principalmente de las costas de Mauritania, Senegal y Marruecos, se ha convertido en los últimos años en una de las principales vías de entrada irregular a territorio español. La exigencia de reforzar la presencia de Frontex —la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con sede en Varsovia y operativa desde 2005— sitúa la gestión del control fronterizo en el plano comunitario, más allá de la capacidad de los cuerpos de seguridad españoles.
El pacto entre partidos canarios se suma a otras iniciativas recientes sobre la gestión migratoria en España, como la que ha llevado a Junts a trasladar a Bruselas la regularización de inmigrantes por cuatro posibles incumplimientos, en un momento en que la política migratoria concentra buena parte del debate parlamentario.
El documento consensuado este domingo deberá presentarse formalmente este martes en la reunión convocada en Moncloa, donde el Gobierno central y el canario abordarán las medidas para reforzar la respuesta ante la llegada de migrantes al archipiélago.
