El pronunciamiento del exjefe del último secretariado de las Farc-EP se produjo diez años después de la firma del acuerdo final de paz en 2016 y marca el inicio de la etapa sancionatoria dentro del caso 01, que investiga los secuestros perpetrados por la guerrilla durante el conflicto armado. Londoño señaló que comparece junto a los demás miembros de ese secretariado, también sancionados por el tribunal transicional.
"Hoy 21 de septiembre de 2026, inicia una etapa de un compromiso que asumimos ante las víctimas, ante la sociedad colombiana y ante la Jurisdicción Especial para la Paz con la firma del acuerdo final en 2016. Como compareciente del caso 01, inicio el cumplimiento de la sanción emitida por la JEP junto a los miembros del último secretariado de las extintas Farc EP", aseguró Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
En el mismo mensaje, el excomandante guerrillero reconoció que ninguna palabra puede reparar el dolor causado a las víctimas tras años de comparecencia y acercamiento con ellas. Insistió en que el cumplimiento de la sanción no constituye un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad que incluye escucha y reparación hacia quienes sufrieron el secuestro y otros crímenes durante el conflicto.
La reacción entre las organizaciones de víctimas llegó tras el video. Rosa Blanca, una ONG que agrupa a mujeres víctimas de reclutamiento infantil, abuso sexual y violencia de género durante el conflicto, exigió a Timochenko que revele la localización exacta de dos fosas comunes que atribuye a la antigua guerrilla en zona rural de La Uribe, Meta.
"Timochenko no se le olvide entregar las dos fosas comunes ubicada cerca de la Uribe - Meta, en el sitio El Pueblito, una fosa en el punto Ucrania y otra en el punto Casa Verde", afirmó la ONG Rosa Blanca.
La organización sostiene que en esos puntos —El Pueblito, Ucrania y Casa Verde— habrían sido inhumados los cuerpos de un centenar de personas fusiladas por las Farc-EP, muchas de ellas presuntas víctimas de reclutamiento forzado. El Meta fue uno de los principales escenarios de control territorial de la extinta guerrilla y concentra buena parte de las diligencias de búsqueda de desaparecidos que impulsa la JEP en el caso 01.
Creada por el acuerdo de paz de 2016 y respaldada por el Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP puede imponer a los comparecientes que reconocen su responsabilidad sanciones propias de hasta ocho años, de carácter restaurativo y no carcelario: trabajos de reparación, contribución a la verdad y participación en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es la primera vez que el antiguo secretariado entra en esa fase de ejecución, un terreno inédito para la justicia transicional colombiana desde la desmovilización paramilitar amparada en la Ley de Justicia y Paz de 2005.
La etapa que ahora se abre convive con la persistencia de estructuras armadas en los territorios donde operó la guerrilla, como reflejó el paro armado decretado tras la muerte de alias 'Cholo', cabecilla de las Acsn. La sanción restaurativa impuesta a los excomandantes contempla, entre otras obligaciones, la contribución a la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto, extremo que la ONG reclama que se materialice en el Meta.
Londoño afirmó en su mensaje que el cumplimiento de la sanción implica un compromiso de reparación integral hacia las víctimas del conflicto armado colombiano.
