Según el relato del mandatario, nueve jóvenes —entre ellos dos menores de 17 años— tenían sus motocicletas estacionadas de forma alineada cerca del proyecto inmobiliario Costa Rica, sobre la vía que conduce al municipio de Teruel, cuando alguien se acercó y abrió fuego.
"Hemos podido determinar que había nueve jóvenes, dos de 17 años; estaban alineadas estas motocicletas. La hipótesis que se está manejando es que alguien se les acercó y les empezó a disparar", relató Kleyver Oviedo Farfán, alcalde de Palermo.
Las autoridades municipales aún no han establecido con certeza el tipo de arma empleada. "Estamos determinando si fue con arma de fuego o perdigones, tenemos seis heridos, fueron remitidos cinco a Neiva, hoy no tenemos hechos que lamentar", manifestó el alcalde al término del consejo de seguridad.
En redes sociales circulan, sin confirmación de las autoridades, versiones según las cuales habitantes del sector, hastiados de los piques ilegales reiterados en la zona, habrían acudido a un grupo armado para que interviniera y de allí se habría derivado el ataque. El mandatario no se refirió directamente a esa hipótesis, aunque reconoció la preocupación que generan estas conductas.
"Nos preocupan enormemente estas circunstancias de orden público para nuestro municipio. Hemos generado campañas muy fuertes con el tema de piques, consumo de sustancias psicoactivas, para tratar de prevenir que el consumo genere circunstancias de orden público", señaló Oviedo Farfán, quien además pidió a los habitantes evitar la circulación de motocicletas después de las 10:00 p. m.
Aunque se desconoce la autoría del ataque, el episodio se produce en un contexto de alertas previas sobre el deterioro del orden público en el noroccidente del Huila. La Defensoría del Pueblo advirtió en julio sobre la expansión territorial del Frente Ismael Ruiz y su Compañía Móvil Julián González, estructuras adscritas al Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, con incidencia en los municipios de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel.
La misma alerta temprana señaló el "grave riesgo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH)" derivado de esa expansión, con "graves consecuencias humanitarias para la población civil" de la región. El documento también describió la imposición de reglas de convivencia por parte de las estructuras armadas ilegales.
"Hay una fuerte gobernanza armada ilegal que impone 'manuales de convivencia', horarios de movilidad y prohibiciones de ingreso a personas foráneas. Se ha detectado la instrumentalización de liderazgos comunales, que son coaccionados para transmitir las órdenes del grupo armado", describió la Defensoría del Pueblo en el documento de julio.
El hecho se inscribe en un debate nacional sobre seguridad que se ha planteado también en zonas urbanas, como lo evidenció el llamado del alcalde electo De la Espriella a 'quitarle' Soledad 'a la inseguridad y la corrupción'. En Palermo, la Alcaldía mantiene las campañas de prevención y el llamado a restringir la circulación de motocicletas en horario nocturno mientras avanzan las investigaciones sobre el atentado.
