Se trata del primer relevo que enfrenta la Sala Especial de Instrucción desde su creación, pensada para separar la investigación del juzgamiento de los altos funcionarios con fuero constitucional —entre ellos los congresistas— y garantizar así el derecho a la doble instancia. Durante casi una década, esa sala concentró el poder de investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia a senadores y representantes en los casos previstos por la Constitución y la ley.
La Sala Especial de Instrucción nació en 2018, tras la reforma constitucional que instauró la doble instancia para los aforados, una demanda largamente reclamada desde que la Corte Suprema asumía en un solo cuerpo la investigación y el juzgamiento de congresistas en procesos como la parapolítica, que a partir de 2006 llevó a prisión a decenas de legisladores. La salida simultánea de cuatro de sus integrantes fundadores cierra ese primer ciclo.
La Corte Suprema se pronunció sobre la salida de los cuatro togados a través de su cuenta en la red social X, donde destacó su papel en la etapa fundacional de la instancia.
"Durante estos años hicieron parte de la consolidación de esta Sala y de la función de investigar y acusar, ante la Sala Especial de Primera Instancia, a los congresistas en los casos previstos por la Constitución y la ley. Su paso por la Corte queda ligado a una etapa fundamental de la justicia penal para los aforados", Corte Suprema de Justicia, comunicado en X.
Cinco nombres llegan a la Sala
Los reemplazos ya fueron designados por la Sala Penal y la Sala Plena del alto tribunal. La magistrada Andrea Nataly Bermúdez ocupará el despacho que dejó Cristina Lombana Velásquez, quien asumió como nueva secretaria de Transparencia de Abelardo de la Espriella. Patricia del Socorro reemplazará a Francisco Farfán, quien presidía la Sala de Instrucción. Javier Fernando Fonseca llegará al despacho de Héctor Javier Alarcón, y Susana Quiroz Hernández tomará el lugar que dejó César Reyes.
El quinto relevo pendiente corresponde a la magistrada Adriana Cecilia Alarcón, quien reemplazará a Marco Antonio Rueda cuando su periodo culmine en noviembre. El magistrado Misael Rodríguez, por su parte, continuará en la Sala hasta agosto del próximo año, por lo que el recambio completo de la instancia se extenderá durante varios meses más.
Mientras no se posesionen los nuevos magistrados, los procesos activos en los cuatro despachos vacantes quedarán bajo el manejo que determine la propia Corte Suprema para garantizar la continuidad de las investigaciones, un vacío de seis días que coincide con expedientes de alta sensibilidad política.
Procesos que heredan los togados entrantes
Entre los casos que pasarán a manos de los magistrados entrantes figura el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los expedientes de mayor repercusión política de los últimos años, con ramificaciones que han tocado a congresistas y exfuncionarios del gobierno nacional. También continuarán las múltiples investigaciones abiertas contra el exministro del Interior Armando Benedetti, así como otros procesos activos contra congresistas y excongresistas que la Sala de Instrucción venía adelantando bajo la conducción de los magistrados salientes.
La renovación llega, además, tras un periodo marcado por tensiones internas en la Sala. Entre los togados existieron diferencias por posturas frente a investigaciones en curso, quejas por presunto acoso laboral y denuncias de conductas abusivas entre los mismos magistrados, episodios que marcaron la convivencia institucional durante los últimos años de ese periodo.
El relevo se produce en un momento en que la actividad judicial contra congresistas y altos funcionarios con fuero mantiene una intensidad sostenida, en paralelo a otros frentes que escrutan el entorno del poder, como la vigilancia a funciones de inteligencia y seguridad sobre figuras públicas, tal como se ha documentado en el caso del abogado que pidió a la Fiscalía investigar presuntos seguimientos a Miguel Uribe Turbay.
La Sala Especial de Instrucción opera bajo el marco procesal de la Ley 906 de 2004, que distingue entre indiciado, imputado y acusado como etapas sucesivas antes de que un juzgado o tribunal competente dicte sentencia. En el caso de los congresistas, ese tránsito corresponde precisamente a la Sala de Instrucción, que investiga y, si encuentra mérito, formula la acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia, encargada del juzgamiento.
Con la posesión de los cinco nuevos magistrados prevista para el miércoles 14 de octubre, la Corte Suprema completará el primer relevo de una sala creada para blindar la independencia entre quien investiga y quien juzga a los aforados constitucionales. Los togados entrantes deberán asumir, sin solución de continuidad, expedientes que ya arrastran años de instrucción y una carga política considerable.
