La denuncia inicial llegó desde la diócesis de Getafe, que trasladó al arzobispado de Madrid indicios de presuntos abusos sexuales y de conciencia cometidos por Marimí sobre integrantes de la comunidad. El caso fue derivado al Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, órgano canónico encargado de instruir este tipo de causas, que tras su investigación recomendó suprimir la asociación. Esa recomendación, según revela ahora el propio decreto, se formuló mucho antes de que comenzara la intervención de la comunidad.
Sin embargo, el arzobispado, bajo la responsabilidad del cardenal José Cobo, no ejecutó de inmediato esa recomendación. Según el decreto firmado el 28 de julio por el vicario episcopal para la Vida Consagrada, Aurelio Cayón Díaz —al que ha tenido acceso ABC—, la diócesis optó por una vía intermedia: ordenar una visita canónica y nombrar una comisaria con el objetivo de «reconducir la situación de la asociación y salvaguardar el carisma y la vocación de sus miembros».
Ese intento de reconducción se extendió durante un año, en el que —según el texto del decreto— se pusieron a disposición de la asociación «diversas medidas de acompañamiento, apoyo y gobierno pastoral». El resultado no permitió garantizar la continuidad de las HAM dentro de la estructura eclesial, lo que llevó finalmente a aplicar la recomendación original del tribunal. La intervención se había producido el 28 de julio de 2025, justo un año antes de decretarse la supresión.
Una figura jurídica singular
Las Hijas del Amor Misericordioso nunca llegaron a constituirse como instituto de vida consagrada en sentido estricto, pese a que sus integrantes vestían hábito religioso, vivían en comunidad y habían pronunciado votos privados similares a los de una congregación. Su figura jurídica era la de asociación pública de fieles, una categoría contemplada en el Código de Derecho Canónico que otorga un grado de autonomía interna menor que el de una orden religiosa plena y que, en teoría, facilita una intervención más ágil por parte del ordinario del lugar. La asociación había suscitado numerosas vocaciones jóvenes en los últimos años.
El experto en sectas Luis Santamaría señaló a ABC que el problema de fondo no era únicamente disciplinario, sino estructural. A su juicio, el año dedicado a intentar salvar la asociación respondió a un planteamiento «muy ingenuo», y sostuvo que «todo apunta a que la asociación nació viciada de raíz». Según su análisis del decreto, el modelo de funcionamiento de las HAM se sustentaba en una autoridad prácticamente absoluta de la fundadora, presentada como «la única y exclusiva conocedora y transmisora de la voluntad de Dios para cada persona».
Esa identificación entre las órdenes de la superiora y un mandato espiritual incuestionable dificulta, según describe el propio decreto, que las integrantes de la comunidad pudieran cuestionar internamente las decisiones, un mecanismo que Santamaría vincula al origen de los presuntos abusos de conciencia. La superposición entre la voluntad de la fundadora y la voluntad divina explicaría, en esos términos, buena parte del funcionamiento denunciado.
Una de las mujeres que se identifica como víctima ha trasladado que, transcurridas más de dos semanas desde la firma del decreto de supresión, ningún representante de la archidiócesis de Madrid ni de la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada se ha puesto en contacto con ella. «Conmigo no ha hablado nadie», declaró, en referencia a la ausencia de acompañamiento posterior a la resolución canónica.
El decreto contempla expresamente que el patrimonio remanente de la asociación se destine, entre otros fines, a sufragar «las terapias y necesidades de las víctimas». No obstante, la ausencia de contacto directo denunciada abre interrogantes sobre los plazos y el procedimiento mediante el cual la diócesis prevé activar ese acompañamiento, un extremo que el propio texto no detalla con precisión.
La supresión canónica de una asociación de este tipo no implica una disolución automática ni inmediata de todas sus estructuras materiales y personales. Quedan pendientes cuestiones como la situación de los sacerdotes y seminaristas vinculados al grupo y dependientes de la diócesis de Getafe, así como el futuro de las jóvenes que permanecen fieles a la fundadora y de los centenares de laicos que continúan sosteniendo económicamente tanto a Marimí como a parte de las hermanas.
El caso de las HAM se inserta en una serie de intervenciones episcopales sobre comunidades y asociaciones religiosas con indicios de abuso de autoridad que la Iglesia española ha afrontado en un contexto de mayor escrutinio. Ese endurecimiento se enmarca en las directrices de la Santa Sede recogidas en el motu proprio 'Vos estis lux mundi', promulgado por el papa Francisco en 2019 y renovado posteriormente, que obliga a diócesis y órdenes a articular cauces para investigar denuncias de abusos y de encubrimiento.
La archidiócesis de Madrid no ha ofrecido, hasta el momento, una explicación pública detallada sobre los motivos que llevaron a dilatar durante un año la ejecución de la recomendación del Tribunal de la Rota, ni sobre el protocolo previsto para atender a las presuntas víctimas tras la supresión formal de la asociación.
La resolución del caso no cierra, en la práctica, todas sus derivadas: quedan por determinar el destino patrimonial definitivo, la situación canónica de los religiosos y laicos vinculados y si las víctimas recibirán el acompañamiento que el propio decreto anuncia. El seguimiento de estos puntos por parte de la archidiócesis de Madrid determinará si la disolución de las Hijas del Amor Misericordioso supone, más allá del trámite jurídico, una reparación efectiva para quienes se consideran perjudicadas.
