El Gobierno diseñó un esquema por el cual, cuando el precio del diésel sube por encima de determinados umbrales —en este caso, más de un 15%—, el tipo aplicable en el Impuesto de Hidrocarburos se reduce para amortiguar el impacto en el precio final. Ese ajuste automático, pensado para proteger al consumidor, tiene sin embargo un efecto colateral en el caso de los transportistas: al bajar el tipo impositivo de base, se reduce también la ayuda directa por litro de gasóleo profesional que reciben, calculada precisamente sobre ese tipo.
El resultado práctico, según los cálculos trasladados por el sector, es el siguiente: si en agosto el tipo del Impuesto de Hidrocarburos era de 28 céntimos por litro y los transportistas recibían una bonificación directa de 15 céntimos, en septiembre, con un tipo rebajado a 18 céntimos como consecuencia de la escalada de precios, esa ayuda se ha reducido a apenas 5 céntimos. El ahorro total de 20 céntimos por litro que el Gobierno se comprometió a mantener queda así muy por debajo de lo prometido para el canal profesional, aunque sobre el papel la cifra global no varíe.
Pedro Martínez, secretario general de Conetrans, explica que el efecto es aún más desigual si se compara con los conductores particulares. «En el caso de los particulares esa reducción es aún más grande, ya que el IVA se aplica sobre el precio en origen más el tipo del impuesto de hidrocarburos y al aplicarse sobre un precio más bajo se ganan otros dos céntimos. Los transportistas no pagamos IVA así que esa ventaja no la tenemos», señala. Mientras el conductor particular obtiene un alivio fiscal adicional derivado de la propia mecánica del IVA, el transportista profesional, exento de ese impuesto en el gasóleo comercial, no se beneficia de ese efecto compensatorio.
La consecuencia es una paradoja: el precio del diésel sube para los transportistas en la misma proporción que para cualquier consumidor, pero las ventajas fiscales que reciben para amortiguar ese encarecimiento no se ajustan al alza en la misma medida, sino que se reducen. Esta dinámica afecta tanto a los vehículos que operan bajo el canal de gasóleo profesional —camiones y autobuses fundamentalmente— como a los vehículos ligeros de reparto de mercancías y VTC, que no tienen acceso a ese canal pero para los que el Gobierno diseñó un esquema de ayudas paralelo.
A este problema de diseño se suma otro de gestión: los retrasos de la Administración en el pago efectivo de las ayudas ya reconocidas. Según denuncia Martínez, «muchos transportistas ni siquiera han recibido aún las ayudas directas correspondientes al mes de marzo», un desfase de varios meses que agrava la presión de tesorería sobre un sector en el que, recuerda, «el carburante supone más del 40% de los costes totales».
Un esquema pensado para el consumidor, no para el profesional
Juan José Gil, gerente general de Fenadismer, organización que representa a pequeños y medianos transportistas, pone el foco en el origen del problema: la sustitución de la rebaja temporal del IVA sobre los carburantes por un sistema de bonificaciones variables ligadas al Impuesto de Hidrocarburos. «Ha sumido a los transportistas en un escenario de absoluta provisionalidad. No nos gusta porque obliga a calcular mes a mes el coste por carburante que vas a tener», sostiene Gil, quien subraya que la contratación de los portes se negocia con antelación y no puede esperar a que se conozca el precio definitivo del carburante.
Ese diseño responde a una decisión que el Gobierno adoptó en parte forzado por la normativa europea, que limita la posibilidad de mantener de forma indefinida tipos reducidos de IVA sobre productos energéticos fuera de los supuestos excepcionales previstos en la Directiva 2006/112/CE, la norma que armoniza el impuesto en la Unión Europea. La rebaja del IVA en los carburantes se había mantenido como medida extraordinaria desde la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022, en un contexto de inflación disparada que llevó a varios gobiernos europeos a aplicar rebajas fiscales similares sobre la energía.
El precedente más directo de este tipo de ayudas al transporte se remonta también a 2022, cuando el Gobierno aprobó una bonificación de 20 céntimos por litro para todos los consumidores de carburante como respuesta inmediata a la subida de precios tras el estallido de la guerra en Ucrania, una medida financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que fue sustituida progresivamente por esquemas más selectivos a medida que los precios se normalizaban.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió desde el inicio de la última escalada de precios del carburante —vinculada a la crisis derivada de las tensiones con Irán— que el Gobierno mantendría mecanismos de contención para evitar que la subida se trasladara íntegramente al consumidor final. Desde el Ministerio de Hacienda no se ha precisado, hasta el momento, si el Ejecutivo prevé corregir el diseño del esquema de bonificaciones para evitar el efecto de recorte automático que denuncia el sector del transporte.
El impacto de esta reducción de ayudas llega en un momento en que el transporte por carretera arrastra márgenes ajustados. Las patronales sostienen que la combinación de la merma de las ayudas al gasóleo con otros costes está empujando a una parte de las empresas a plantearse subidas de tarifas para sus clientes, algo que trasladaría el sobrecoste a la cadena logística y, en última instancia, a los precios de los bienes de consumo que dependen del transporte por carretera, modo que canaliza la mayor parte del movimiento de mercancías terrestres en España.
El esquema de ayudas se revisa mensualmente en función de la evolución del precio del diésel, por lo que el nivel de bonificación de octubre dependerá de cómo evolucione el mercado del crudo y del gasóleo en las próximas semanas. Las organizaciones del transporte han reclamado al Gobierno una revisión del mecanismo que garantice que la ayuda efectiva a los profesionales no varíe al albur de los ajustes automáticos en el Impuesto de Hidrocarburos, y han pedido además que se agilice el pago de los importes ya devengados y pendientes desde el pasado mes de marzo.
