«Aquí hay una lista para entrar en esa lista. Una vez que te cogen, te dan cita para el año que viene, para mayo o junio», denunció Rodríguez, que apunta a la falta de personal como causa estructural: «No hay más médico, no hay más sanitario». El vecino vinculó estas demoras al incremento de la demanda derivada de la presión migratoria y se preguntó: «¿Y cuándo vamos a tener nosotros citas?».
Rodríguez asoció además la situación a un repunte de enfermedades como la sarna y la tuberculosis, que según su relato complicaría la atención de otras urgencias. «¿Y si tú tienes urgencia y hay sarna y hay cosas, cómo vas a llevar a tus hijos?», planteó. El vecino describió también episodios de vertidos de aguas fecales en la zona de la playa de la Ribera, que atribuye a la falta de infraestructuras para la población en estancia temporal: «Eso lo vierten al mar, a las aguas, a las redes, y todo eso es un contagio lógico y normal». Esta última circunstancia no ha sido confirmada por organismos de control medioambiental o sanitario.
Una sanidad gestionada desde Madrid
Ceuta cuenta con un único hospital de referencia, el Hospital Universitario de Ceuta, dependiente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo que administra la sanidad pública en las dos ciudades autónomas. A diferencia de las comunidades autónomas peninsulares, que recibieron las competencias sanitarias entre los años ochenta y 2002, cuando se completó el traspaso a las diez últimas, Ceuta y Melilla no llegaron a asumir esa gestión. Ello implica que el refuerzo de plantillas o de presupuesto depende de las decisiones del Ministerio de Sanidad a través de Ingesa, con menor margen de respuesta autonómica ante picos de demanda.
Ceuta contaba con algo más de 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2025. La ciudad ha sido puerta de entrada recurrente de la migración irregular hacia Europa desde los años noventa, con episodios de especial intensidad como el salto masivo de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos en apenas dos días, según datos difundidos entonces por el Ministerio del Interior.
La tuberculosis es enfermedad de declaración obligatoria en España desde 1995. Según el informe epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III correspondiente a 2023, su incidencia nacional se situó en torno a 8 casos por cada 100.000 habitantes, con variaciones entre territorios que los servicios de epidemiología asocian a factores de hacinamiento y acceso tardío a la atención, más que a la nacionalidad de los pacientes. La sarna, por su parte, es una infestación cutánea que se transmite por contacto físico prolongado y que las autoridades sanitarias vinculan típicamente a condiciones de hacinamiento, no a un origen geográfico concreto. Los brotes en centros de acogida temporal, tanto en Ceuta como en otros puntos de España, han sido documentados en informes previos de organizaciones que atienden a población migrante.
El marco legal y el derecho de réplica
La Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, y su reglamento de desarrollo establecen que toda persona migrante, con independencia de su situación administrativa, tiene derecho a la asistencia sanitaria de urgencia y, en el caso de los menores, a la atención en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Es un marco que las administraciones sanitarias están obligadas a garantizar incluso en contextos de saturación de recursos.
Organizaciones humanitarias que operan en la frontera sur, como Cruz Roja o Médicos del Mundo, han reclamado de forma reiterada en los últimos años un refuerzo de las infraestructuras sanitarias en Ceuta y Melilla que permita atender simultáneamente a la población residente y a la migrante, con el fin de evitar la percepción de competencia por recursos escasos.
El Gobierno central no ha respondido públicamente a las declaraciones concretas recogidas en este testimonio. El Ministerio de Sanidad ha sostenido en comparecencias anteriores ante el Congreso que refuerza periódicamente los efectivos de Ingesa en las ciudades autónomas en función de la evolución de la presión migratoria, sin que consten cifras públicas desglosadas y recientes de ese refuerzo en 2026.
La situación se inscribe en el debate más amplio sobre la gestión migratoria en la frontera sur de la Unión Europea, donde España coopera con Marruecos en el control de los flujos hacia el Estrecho de Gibraltar en virtud de acuerdos bilaterales que se remontan a la década de los noventa y que se han reforzado tras sucesivas crisis, la más reciente en 2021.
La evolución de las listas de espera sanitarias en Ceuta dependerá en los próximos meses de las partidas que el Ministerio de Sanidad asigne a Ingesa en los Presupuestos Generales del Estado y de la evolución de las llegadas en la ruta del Estrecho, cuyos datos el Ministerio del Interior actualiza de forma periódica a lo largo del año.
