La alcaldía de Cali ha identificado predios residenciales y locales comerciales con afectaciones estructurales que, de aprobarse la exoneración, quedarían al margen del cobro de estos dos tributos durante el periodo que fije la reglamentación posterior. El proyecto se inscribe en un proceso de reconstrucción que, según la cobertura sobre la reposición de vivienda tras el sismo, se proyecta hasta 2028.
El Predial y el de Industria y Comercio son las dos principales fuentes de ingresos tributarios propios de los municipios colombianos. Cualquier exoneración de este tipo obliga a la administración a estimar el impacto fiscal sobre el recaudo esperado para el año, un cálculo que suele acompañar la ponencia que se discute en el Concejo.
El mecanismo de exoneración tributaria por desastres naturales no es nuevo en la administración local colombiana: distintas alcaldías han recurrido a figuras similares tras inundaciones o deslizamientos, amparadas en la autonomía que la Constitución otorga a los concejos municipales para fijar exenciones sobre tributos locales, con justificación de interés público y un límite temporal. Tras la ola invernal de 2010 y 2011, la más severa registrada en el país, varios municipios adoptaron alivios de este tipo para los predios damnificados.
Segundo debate en la plenaria
El trámite municipal exige que, tras la aprobación en comisión, el proyecto pase a un segundo debate ante la plenaria del Concejo de Cali, instancia en la que podrían introducirse modificaciones al articulado antes de su sanción por parte del alcalde. Solo tras ese paso el acuerdo tendría fuerza vinculante para la Secretaría de Hacienda municipal, encargada de aplicar la exención a los predios que certifiquen la afectación.
La ponencia presentada en primer debate contempla que los beneficiarios acrediten el daño mediante los reportes técnicos que las autoridades de gestión del riesgo elaboraron tras el sismo, un requisito orientado a evitar que la exoneración se extienda a predios sin relación directa con la emergencia.
El terremoto que sacudió a Cali hace cerca de un mes dejó viviendas y locales con daños estructurales, lo que llevó a las autoridades departamentales y municipales a activar protocolos de atención de emergencia y, después, a diseñar instrumentos de alivio económico como el que ahora discute el Concejo.
El debate coincide con un contexto climático adverso: el Ideam mantiene activa una alerta roja por lluvias y altas temperaturas en varias regiones del país, según su más reciente pronóstico, lo que añade presión sobre la capacidad de respuesta de las administraciones locales.
De surtirse el segundo debate sin contratiempos, el proyecto pasaría a sanción del alcalde de Cali, paso final para que la exoneración del Predial e Industria y Comercio entre en vigencia para las víctimas del terremoto que acrediten sus pérdidas materiales.
