El trabajo, titulado en su versión original «Lograr la sostenibilidad reduciendo la población a 4.000 millones para el año 2200», parte de una premisa que sus autores presentan como estadísticamente robusta: las métricas de pérdida de biodiversidad, consumo de recursos naturales y emisiones contaminantes muestran, según el estudio, «correlaciones extremadamente fuertes» con el volumen de población humana y con el impacto per cápita de cada individuo sobre el planeta.
Pseiridis y Keegan afirman haber identificado los mecanismos causales que explicarían esa correlación. «Utilizando los datos disponibles, demostramos que ralentizar y revertir gradualmente el crecimiento demográfico hasta alcanzar aproximadamente 4 mil millones de habitantes o menos para el año 2200, moderando al mismo tiempo los impactos per cápita, es el camino hacia la sostenibilidad», escriben los autores en el resumen del artículo. El extracto público, no obstante, no detalla la metodología estadística completa ni las fuentes primarias empleadas para establecer esos vínculos causales.
La cifra de 8.300 millones de habitantes que Naciones Unidas atribuye a la población mundial en agosto de 2026 se enmarca en una trayectoria de crecimiento que superó los 8.000 millones en noviembre de 2022, según estimaciones de la propia organización. Los demógrafos de la ONU proyectan que la población seguirá creciendo hasta aproximadamente mediados de siglo, cuando comenzaría a estabilizarse o a descender ligeramente en la mayoría de los escenarios manejados hasta ahora por el organismo.
Frente a ese horizonte de estabilización moderada, el estudio plantea un escenario radicalmente distinto: no solo detener el crecimiento, sino revertirlo hasta reducir la población actual prácticamente a la mitad en menos de dos siglos. Los autores subrayan que no defienden políticas de restricción de la natalidad ni medidas coercitivas, sino que se limitan a describir los efectos que, según su análisis, tendría una población menor sobre indicadores como la pobreza global, la disponibilidad de recursos y la conservación de hábitats.
Entre los beneficios que enumera la investigación figuran, en palabras de sus autores, «la recuperación del hábitat y la conservación de especies silvestres, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, la disminución de los conflictos por los recursos y la reducción de la pobreza global». El texto apunta también, de forma más genérica, a efectos positivos sobre las dinámicas migratorias derivadas de la presión demográfica y económica.
Una tesis con casi tres siglos de historia
El propio resumen del trabajo, sin embargo, elude la pregunta que ha concentrado buena parte del debate posterior a su publicación: qué mecanismos, políticas o instrumentos permitirían reducir la población mundial en unos 4.000 millones de personas en menos de 175 años sin recurrir a medidas de control demográfico que entrarían en conflicto con marcos de derechos humanos consolidados, como los derechos reproductivos reconocidos en tratados de Naciones Unidas.
Este tipo de propuestas no es inédito en el debate académico sobre sostenibilidad. Desde el ensayo de Thomas Malthus a finales del siglo XVIII sobre los límites del crecimiento poblacional frente a los recursos disponibles, pasando por el informe «Los límites del crecimiento» encargado por el Club de Roma en 1972, la tesis de que la población humana debe reducirse o estabilizarse para garantizar la sostenibilidad ambiental ha reaparecido periódicamente en la literatura científica, generando siempre una controversia similar sobre su viabilidad ética y práctica.
La comunidad demográfica y ambiental no comparte de forma unánime este enfoque. Una parte destacada de los especialistas en sostenibilidad sostiene que el problema central no reside en el número absoluto de habitantes, sino en la distribución desigual del consumo: los países de renta alta, que concentran una fracción minoritaria de la población, generan una proporción muy superior de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que el resto de la humanidad, según análisis recurrentes de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Esa discrepancia de fondo alimenta uno de los debates clásicos de la política climática internacional, visible en las sucesivas cumbres del clima de Naciones Unidas: si las soluciones a la crisis ambiental deben centrarse en frenar el crecimiento demográfico, concentrado sobre todo en países en desarrollo con tasas de natalidad más altas, o en transformar los patrones de consumo y producción de las economías más industrializadas, responsables del grueso del impacto ambiental per cápita.
El reverso económico del decrecimiento
El artículo no aborda las implicaciones económicas de una contracción demográfica de esa magnitud, un asunto que sí preocupa a instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. En sus informes sobre envejecimiento poblacional, ambos organismos advierten de los riesgos que una caída sostenida de la población representa para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, el crecimiento económico y la fuerza laboral en numerosos países desarrollados, varios de los cuales ya afrontan tasas de natalidad por debajo del nivel de reemplazo generacional, fijado en torno a 2,1 hijos por mujer.
Sustainable Development, la revista que ha publicado el estudio, es una cabecera académica revisada por pares especializada en investigación sobre desarrollo sostenible, lo que somete el trabajo al escrutinio habitual de la comunidad científica. Ese proceso de revisión no impide que sus conclusiones sean objeto de réplicas, correcciones o estudios contradictorios en números posteriores de la misma u otras publicaciones, como ha ocurrido históricamente con investigaciones de calado similar sobre límites poblacionales.
A falta de que otros equipos repliquen o cuestionen la metodología empleada por Pseiridis y Keegan, el debate sobre la relación entre población, consumo y sostenibilidad seguirá previsiblemente presente en los próximos informes internacionales sobre cambio climático y biodiversidad, incluidas las evaluaciones periódicas del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que hasta ahora ha situado el foco principal de sus recomendaciones en la transición energética y la reducción de emisiones más que en objetivos de control demográfico.
