El siniestro se produjo cuando el camión atravesaba el puente de Skitter Creek, en el condado de Fayette, mientras circulaba en dirección norte por la West Virginia Turnpike, en el tramo compartido por las interestatales 64 y 77. La rotura de varios de los doce depósitos que transportaba, de unos 1.000 litros cada uno, dejó escapar el producto sobre el tablero del puente, desde donde llegó hasta el cauce del arroyo Paint Creek.
Los agentes determinaron que la concentración de alcohol en sangre del conductor superaba el límite legal. La legislación de Virginia Occidental fija ese umbral en el 0,04% para quienes conducen vehículos comerciales, la mitad del 0,08% aplicable al resto de conductores. West reconoció que circulaba bajo los efectos del alcohol y admitió su responsabilidad por el vertido negligente de contaminantes, tanto a título personal como en representación de su empresa.
La declaración de culpabilidad se formalizó el 9 de octubre de 2025, casi tres años después del accidente. La investigación ambiental quedó en manos de la división de investigación criminal de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés) y tardó cuatro años en resolverse.
Las autoridades calcularon que, de los más de 12.000 litros que transportaba el camión en los doce depósitos de 275 galones cada uno, unos 4.920 llegaron finalmente al agua. El producto derramado contenía alquildimetilamina, una sustancia clasificada como material corrosivo y contaminante marino, y su impacto afectó a distintas especies de peces del Paint Creek, un arroyo que desemboca en el río Kanawha.
El balance ambiental se saldó con la muerte de aproximadamente 33.500 peces. El vertido obligó además a cerrar durante más de doce horas un tramo de la autopista mientras se contenía la contaminación, y generó gastos adicionales de limpieza y reparación de los daños causados por el accidente.
266.000 dólares de restitución
La jueza federal Irene C. Berger ordenó a West pagar 266.444,86 dólares en concepto de restitución, una cantidad que se suma a una multa previa de 5.000 dólares. En total, ambas obligaciones económicas ascienden a 271.444,86 dólares, algo más de 241.000 euros al cambio, a los que se añaden tres años de supervisión federal.
El coste del accidente no se limita a esa cifra. El seguro de la empresa de transporte ya había desembolsado con anterioridad más de 900.000 dólares, unos 803.000 euros, destinados a contener la contaminación, limpiar la zona afectada y cubrir gastos por lesiones, daños materiales y otros costes derivados del siniestro.
El procedimiento penal por delitos ambientales con restitución a cargo del responsable es la vía habitual en Estados Unidos para derramas contaminantes, un esquema que difiere del régimen sancionador español, donde los vertidos a cauces se persiguen por la vía administrativa y penal con multas y obligación de reparación. En este caso, la justicia federal cerró la causa cuatro años después de los hechos con la condena a West y la supervisión federal durante tres años.
