El escenario replica, casi tres décadas después, el episodio más traumático que ha vivido el sistema eléctrico colombiano. Entre 1992 y 1993 el país soportó 343 días de cortes programados que dejaron sin atender cerca de 2.400 gigavatios-hora, el 6,8% de la demanda de entonces. Lumen tomó esa misma profundidad y duración, aplicó la metodología de costos de racionamiento que utiliza la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y llegó a los $30,7 billones.
Ese monto se descompone en dos bloques. El primero, de $25 billones (1,3% del PIB), corresponde a la producción que las empresas dejarían de generar por falta de electricidad. El segundo, la diferencia hasta los $30,7 billones, mide algo que rara vez aparece en las estadísticas económicas convencionales: la pérdida de bienestar de los hogares, es decir, el deterioro en la calidad de vida que implica vivir sin electricidad de forma prolongada durante casi un año.
El ejercicio de Lumen no se limitó a un solo escenario. La firma construyó tres simulaciones con distintas proporciones de demanda no atendida y distintas duraciones, para dimensionar la gravedad según la severidad del corte. En el más adverso —el que replica las condiciones de 1992— el golpe sobre el mercado laboral sería severo: hasta 210.000 empleos perdidos y hasta 480.000 personas adicionales que podrían caer en pobreza monetaria, como consecuencia directa de que las empresas no lograrían sostener su producción ni sus nóminas durante una interrupción tan prolongada.
Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence, resumió el sentido del ejercicio durante su intervención en el Congreso de Acolgen.
"Asegurar el suministro de energía debe ser una prioridad de la política económica. Las decisiones que se tomen hoy pueden reducir el riesgo de los cortes y proteger los ingresos de los hogares", afirmó Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence.
Un sistema que depende del agua
Para entender la vulnerabilidad que expone este ejercicio hay que remitirse al funcionamiento del sistema eléctrico colombiano: la mayor parte de la electricidad se genera con plantas hidroeléctricas que dependen de que llueva lo suficiente para mantener llenos los embalses. Cuando llega una temporada seca prolongada, como la que trae el fenómeno de El Niño, esa fuente principal empieza a flaquear y el sistema tiene que recurrir con mayor intensidad a plantas térmicas que generan electricidad quemando gas, carbón o combustibles líquidos.
El problema es que esa energía térmica resulta considerablemente más costosa de producir que la hidráulica, y ese sobrecosto no se queda en las cuentas de los generadores: eventualmente se traslada a las empresas, a los hogares y, en últimas, al conjunto de la economía. Es la misma lógica que explica por qué cualquier choque en la matriz energética termina golpeando el bolsillo de los colombianos, en un país donde el gasto público ya enfrenta presiones adicionales, como cuando el abogado Abelardo de la Espriella aseguró que el 44% del Presupuesto General de la Nación proviene de deuda.
Los datos más recientes de XM, operador del sistema eléctrico colombiano, muestran una tendencia que genera presión sobre las reservas hídricas del país. Al 15 de septiembre, los embalses del Sistema Interconectado Nacional estaban en 79% de su capacidad útil, frente a 79,36% al cierre de agosto. El dato cobra relevancia porque los aportes hídricos —el agua que efectivamente llega a los embalses— acumulan cuatro meses consecutivos por debajo del promedio histórico: en agosto representaron apenas 74,46% de la media, y desde mayo se han mantenido entre 75% y 79% de lo habitual.
El fenómeno no golpea por igual a todo el territorio nacional. Antioquia, con apenas 50,40% de aportes frente a su media histórica, y Caldas, con 54,6%, son las regiones más afectadas por la sequía. Solo la región Oriente logró mantenerse por encima de sus niveles normales, un alivio parcial que no compensa el déficit acumulado en el resto del país.
El Niño, con 98% de probabilidad de ser "muy fuerte"
Estas cuentas llegan en un momento en que varias señales climáticas y energéticas coinciden. La Organización Meteorológica Mundial calcula en casi 100% la probabilidad de que El Niño se mantenga activo hasta febrero de 2027, con posibilidad de intensificarse en el camino. A esto se suma que el IRI-NOAA, uno de los centros de referencia mundial para pronósticos climáticos, le asigna un 98% de probabilidad a que el fenómeno llegue a categoría "muy fuerte" en los próximos meses, el escalón que históricamente ha coincidido con los episodios más severos de estrés hídrico para el sistema eléctrico.
El Gobierno ya adoptó medidas puntuales para aliviar la presión financiera sobre el sector mientras dura la temporada seca: giró $300.000 millones al sector eléctrico para apoyar la liquidez de los generadores durante el fenómeno de El Niño, una medida que busca sostener la operación del sistema mientras se resuelve si la severidad de la sequía obliga a decisiones más drásticas.
La discusión sobre la matriz energética no se limita al corto plazo. Mientras el sector público evalúa cómo blindar el suministro ante El Niño, investigadores estudian alternativas de mediano plazo, incluida la posibilidad de que Colombia cuente con su propio reactor nuclear en el Eje Cafetero hacia 2035, una vía que, de concretarse, reduciría la dependencia del país frente a la hidrología y a los combustibles térmicos que encarecen la factura eléctrica en épocas de sequía.
El ejercicio de Lumen deja sobre la mesa una advertencia concreta: la última vez que Colombia vivió un racionamiento de esta magnitud fue hace más de tres décadas, y el país no ha vuelto a enfrentar un escenario similar desde entonces. Los cuatro meses consecutivos de aportes por debajo del promedio son, según el propio cálculo presentado en el Congreso de Acolgen, la señal que mediría si la temporada seca se profundiza hasta un desenlace comparable al de 1992.
