El recurso de amparo de Ábalos se articulaba en torno a cuatro motivos principales, cada uno de los cuales ocupaba entre 25 y 35 páginas del escrito. El primero argumentaba que la valoración de la prueba indiciaria por parte de la Sala Segunda había sido «arbitraria e irrazonable» al dar credibilidad preferente a los testimonios de los colaboradores —especialmente Aldama— sin contrastarlos adecuadamente con la prueba documental exculpatoria presentada por la defensa. El segundo motivo denunciaba la denegación de tres diligencias de prueba solicitadas durante el juicio oral: la comparecencia de dos altos cargos del Ministerio de Sanidad que podrían haber contextualizado la urgencia de las adjudicaciones durante la pandemia, y la incorporación de un informe pericial sobre los precios de mercado de las mascarillas FFP2 en el período 2020-2021 que, según la defensa, demostraba que los precios pagados no eran anómalos. El tercer motivo cuestionaba la imparcialidad objetiva del magistrado ponente por unas declaraciones previas al juicio. Y el cuarto planteaba una cuestión novedosa en el constitucionalismo español: la presunta vulneración del principio de proporcionalidad de las penas al imponer 22 años de prisión en un contexto de emergencia sanitaria.
Los constitucionalistas consultados por El Hemiciclo coincidían, sin embargo, en que la admisión a trámite no estaba garantizada y que una tramitación urgente era altamente improbable. El magistrado Enrique Arnaldo, especialista en amparo penal, explicaba que el Constitucional tiene una jurisprudencia muy restrictiva en materia de revisión de prueba indiciaria y que la unanimidad de la Sala Segunda hacía aún más difícil argumentar que la valoración había sido arbitraria. Otros tres catedráticos de Derecho Constitucional consultados señalaban que el recurso tenía más posibilidades ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ante el Constitucional español, especialmente en lo relativo a la proporcionalidad de la pena, un ámbito en el que la jurisprudencia de Estrasburgo ha sido más receptiva que la española. El consenso era que el Constitucional admitiría a trámite el recurso —porque los requisitos formales se cumplían— pero que la resolución sobre el fondo tardaría entre 12 y 18 meses, durante los cuales Ábalos no ingresaría en prisión si conseguía una suspensión cautelar de la ejecución de la condena ante el propio Supremo.
Mientras el Constitucional procesaba el recurso de Ábalos, el caso Kitchen avanzaba en una dirección que prometía convertir el mes de junio en uno de los más intensos de la historia judicial española. El tribunal encargado del juicio confirmó formalmente la reanudación de las sesiones para el lunes 9 de junio, tras la pausa obligada por la intervención quirúrgica de José Manuel Villarejo. El excomisario, según el parte médico facilitado por la clínica Ruber Internacional, evolucionaba favorablemente: las constantes eran normales, la temperatura estable, y Villarejo ya caminaba por los pasillos del hospital acompañado por un fisioterapeuta. Su presencia el 9 de junio estaba asegurada, según fuentes jurídicas, salvo complicación médica imprevista. La reanudación del juicio Kitchen coincidiría en el tiempo con las consecuencias políticas de la sentencia del Koldo, creando una tormenta judicial perfecta para el Gobierno.
El audio de 2014 admitido como prueba la semana pasada seguía generando ondas expansivas en el caso Kitchen. La grabación, en la que una voz identificada por la Policía Científica como la del comisario Enrique García Castaño discutía con un interlocutor no identificado los detalles logísticos de la vigilancia del chófer de Bárcenas, contenía una frase que los analistas consideraban potencialmente devastadora: una referencia a «las instrucciones del número dos» que la acusación interpretaba como una alusión directa al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y por extensión al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La defensa de Fernández Díaz había presentado un recurso contra la admisión del audio argumentando que la cadena de custodia estaba comprometida, pero el tribunal lo había desestimado la semana pasada. La presencia del audio como prueba pericial en la reanudación del 9 de junio añadía una capa adicional de presión sobre los acusados principales del caso Kitchen.
El tercer frente judicial —el caso Begoña Gómez— entraba en su fase más delicada con la vista del recurso programada para mañana viernes 23 en la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa de la esposa del presidente del Gobierno había presentado esa misma mañana un escrito complementario de 28 páginas que contenía, según fuentes de la defensa, una batería de correos electrónicos internos de la Universidad Complutense y del Instituto de Empresa que demostraban que Begoña Gómez no había participado en ninguna fase del proceso de adjudicación del contrato a la empresa Barrabés. Los emails, obtenidos mediante un requerimiento judicial a los servidores de correo de ambas instituciones, mostraban que la cadena de decisión había discurrido por canales administrativos ordinarios sin intervención de la cátedra que dirigía Gómez. La defensa argumentaba que estos documentos desvirtuaban por completo la base del procesamiento de Peinado.
El escrito complementario incluía también un dictamen jurídico de un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca que analizaba el procedimiento de adjudicación y concluía que cumplía todos los requisitos legales, incluyendo la publicación en el perfil del contratante, la constitución de la mesa de contratación y la valoración técnica de las ofertas. El dictamen era especialmente detallado en su análisis de los criterios de adjudicación, demostrando que la oferta de Barrabés obtuvo la puntuación más alta en los tres criterios técnicos evaluados por la mesa, lo que hacía «jurídicamente obligatoria» su selección como adjudicataria. Los nueve magistrados de la Audiencia Provincial tendrían las 28 páginas del escrito complementario en sus manos antes de las 09:00 de mañana viernes, lo que daba poco margen para un estudio detallado pero cumplía el plazo legal de presentación.
El cuarto frente judicial de la jornada fue menos visible pero no menos significativo. La decisión de Bruselas de mantener el veto a la asistencia de Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana prevista para octubre en Santo Domingo quedó confirmada por una nota del Servicio de Acción Exterior de la UE que El Hemiciclo pudo consultar. La nota, firmada por la directora de Asuntos Latinoamericanos, establecía que las sanciones individuales impuestas por la UE a Rodríguez en 2018 seguían vigentes y que ningún mecanismo de exención diplomática era aplicable al formato iberoamericano, que no está amparado por los protocolos de inmunidad de organismos internacionales reconocidos por la UE. El PP celebró la decisión con un comunicado de Esteban González Pons que pedía la comparecencia urgente del ministro Albares en la Comisión de Exteriores del Congreso para explicar las gestiones que, según el PP, el Gobierno había realizado en los últimos meses para facilitar la presencia de la vicepresidenta venezolana.
La Audiencia Nacional añadió un quinto frente a la jornada judicial al abrir tramitación urgente de la investigación sobre los presuntos pagos irregulares del PSOE basándose en el testimonio de Aldama durante el juicio del Koldo en el Supremo. El magistrado instructor consideró que las declaraciones de Aldama contenían indicios suficientes de que parte de las comisiones cobradas por el entramado de los contratos de mascarillas habían sido derivadas hacia cuentas vinculadas a la financiación del partido. La Audiencia solicitó al Supremo copia certificada de las declaraciones de Aldama y Koldo García referentes a los pagos, así como la documentación bancaria asociada que figuraba en la causa. Fuentes jurídicas señalaban que la apertura de esta investigación, coincidiendo con el día de la sentencia, no era casual: el magistrado instructor quería aprovechar el impulso procesal de la condena para avanzar rápidamente en una línea de investigación que podría tener consecuencias devastadoras para las finanzas del PSOE.
La acumulación de frentes judiciales creaba una situación sin precedentes en la historia de la democracia española. Un exministro del partido del Gobierno condenado a 22 años y recurriendo al Constitucional. Un juicio por espionaje político contra un excomisario a punto de reanudarse con pruebas nuevas que apuntaban al corazón del anterior Gobierno del PP. La esposa del presidente procesada por un juez cuya actuación estaba siendo recurrida ante la Audiencia Provincial. La vicepresidenta de Venezuela vetada por Bruselas en una decisión que implicaba al Gobierno español. Y la Audiencia Nacional abriendo una investigación sobre la financiación del PSOE basada en testimonios del juicio del Koldo. Cinco frentes judiciales activos simultáneamente, tocando a los dos grandes partidos nacionales y al entorno personal del presidente. Los juristas más veteranos consultados por El Hemiciclo coincidían en que la concentración de causas abiertas y activas no tenía equivalente ni en los momentos más turbulentos de la Transición.
La jornada judicial del viernes 23 se presentaba como un nuevo capítulo de esta tormenta perfecta. A las 09:00, la ejecutiva federal del PSOE decidiría la fecha del congreso bajo la sombra de la sentencia del Koldo y la investigación de la Audiencia Nacional. A mediodía, la Audiencia Provincial de Madrid resolvería el recurso de Begoña Gómez. Y en Ginebra, el Comité de Emergencia de la OMS evaluaría si declarar emergencia de salud pública internacional por el hantavirus. Tres decisiones de enorme calado en una sola jornada, que se sumaban a un panorama judicial ya sobrecargado. España entraba en el fin de semana con más frentes abiertos de los que su sistema institucional había sido diseñado para gestionar simultáneamente.
