El dirigente sindical planteó la movilización como una reivindicación de carácter económico y social, al margen del posicionamiento de los partidos frente a ella. CCOO y UGT han respaldado habitualmente las reformas laborales y de pensiones del Gobierno de coalición durante la legislatura, un dato que el propio Sordo situó en el centro de su argumentación al negar que la huelga tenga un adversario político concreto.
"Si el Partido Popular y Vox se sienten apelados por las reivindicaciones de la huelga, por algo será", declaró Unai Sordo, secretario general de CCOO.
Sordo reconoció que la posición de los sindicatos resulta delicada en la medida en que buena parte de la legislación laboral vigente se pactó con la participación activa de las centrales. La reforma laboral de 2021, aprobada por el Congreso en febrero de 2022 por un solo voto, y las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional contaron con el aval de CCOO y UGT, lo que obliga a matizar el alcance de una protesta que de otro modo podría leerse como un cuestionamiento de políticas que ellas mismas respaldaron.
El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28 de la Constitución y su ejercicio se regula por el Real Decreto-ley 17/1977, que obliga a los convocantes a preavisar y a fijar servicios mínimos. Las grandes convocatorias han tendido a leerse en clave política según el color del Ejecutivo: la huelga general de marzo de 2012 contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy y la de junio de 2002 frente al llamado decretazo del Ejecutivo de José María Aznar se dirigieron contra gabinetes del PP, un patrón que Sordo trató de desactivar al desvincular la actual movilización de la oposición.
La convocatoria se produce en un momento de tensión sobre la evolución de los salarios y el coste de la vida. El debate coincide con las advertencias sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas: el ministro de Transportes, José Luis Escrivá, ha advertido sobre la posibilidad de que los mercados empiecen a dudar sobre la deuda, en un escenario de vigilancia fiscal europea.
Ese marco de cautela presupuestaria contrasta con las demandas que inspiran la convocatoria impulsada por CCOO, centradas en la mejora salarial y las condiciones laborales en sectores donde la precariedad persiste pese a la recuperación del empleo de los últimos ejercicios. La tensión de fondo —sindicatos que pactan con el Gobierno y a la vez convocan movilizaciones— es la que Sordo buscó aclarar al defender el carácter reivindicativo de la protesta frente a cualquier lectura partidista.