La crisis migratoria y sanitaria que atraviesa Ceuta desde hace semanas ha entrado en una nueva fase. Tras un periodo centrado en absorber la presión asistencial derivada de la llegada masiva de personas, las autoridades han tenido que abrir un frente distinto: la prevención epidemiológica, la vigilancia de enfermedades transmisibles y la revisión del historial vacunal de miles de personas que permanecen alojadas en instalaciones con condiciones de higiene y salubridad deficientes.
El detonante inmediato ha sido la aparición de varios casos de tuberculosis, además de episodios de sarna y de gastroenteritis entre la población atendida. El primer caso de tuberculosis se confirmó el 8 de agosto, lo que llevó a los profesionales sanitarios destinados en la ciudad a reclamar de inmediato un refuerzo de la vigilancia. Una semana más tarde, el 15 de agosto, la ciudad autónoma activó un plan extraordinario de salud pública con medidas específicas frente a la tuberculosis, otras enfermedades transmisibles, problemas de saneamiento y prevención de plagas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, visitó Ceuta en los días siguientes y reconoció la existencia de dos casos de tuberculosis. Calificó el riesgo epidemiológico de moderado para las personas migrantes y de bajo para el conjunto de la población, y señaló que las condiciones de hacinamiento, higiene y alojamiento constituían el principal factor de riesgo sanitario, más que un fallo estructural del sistema.
Desde entonces la situación no ha remitido. Colectivos de enfermería han cifrado en torno a 200 los casos de gastroenteritis registrados y en una veintena los de sarna, al tiempo que han denunciado dificultades para mantener la trazabilidad y el seguimiento de los pacientes con patologías transmisibles en un contexto de movilidad constante de personas y de recursos humanos limitados.
CCOO reclamó de forma explícita que se revisara la situación vacunal de todas las personas atendidas en los dispositivos de acogida y que se facilitaran las inmunizaciones necesarias dentro de un plan extraordinario de prevención. El sindicato sostiene que la respuesta debería haber sido más ágil, dado que los primeros indicios de riesgo epidemiológico eran conocidos desde principios de mes. El Ministerio, por su parte, defiende que ha actuado conforme a los protocolos existentes en cuanto se confirmaron los primeros casos.
En los últimos días ha circulado la versión de que Ceuta se habría quedado sin reservas de vacunas y habría tenido que solicitar dosis de urgencia. No existe por el momento una confirmación oficial que permita afirmar que la ciudad autónoma sufriera un desabastecimiento real o que el Ministerio hubiera tenido que activar un envío extraordinario por falta de previsión. Lo que sí consta es que la magnitud de la emergencia ha obligado a revisar el estado vacunal de miles de personas y a reforzar las medidas preventivas.
Se trata de una necesidad previsible en un contexto en el que buena parte de los recién llegados carece de documentación sanitaria completa y permanece después concentrada en espacios con recursos limitados. El propio Ministerio dispone de mecanismos para movilizar dosis desde la reserva estratégica nacional ante emergencias puntuales, un instrumento previsto precisamente para picos de demanda. Que se activen esos recursos adicionales no implica necesariamente un desabastecimiento previo, sino que la demanda extraordinaria supera las necesidades ordinarias de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes.
Un protocolo de junio y una enfermedad de declaración obligatoria
El Ministerio cuenta desde junio de 2026 con una estrategia específica de vacunación dirigida a personas migrantes y refugiadas llegadas de forma irregular al territorio español. Ese protocolo contempla la comprobación de antecedentes vacunales y la administración de las dosis necesarias cuando no existe documentación suficiente, un procedimiento pensado para aplicarse de forma sistemática en episodios como el repunte de llegadas a Ceuta este verano.
La gestión sanitaria de flujos migratorios intensos no es un fenómeno nuevo en España. Situaciones comparables se han producido en episodios previos en las Islas Canarias y en la propia Ceuta, donde el hacinamiento en centros de acogida ha generado en el pasado brotes puntuales de enfermedades asociadas a la falta de higiene, como la sarna o las infecciones gastrointestinales. La diferencia en este caso es la confirmación de casos de tuberculosis.
La tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria, lo que activa protocolos de seguimiento de contactos más exigentes. Su vigilancia se rige por la Ley General de Salud Pública de 2011 y por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que obliga a notificar los casos y a rastrear a las personas que hayan podido estar expuestas para cortar la cadena de transmisión.
El principal interrogante abierto es por qué la dimensión preventiva ha tardado en situarse en el centro de la respuesta institucional, pese a que los profesionales sanitarios advertían desde principios de agosto de las dificultades para garantizar un seguimiento adecuado. Sindicatos y personal médico sostienen que la prioridad inicial dada a la atención asistencial urgente relegó la vigilancia epidemiológica a un segundo plano, mientras que Sanidad remite a los protocolos vigentes.
A partir de ahora, el foco estará en comprobar si el refuerzo de la vigilancia logra contener la propagación de los brotes detectados y si se completa la revisión del estado vacunal de toda la población alojada en los dispositivos de acogida. Las autoridades sanitarias deberán aclarar en las próximas semanas si ha sido necesario recurrir a la reserva estratégica nacional de vacunas y en qué volumen, un extremo que hasta ahora no ha sido confirmado oficialmente.
