Según el testimonio de una de las fuentes consultadas, la sala se diseñó y equipó tras la pandemia «en previsión de futuras catástrofes que se pudieran dar», pero nunca llegó a activarse pese a que, según relata, «se ha propuesto abrirla en algunas ocasiones, cuando había más sobrecarga de trabajo, pero nunca se llegó a hacer». Ha sido la llegada de migrantes, añade, la que habría motivado su primera puesta en marcha. En ella habría más de 20 personas ingresadas con cuadros diarreicos, además de los casos de sarna aislados.
El personal que atiende esa ala se habría conformado «a marchas forzadas», según otra fuente del centro, mediante contrataciones de profesionales recién titulados y una promoción interna de auxiliares de enfermería con estudios de enfermería, ante la falta de plantilla asignada previamente a ese espacio. Estas mismas fuentes describen la dotación como «muy justa» para el volumen de pacientes atendidos.
El contraste con el material empleado habitualmente en las urgencias generales resulta, para los profesionales consultados, el elemento más llamativo del relato. Una sanitaria con años de experiencia en ese servicio asegura que la nueva zona dispone de «monitores nuevos, aparatos de electro, de tensión, todo nuevo», mientras que la población ceutí seguiría atendiéndose, según su testimonio, «con los materiales viejos, cosas rotas, que ya ni se tienen que utilizar». «Y ahora para ellos sí se abre la sala de catástrofes (…) Me parece un despropósito», añade.
Otra fuente del centro sostiene que este patrón no sería aislado, sino que se repetiría en distintos servicios desde el inicio del repunte migratorio, y que la disponibilidad de recursos respondería a decisiones de gestión más que a una limitación estructural de medios: «Cuando es para lo tuyo… para nosotros siempre hay dificultades. Pero cuando es para los demás, sí», habría declarado uno de los sanitarios consultados.
El relato incluye también denuncias sobre traslados con prioridad a otros hospitales de la red pública andaluza. Según una de las fuentes, varios migrantes con fracturas de mandíbula o pelvis habrían sido derivados al Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz «con un papelito de la Delegación del Gobierno» que garantizaría, según su testimonio, preferencia en el traslado. El material recoge asimismo una alusión, sin cerrar, a presuntas prioridades en sesiones de hemodiálisis frente a pacientes ceutíes con esperas prolongadas.
Ni el Ingesa ni la Delegación del Gobierno en Ceuta han hecho declaraciones públicas sobre estas afirmaciones. El Hemiciclo ha tratado de recabar la versión de ambos organismos, que se incorporará en cuanto se produzca. Ninguna instancia oficial ha confirmado ni desmentido, por el momento, el uso descrito de la sala ni los criterios de derivación citados.
Qué obliga la ley y cómo se atiende a los migrantes en Ceuta
El marco normativo que rige la atención sanitaria a personas migrantes en territorio español se sustenta en el artículo 3 de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que garantiza la asistencia sanitaria de urgencia a cualquier persona con independencia de su situación administrativa, un principio reforzado tras la reforma de 2018 que revirtió las restricciones del Real Decreto-ley 16/2012. La atención a personas en tránsito en Ceuta y Melilla se coordina además con Cruz Roja y con los dispositivos de primera acogida, sin que ello module las obligaciones asistenciales del sistema público hospitalario, gestionado en la ciudad a través del Ingesa.
La crisis migratoria en la frontera ceutí tiene un precedente inmediato y comparable en la de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas —muchas de ellas menores no acompañados— cruzaron la frontera en apenas 48 horas, según datos del Ministerio del Interior. Aquel episodio desbordó los recursos municipales y sanitarios, obligó a habilitar instalaciones militares y deportivas como espacios de acogida temporal y generó una crisis diplomática con Marruecos que derivó en la retirada de la embajadora marroquí y en gestiones del Gobierno central para reforzar el control fronterizo.
El Hospital Universitario de Ceuta es el centro de referencia para una población de unos 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE). Su capacidad de derivación es más limitada que la de otros hospitales comarcales peninsulares, al no estar la ciudad conectada por tierra con el resto de España, lo que agrava los episodios recurrentes de sobrecarga asistencial vinculados tanto a picos migratorios como a su capacidad estructural.
Representantes sindicales del personal sanitario en Ceuta han reclamado en los últimos años un refuerzo permanente de plantilla y de inversión en equipamiento para las urgencias generales del hospital, con independencia de episodios migratorios puntuales, argumentando que la ciudad arrastra un déficit crónico de recursos respecto a la media nacional. La gestión diferenciada a través del Ingesa, distinta a la de las comunidades con competencias transferidas, dificulta las comparaciones directas de gasto sanitario per cápita.
La eventual continuidad de la sala de catástrofes plantea preguntas pendientes de respuesta oficial: si el espacio se mantendrá operativo de forma permanente para reforzar la atención de urgencias del hospital una vez remita el actual repunte de llegadas, o si volverá a cerrarse cuando disminuya la presión, como habría ocurrido con su desuso previo. El Defensor del Pueblo, que en episodios anteriores ha supervisado las condiciones de acogida en Ceuta, es una de las instancias facultadas para solicitar información al Gobierno en el marco de sus competencias recogidas en la Ley Orgánica 3/1981.
Por el momento, ni la ciudad autónoma, ni la Delegación del Gobierno, ni el Ministerio de Sanidad han fijado una comparecencia pública para detallar el balance sanitario de las últimas semanas ni las previsiones de refuerzo de personal y equipamiento en el hospital, algo que sindicatos y asociaciones vecinales vienen reclamando de forma reiterada.
