El sistema de pensiones español funciona, desde su configuración durante la Transición y las sucesivas reformas de 1985, 1997, 2011 y 2021, bajo el principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian directamente las prestaciones de los actuales pensionistas, sin capitalización individual previa. Es sobre este mecanismo sobre el que Vaquero concentra su crítica. "El error de fondo es tratar las pensiones como un ahorro individual cuando no lo son", plantea en esencia su argumento, según el cual la contrapartida al pensionista debe estar respaldada en creación de valor real y no en la mera impresión de dinero.
Vaquero ilustra ese punto con un ejemplo aritmético: una subida de 50 euros en la pensión pierde sentido si el coste de la vida sube 60 euros en el mismo periodo. A su juicio, si no hay inversión ni actividad que genere riqueza, ese incremento sale del contribuyente vía impuestos, y el déficit de la Seguridad Social termina deteriorando el resto de servicios públicos porque el dinero debe salir de otra partida. Su conclusión es tajante: el sistema, sostiene, está técnicamente quebrado y, sin un reajuste profundo, acabará en quiebra.
La tesis central va más allá del debate técnico habitual: Vaquero sostiene que ni siquiera la llegada de población inmigrante en edad laboral, uno de los factores que ha sostenido el número de cotizantes según los boletines de afiliación de la Seguridad Social, resultaría suficiente para reequilibrar el sistema a largo plazo. Su argumento es que el problema no es solo cuantitativo —cotizantes frente a pensionistas—, sino de diseño: sin un fondo capaz de generar rendimientos financieros sostenidos, cualquier incremento de prestaciones no respaldado por riqueza real se traslada a otras partidas presupuestarias.
Como alternativa, Vaquero propone dotar al sistema de un fondo soberano de inversión que genere rendimientos capaces de respaldar las pensiones futuras, un modelo que recuerda al noruego, alimentado por los ingresos del petróleo del Mar del Norte. La comparación choca, no obstante, con una diferencia estructural: España no dispone de un excedente fiscal permanente ni de una renta extraordinaria equivalente que pueda destinarse a capitalizar ese fondo sin recurrir a deuda o a mayor presión impositiva.
Frente a este diagnóstico conviene recordar que España cuenta desde 2000 con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada 'hucha de las pensiones', concebido para amortiguar los ciclos económicos adversos. Su patrimonio se redujo drásticamente durante la crisis de 2008-2014 al emplearse para cubrir déficits del sistema y, aunque se ha ido recomponiendo mediante transferencias del Estado, permanece lejos de los máximos previos a la Gran Recesión, según los datos que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en informes previos sobre el impacto del envejecimiento en el gasto público en pensiones, si bien también ha subrayado que las reformas aprobadas desde 2021 —que ligaron la revalorización al IPC y crearon el Mecanismo de Equidad Intergeneracional— buscan amortiguar ese desequilibrio. El Banco de España, por su parte, ha señalado en sus informes que la revalorización automática ligada al IPC garantiza el poder adquisitivo nominal pero no resuelve por sí sola la sostenibilidad si no crecen paralelamente la productividad y el empleo cotizante, un matiz que coincide con la crítica de Vaquero a las subidas puramente monetarias.
El pronóstico del creador de Wall Street Wolverine es escalonado: prevé primero la llegada de pensiones mixtas, que califica de "miseria", y después un salto hacia la iniciativa privada. Advierte de que una generación intermedia —la suya y la de quienes rondan los cuarenta— cargará con el coste de la transición. Matiza que no desea ese desenlace y que quiere revertirlo, pero afirma no percibir voluntad política ni cultural para hacerlo.
Del alquiler a la ocupación
La segunda parte del análisis traslada el foco al mercado de la vivienda, donde Vaquero vincula la presión sobre los precios del alquiler con el aumento de la población inmigrante, que al no poder acceder a la compra competiría por un parque en alquiler que, según los registros de fianzas autonómicos y las estadísticas del INE, no ha crecido al ritmo de la demanda en las grandes ciudades en la última década. Cita su propio caso, el de un piso pequeño por el que asegura pagar 1.300 euros.
Vaquero matiza que atribuir el problema exclusivamente a los fondos de inversión —explicación habitual en parte del debate político, que él considera una "frase vacía"— resulta igualmente insuficiente. Se declara favorable a intervenir los grandes fondos, impulsar vivienda pública de calidad y endurecer los mecanismos frente a la ocupación, pero advierte de que ninguna de esas medidas por separado resolvería el desequilibrio si no se acompaña de un aumento sustancial de la oferta.
Sobre la ocupación ilegal, Vaquero sostiene que es un fenómeno infradenunciado y relata, desde su experiencia en un barrio donde asegura que se ocupa con frecuencia, que muchos propietarios intentan resolver la situación de forma extrajudicial —incluso pagando o enfrentándose a los ocupantes— antes de avisar a la policía, ante la lentitud del proceso judicial. Los procedimientos de desahucio están regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con reformas posteriores para agilizar los casos de vivienda habitual, si bien no existe en España un registro estadístico unificado que permita medir con precisión la magnitud del fenómeno.
El creador se detiene también en el movimiento ocupa, que dice haber conocido en su juventud en entornos antifascistas, y lo describe como un espacio donde conviven jóvenes de familias acomodadas en busca de rebeldía y personas en situación de exclusión. Critica lo que considera hipocresía de quienes defienden la ocupación con respaldo familiar y alude al caso, cuyo nombre dice no recordar, de un actor y director que tras ser ocupado desalojó a los intrusos recurriendo a boxeadores.
El debate sobre el papel de la inmigración en el precio de la vivienda no es nuevo en España ni en Europa. Organismos como el Banco Central Europeo han señalado en informes previos que la presión demográfica sobre el parque residencial es uno de varios factores —junto con los tipos de interés, la escasez de suelo urbanizable, los costes de construcción y la fiscalidad— que explican la escalada de precios en las áreas metropolitanas europeas, sin que exista consenso académico sobre el peso relativo de cada variable.
En el terreno institucional, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido en comparecencias parlamentarias que las reformas aprobadas desde 2021, incluidos el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y el incremento de las bases máximas de cotización, garantizan la sostenibilidad del sistema a medio plazo. La Comisión Europea ha matizado esa valoración en sus informes de envejecimiento, en los que insta a España a seguir vigilando la evolución del gasto en pensiones sobre el PIB en las próximas décadas. El tránsito hacia un modelo de capitalización privada que anticipa Vaquero ha sido descartado explícitamente por el Gobierno y los agentes sociales en las mesas de diálogo social.
El debate sobre pensiones y vivienda seguirá marcando la agenda económica española en los próximos meses, con el Pacto de Toledo como marco institucional para futuras reformas de la Seguridad Social y con los desarrollos autonómicos de la ley de vivienda como escenario donde se dirimirán las medidas sobre fondos de inversión, vivienda pública y procedimientos frente a la ocupación que Vaquero sitúa en el centro de su diagnóstico.
