La cifra que ha fijado el titular del día es 1,24 euros. Es lo que, según la tabla proyectada, pagó la Comunidad de Madrid por un tipo de mascarilla FFP2 suministrada directamente por un fabricante asiático en abril de 2020. La misma unidad, adjudicada por distintas administraciones autonómicas gobernadas por el PSOE a través de la empresa Soluciones de Gestión —presuntamente vinculada a la trama que hoy juzga el Supremo— llegó a alcanzar precios entre 4,9 y 5,4 euros por unidad. 'Madrid compró a 1,24; ustedes pagaron hasta cinco', ha recordado Luzón, con el tono seco del fiscal que lleva semanas afilando esta intervención.
El detalle más incómodo no es el precio en sí. Es el método. La tabla de la UCO cruza no solo precios, sino plazos de entrega, canales de intermediación y número de ruedas en las cadenas de suministro. Y en todas esas columnas, el patrón es el mismo: cuanto más cerca de la trama que se investiga, más larga es la cadena de intermediarios, más opacos los plazos y más altos los precios. La defensa de Ábalos intentó desacreditar el documento alegando que 'comparar precios en plena pandemia es injusto'. Luzón, sin inmutarse, replicó: 'Eso lo deciden sus señorías, no yo'.
El juicio, que comenzó el pasado 7 de abril y que tiene previstas veintitrés sesiones y más de ochenta testigos, se encuentra ahora mismo en su fase de prueba documental. Es, tradicionalmente, la parte más árida de un proceso, pero también la más decisiva: es cuando los papeles hablan. Y hoy los papeles han hablado fuerte. El fiscal ha proyectado contratos, facturas escaneadas y una hoja de cálculo en la que se visualiza —con dos gráficos en forma de campana de Gauss— la desviación típica de los precios pagados por cada comunidad autónoma.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y Koldo García los delitos de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Pide para el ex ministro 24 años de prisión y para Koldo, 19 años y medio. A eso hay que sumar multas que superan los 3,9 millones de euros. Por encima de todo planea el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, cuya declaración está prevista para la próxima semana.
Hay un detalle técnico poco subrayado que merece una mención: el juicio se celebra tras un cambio de última hora en la composición del tribunal. El Supremo, a petición de una de las defensas, sustituyó a uno de los magistrados inicialmente previstos, lo que obligó a retrasar el inicio varios días. La presidenta del tribunal, conocida en los ambientes jurídicos por su parquedad verbal y su disciplina procesal, ha marcado desde el primer día un ritmo militar de sesiones, con pausas mínimas y audiencias completas.
Fuera de la sala, el ruido político es desproporcionadamente silencioso en comparación con el contenido. El PSOE ha optado por una estrategia de distancia total: ningún dirigente comenta el juicio en público, y todos remiten a 'la presunción de inocencia'. El PP, en cambio, ha incorporado la expresión 'caso Mascarillas' casi como muletilla en cada intervención parlamentaria. Vox explota el asunto con hipérboles. Sumar, en una posición incómoda, se limita a pedir 'transparencia absoluta'.
Y, sin embargo, el silencio político no debe hacernos olvidar lo que está pasando en la sala: un tribunal del Supremo está revisando, con lupa, cómo se compraron las mascarillas durante los peores meses de la pandemia. Cada precio cuestionado hoy, cada factura proyectada en la pantalla, cada tabla comparativa de la UCO, son pequeños retales de un momento en el que España enterraba a sus muertos y se defendía con mascarillas que en algunos casos llegaron tarde, caras o directamente no llegaron. Esa memoria social, aunque no figura en el auto, sobrevuela cada sesión.
Mañana está prevista la declaración de un testigo al que las partes consideran clave: un ex directivo de la empresa Soluciones de Gestión que, según consta en el sumario, tiene información directa sobre los márgenes reales de las operaciones. Si confirma lo que adelantó en fase de instrucción, la defensa de Ábalos se enfrentará a un día todavía peor que el de hoy.
