El mecanismo rompe con el modelo de devolución tradicional, centrado en el retorno al país de origen o de tránsito, para abrir una vía de externalización hacia un tercer Estado sin vínculo directo con la procedencia de los migrantes. Ruanda se perfila así como receptor de personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada en los cinco países firmantes, en un esquema que recuerda al que el Reino Unido intentó desplegar con Kigali antes de que los tribunales británicos lo bloquearan y el Gobierno laborista lo desactivara en 2024.
La Comisión Europea acogió la propuesta con «satisfacción», en un momento en que Bruselas lleva meses buscando fórmulas para acelerar las expulsiones de solicitantes de asilo rechazados, uno de los puntos más débiles de la política migratoria comunitaria. Según los datos recurrentes de Eurostat sobre tasas de retorno, apenas una de cada cinco órdenes de expulsión dictadas en la UE se ejecuta de forma efectiva.
Que sean precisamente estos cinco gobiernos quienes encabecen el acuerdo no es casual: todos han defendido en los últimos años posiciones restrictivas en materia de asilo dentro del Consejo Europeo. Dinamarca ya exploró en solitario un acuerdo similar con Ruanda en 2021, sin llegar a materializarlo. La firma conjunta busca ahora dar al proyecto una escala que ningún país aisladamente podría sostener frente a los costes logísticos y diplomáticos de instalar y mantener un centro de estas características fuera de la Unión.
El encaje jurídico del plan dentro del marco de asilo europeo, que exige garantías sobre el trato a los solicitantes y el respeto al principio de no devolución recogido en el Convenio de Ginebra de 1951, se perfila como uno de los frentes de debate, en paralelo a la aplicación del Pacto de Migración y Asilo, que entró en vigor en 2024 con su despliegue pleno previsto para 2026.
La estrategia de externalización coincide con otros movimientos de los Estados miembros al margen del marco comunitario: mientras Bruselas negocia centros de retorno en terceros países, España eleva un 40% sus compras de gas ruso a dos meses del veto total de la UE, otra muestra de cómo los gobiernos nacionales buscan soluciones ad hoc ante presiones que el marco comunitario no resuelve con la rapidez que exigen.
El acuerdo británico con Kigali de 2022
El antecedente más cercano, el acuerdo Reino Unido-Ruanda firmado en 2022, no llegó a producir una sola expulsión efectiva antes de su cancelación. La Corte Suprema británica declaró el plan ilegal en noviembre de 2023 al considerar que Ruanda no ofrecía garantías suficientes de seguridad para los solicitantes de asilo devueltos, un fallo que los promotores del nuevo esquema europeo deberán tener presente si buscan blindarlo frente a recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El calendario manejado por los cinco gobiernos firmantes sitúa el inicio de los primeros traslados en 2027, un plazo que coincide con la entrada en vigor completa del nuevo Pacto de Migración y Asilo y que obligará a definir antes criterios comunes sobre qué perfiles de solicitantes rechazados podrían ser derivados al centro ruandés.