La cifra no implica que un tsunami vaya a producirse de forma inminente, sino que actualiza el cálculo probabilístico a largo plazo sobre un fenómeno cuya recurrencia en el Mediterráneo es históricamente baja pero no nula. El precedente más citado por los sismólogos españoles es el terremoto de Lisboa de 1755, que generó un maremoto que golpeó el suroeste de la Península Ibérica y el Algarve portugués con olas de varios metros. Más recientemente, el seísmo de la costa argelina de Orán, en 2003, provocó pequeñas olas que llegaron a registrarse en el litoral del sureste peninsular.
La raíz del fenómeno está en la colisión, lenta pero constante, entre la placa africana y la euroasiática, un proceso que también explica los enjambres sísmicos que golpean periódicamente la provincia de Granada. Según ha explicado la propia Red Sísmica Nacional, esa energía acumulada por el choque de placas no se agota en la superficie continental, sino que se transmite también al fondo marino, en particular en el mar de Alborán, el tramo que separa la costa andaluza del norte de África. Carreño sostiene que es precisamente la franja de Levante la que concentra la mayor actividad sísmica y, en consecuencia, la mayor exposición.
Cómo funciona la vigilancia sísmica
El Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y responsable de la vigilancia sísmica en España, participa en el Sistema de Alerta de Tsunamis del Mediterráneo Nororiental (NEAMTWS), impulsado por la propia Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Este esquema de coordinación internacional permite emitir alertas en cuestión de minutos tras detectar un seísmo submarino con potencial tsunamigénico, transmitiéndolas a los organismos nacionales de protección civil.
Los protocolos de emergencia coinciden, no obstante, en un punto esencial: la primera línea de defensa no es la alerta institucional, que puede tardar minutos en activarse y transmitirse, sino la capacidad de la población para reconocer las señales naturales previas. Las autoridades citan dos indicios principales: un retroceso brusco e inusual del mar, que deja al descubierto el fondo marino, y un estruendo grave y prolongado similar al paso de un tren. Ante cualquiera de ellos, la recomendación es no esperar a la confirmación oficial.
La instrucción es la evacuación inmediata hacia zonas elevadas —colinas, montañas o terrenos alejados de la línea de costa— y siempre a pie, para evitar los colapsos de tráfico que en emergencias similares han ralentizado o impedido la evacuación completa de una zona. Cuando no existe posibilidad de alejarse a tiempo, la alternativa es refugiarse en plantas altas —a partir de la tercera— de edificios de estructura robusta, preferentemente de hormigón armado o acero, evitando construcciones de baja altura o de materiales ligeros.
Para quienes se encuentren navegando en el momento de un seísmo con potencial de generar tsunami, la recomendación resulta contraintuitiva: dirigirse hacia aguas profundas, donde la energía de la ola se dispersa y su altura resulta menor, en lugar de regresar al puerto, donde la aproximación a la costa amplifica la ola y genera corrientes especialmente destructivas.
Por qué la primera ola engaña
Uno de los errores más frecuentes en la percepción pública de estos fenómenos es asumir que la primera ola de un tsunami es la más peligrosa. La experiencia internacional demuestra que las olas sucesivas, que pueden llegar horas después, son a menudo de mayor magnitud. Por ello, el único criterio válido para considerar finalizada una alerta es la comunicación oficial expresa de organismos como Protección Civil, los servicios de emergencia autonómicos o el propio Instituto Geográfico Nacional, que emiten un mensaje de fin de alerta cuando el episodio se da por concluido.
El marco normativo español para este tipo de contingencias descansa en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y en los planes territoriales de emergencia de las comunidades autónomas costeras, que establecen los protocolos de coordinación entre la Administración General del Estado, las autonomías y los ayuntamientos del litoral. Estos planes contemplan la señalización de rutas de evacuación y la realización de simulacros en municipios de mayor exposición, aunque su despliegue avanza de forma desigual según el territorio.
El debate técnico sobre la magnitud real del riesgo en el Mediterráneo no está cerrado. La baja frecuencia histórica de grandes tsunamis en esta cuenca —frente al Pacífico o el océano Índico— lleva a parte de la comunidad científica a descartar la alarma social, mientras otros especialistas subrayan que la elevada densidad de población y de infraestructuras turísticas en el litoral mediterráneo español multiplicaría el impacto de un evento incluso de magnitud moderada.
No en vano, el litoral mediterráneo concentra buena parte de la actividad turística estival española, con millones de pernoctaciones entre junio y agosto según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística. Ese volumen convierte la información preventiva dirigida tanto a residentes como a visitantes en un elemento que las autoridades autonómicas de emergencias han empezado a incorporar en sus campañas de temporada alta.
De cara a los próximos meses, el IGN mantiene su calendario habitual de actualización de los mapas de peligrosidad sísmica y tsunamigénica de la costa española, un trabajo que se revisa periódicamente incorporando nuevos registros de la Red Sísmica Nacional. No consta, hasta la fecha, ningún indicio de actividad sísmica anómala que sugiera un riesgo inminente superior al habitual en el Mediterráneo occidental, por lo que la recomendación de los organismos de protección civil se limita, por ahora, a la prevención informativa y a la revisión de los protocolos de evacuación en los municipios costeros de mayor exposición.
