Prohens ha defendido que la movilización debe servir para «reivindicar la integridad territorial de España y la defensa de nuestras fronteras», así como para «reclamar el retorno inmediato a la normalidad» en Ceuta. La presidenta balear calificó de «atropello sin precedentes» la llegada masiva de migrantes marroquíes al perímetro fronterizo ceutí a finales de julio.
La concentración se replica en distintos municipios españoles por iniciativa de la FEMP, organización que agrupa a ayuntamientos, diputaciones y cabildos de toda España y que representa habitualmente a los gobiernos locales ante la Administración central. Según trasladaron los promotores del acto, la convocatoria pretende situarse al margen del debate partidista y centrarse en un gesto de unidad institucional hacia Ceuta.
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, destacó que la concentración «no está marcada por el color político ni por las ideologías», sino que «se trata fundamentalmente de expresar la unidad en apoyo a una ciudad que ha sufrido un ataque a su integridad territorial». Esa apelación a la transversalidad convive, no obstante, con lecturas abiertamente políticas del episodio por parte de otros cargos convocantes.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), respaldó el acto y acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «dar la espalda» a Ceuta y de mantener una actitud de «desidia» ante la situación fronteriza. El regidor vinculó además la coyuntura de Ceuta con la presión migratoria que sufre el archipiélago balear, y sostuvo que la gestión del Ejecutivo central contraviene las necesidades de los territorios extrapeninsulares.
Martínez recordó que, según sus cálculos, en los últimos quince meses han llegado a las Islas Baleares más de 11.000 migrantes en situación irregular a bordo de embarcaciones, una cifra que atribuye a lo que considera una gestión insuficiente hacia los territorios insulares. El Ministerio del Interior publica periódicamente balances de llegadas irregulares por vía marítima, cuyos recuentos suelen diferir de los que manejan administraciones autonómicas o locales en función de la metodología y del periodo analizado.
La política migratoria y de control de fronteras corresponde en última instancia al Ministerio del Interior, mientras que la Delegación del Gobierno en Ceuta coordina la respuesta operativa junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Una frontera con precedentes recientes
La situación de Ceuta remite a una tensión estructural que la ciudad arrastra desde hace décadas por su condición de frontera exterior de la Unión Europea en el norte de África, colindante con Marruecos. El precedente más citado es el de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron a la ciudad en pocas horas en un contexto de crisis diplomática entre Madrid y Rabat vinculada al Sáhara Occidental, un episodio que las autoridades españolas han invocado repetidamente al valorar la fragilidad del perímetro ceutí.
El marco jurídico que regula estas situaciones se apoya en la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, y en los acuerdos bilaterales de readmisión suscritos con Marruecos, que fijan los procedimientos para la devolución de quienes acceden de forma irregular al territorio. Su aplicación práctica ha sido objeto de controversia recurrente entre asociaciones de defensa de los derechos humanos, que reclaman garantías individualizadas en cada expulsión, y las autoridades de fronteras, que invocan la necesidad de una respuesta ágil ante entradas masivas.
La concentración de este miércoles en Palma se suma a una serie de actos de respaldo a Ceuta convocados en distintos puntos de España al amparo de la FEMP. La evolución de la presión migratoria en Ceuta y Baleares durante las próximas semanas, así como la eventual respuesta del Gobierno central a las críticas de los ejecutivos autonómicos del PP, marcarán el desarrollo de un debate que combina gestión de fronteras y pulso político territorial.
