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Una veterinaria rural de Segovia se jubila sin relevo pese a tener 500 clientes

El caso de Paloma Rodríguez, de 63 años, en Marugán ilustra la falta de profesionales dispuestos a instalarse en municipios pequeños con demanda asegurada.

Por Redacción de El Hemiciclo· · Actualizado:
4 min de lectura
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En Marugán, un municipio segoviano de unos 800 habitantes, la veterinaria Paloma Rodríguez Gavilán, de 63 años, atiende estos días a algunos de sus últimos pacientes —entre ellos una galga gris de 14 años a la que diagnostica dolor cervical y deriva a un neurólogo— antes de una jubilación que se acerca sin que haya aparecido nadie dispuesto a continuar su consulta. Su cartera ronda los 500 clientes y, según relata, su actividad daría para ampliar el negocio, no para cerrarlo.

El relato de Rodríguez Gavilán, que lleva décadas ejerciendo en la misma localidad y ha visto crecer y envejecer a los animales de generaciones de vecinos, pone nombre a un fenómeno que las estadísticas sobre el mundo rural describen desde hace años de forma más abstracta. El Padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que los municipios de menos de 1.000 habitantes han perdido población de forma sostenida en las últimas dos décadas, un proceso que arrastra consigo la oferta de servicios profesionales cualificados, desde la medicina general hasta la veterinaria.

La paradoja del caso segoviano es que no se trata de un negocio deficitario en busca de comprador, sino de una consulta con demanda consolidada. Cientos de clientes, muchos convertidos en amigos con el paso de los años, confían a esta profesional el cuidado de sus animales, desde galgos ya mayores hasta el ganado de las explotaciones cercanas. La jubilación de Rodríguez Gavilán no responde, por tanto, a la falta de trabajo, sino a la ausencia de un relevo dispuesto a asumir una vida profesional en un entorno de baja densidad poblacional. "Tengo 500 clientes, da para ampliarlo", resume la propia veterinaria.

Universidades urbanas y territorios sin sucesor

Los colegios profesionales de veterinaria vienen advirtiendo desde hace años de un desajuste entre la formación universitaria, concentrada en grandes ciudades, y las necesidades del territorio. Las facultades de Veterinaria en España gradúan cada año a cientos de profesionales, pero una parte creciente de esos egresados opta por especializarse en clínica de pequeños animales en entornos urbanos, donde la demanda es más constante y las condiciones laborales, en ocasiones, más previsibles.

El fenómeno no es exclusivo de la veterinaria. La denominada 'España vaciada' —término popularizado tras la publicación del ensayo homónimo de Sergio del Molino en 2016— ha servido de marco para analizar la fuga de profesionales sanitarios, educativos y de otros servicios básicos de los municipios pequeños. Médicos de familia, farmacéuticos y ahora veterinarios comparten un mismo patrón: la jubilación de una generación que se instaló en los años setenta y ochenta sin que existan sucesores dispuestos a ocupar su lugar.

El precedente más citado por quienes estudian la despoblación es el del médico rural de cabecera, figura que durante décadas cubrió zonas extensas del interior peninsular y que hoy se concentra cada vez más en núcleos urbanos, dejando a los pueblos pequeños con atención itinerante o telemática. Para paliar ese vacío, las administraciones desarrollaron desde los años noventa incentivos de fijación de médicos en zonas de difícil cobertura, un modelo que la veterinaria rural reclama ahora para su ámbito.

Entre las causas que se citan figuran la falta de infraestructuras de conciliación familiar en los pueblos pequeños, la ausencia de oferta de empleo complementario para la pareja de jóvenes profesionales que buscan establecerse, y la percepción de aislamiento social frente a las ventajas de la vida urbana. A esto se suma la carga física y horaria de una profesión que en el ámbito rural combina la atención a mascotas con desplazamientos a explotaciones ganaderas, muchas veces en condiciones adversas.

Las comunidades autónomas han ensayado en los últimos años distintas fórmulas para paliar la falta de profesionales en zonas rurales, desde incentivos fiscales hasta ayudas a la vivienda para quienes se instalen en municipios pequeños. Sin embargo, los colegios veterinarios señalan que estas ayudas rara vez incluyen de forma explícita a su sector, centrado tradicionalmente en la sanidad animal de las explotaciones ganaderas y solo más recientemente en la clínica de mascotas, un ámbito que ha crecido con fuerza en los últimos años.

La Organización Colegial Veterinaria Española ha alertado en distintos comunicados sobre el envejecimiento de la profesión en el medio rural y ha reclamado planes específicos de relevo generacional, en la línea de los existentes para la medicina de familia en zonas de difícil cobertura. Hasta el momento, esas peticiones no se han traducido en un marco normativo estatal específico, y la respuesta ha quedado en manos de iniciativas autonómicas dispersas y de las propias comunidades locales, que en algunos casos han intentado atraer profesionales ofreciendo la consulta ya montada.

El impacto de estos cierres no se limita a la pérdida de un servicio comercial. En los municipios pequeños, la clínica veterinaria cumple a menudo una función social añadida: es punto de encuentro vecinal, fuente de confianza para los ganaderos que dependen de la sanidad animal para su actividad económica y una pieza más del tejido de servicios que sostiene la viabilidad del medio rural. Su desaparición se suma a la del último bar, la última escuela o el último consultorio médico, reforzando la espiral de despoblación que las políticas de repoblación llevan años intentando revertir.

A falta de que se conozca si la clínica de Marugán encontrará finalmente un profesional dispuesto a continuar la actividad, el caso queda como muestra de un desajuste que previsiblemente seguirá produciéndose en los próximos años, a medida que se jubile la generación de veterinarios que se instaló en los pueblos españoles durante las últimas décadas del siglo pasado. Los colegios profesionales y las administraciones autonómicas afrontan el reto de diseñar incentivos que hagan atractiva la vida profesional rural para las nuevas generaciones, antes de que el cierre de consultas como la de Rodríguez Gavilán se convierta en la norma.

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