El documento, firmado por el grupo de expertos en reducción de daño de la SRNT, sostiene que los cigarrillos electrónicos con nicotina resultan menos dañinos que los cigarrillos convencionales y que, según los estudios que cita, han mostrado mayor eficacia para dejar de fumar que las terapias de reemplazo de nicotina aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). A partir de esa evidencia, los autores recomiendan que los profesionales sanitarios incorporen esta alternativa en las conversaciones con los pacientes fumadores que buscan abandonar el tabaco.
La relevancia de la declaración se apoya en la procedencia de sus firmantes, vinculados a instituciones como Oxford University, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Yale School of Medicine, Rutgers University, University of Wisconsin y University of Kansas Medical Center. Según consta en el propio documento, no se declara financiación procedente de la industria tabaquera ni de fabricantes de cigarrillos electrónicos, sino de organismos públicos como los National Institutes of Health (NIH), el National Cancer Institute (NCI), la propia FDA y entidades públicas de Australia y Nueva Zelanda.
Los autores identifican la combustión como principal responsable del daño asociado al consumo de tabaco, frente a la inhalación del vapor generado por dispositivos electrónicos. Según recoge el artículo, la sustitución completa del cigarrillo convencional por vapeadores se asocia a una reducción sustancial de la exposición a sustancias tóxicas, que en algunos casos llega a situarse hasta un 90% por debajo de la registrada entre fumadores de tabaco combustible.
La declaración subraya además la distancia creciente entre la percepción social del vapeo y la evidencia disponible. Los firmantes advierten de que una proporción relevante de la ciudadanía, e incluso de profesionales sanitarios, cree erróneamente que vapear resulta tan perjudicial como fumar o más, una idea que consideran incompatible con los datos científicos. «La percepción pública de los riesgos del vapeo se ha vuelto progresivamente más negativa», señalan los investigadores, que alertan de que esas creencias pueden impedir que algunos fumadores abandonen el cigarrillo convencional.
El texto aborda también el episodio de lesiones pulmonares graves registrado en Estados Unidos en 2019, que en su momento generó alarma sobre la seguridad de los cigarrillos electrónicos. Los autores recuerdan que aquel brote no estuvo vinculado a los cigarrillos electrónicos con nicotina comercializados de forma legal, sino a productos ilícitos que contenían THC contaminado con acetato de vitamina E. Añaden que numerosos mensajes de salud pública dirigidos a prevenir el consumo entre los jóvenes pueden haber generado confusión entre los fumadores adultos, precisamente el colectivo al que estas alternativas podrían beneficiar.
Combustión frente a vapor: el marco regulatorio español
El contraste con la situación regulatoria española resulta especialmente pertinente. La reforma de la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que impulsa el Ministerio de Sanidad, busca extender a los vapeadores restricciones similares a las que rigen para el cigarrillo tradicional, entre ellas limitaciones a la publicidad, al uso en espacios públicos y a los sabores. La norma continúa su tramitación sin haber sido aprobada de forma definitiva, y se enmarca en los compromisos derivados del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que España ratificó en 2005.
El Ministerio de Sanidad ha defendido en distintas comparecencias que la proliferación de vapeadores, especialmente entre menores, justifica una respuesta regulatoria equivalente a la aplicada al tabaco tradicional, apoyándose en los datos de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), elaborada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que ha registrado un aumento del consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes en sus últimas ediciones. Desde el departamento que dirige García se ha insistido en que la prioridad es evitar la normalización del consumo de nicotina entre la población joven, con independencia del formato del producto.
Frente a esa posición, asociaciones de fabricantes e investigadores del ámbito de la reducción de daño sostienen que endurecer por igual la regulación de todos los productos con nicotina podría desincentivar el paso de fumadores adultos hacia alternativas de menor riesgo, un argumento que coincide con el que plantea la declaración de la SRNT en JAMA. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha mantenido posiciones más cautelosas, reclamando más estudios independientes antes de recomendar el vapeo como sustituto generalizado del tabaco.
La distinción entre riesgo del vapeo y del tabaco combustible no es nueva en el debate científico. Public Health England, organismo dependiente del Gobierno británico, sostuvo en un informe de 2015 que los cigarrillos electrónicos serían aproximadamente un 95% menos dañinos que el tabaco fumado, una cifra citada de forma recurrente por defensores y críticos de esa política, y cuestionada por la propia Organización Mundial de la Salud por la falta de estudios longitudinales suficientemente prolongados sobre los efectos del vapeo a largo plazo.
La discusión sobre si los cigarrillos electrónicos deben tratarse como herramienta de reducción de daño o como puerta de entrada al consumo de nicotina no es exclusiva de España. El Reino Unido ha optado por una vía de promoción activa del vapeo como sustituto del tabaco dentro de su estrategia sanitaria pública, mientras que Australia ha impuesto restricciones más severas a la venta de estos productos, lo que ilustra la ausencia de consenso internacional sobre el enfoque más adecuado.
El precedente más directo en España se remonta a la Ley 42/2010, que prohibió fumar en espacios cerrados de uso público y sentó las bases del actual marco antitabaco, ampliado después por sucesivas modificaciones que incorporaron restricciones a la publicidad y al etiquetado. La actual reforma deberá completar los trámites habituales de audiencia pública, dictamen del Consejo de Estado y debate en las Cortes Generales antes de su aprobación definitiva, un proceso en el que previsiblemente se incorporarán alegaciones de sociedades científicas, asociaciones de pacientes fumadores y fabricantes del sector.
A la espera de que el Ministerio de Sanidad se pronuncie sobre el contenido de la declaración publicada en JAMA, el debate regulatorio en España continuará en las próximas semanas, con la vista puesta en si el texto final de la reforma introduce matices diferenciados entre los productos de combustión y los dispositivos sin ella, o si mantiene el criterio de equiparación que ha caracterizado la propuesta hasta ahora.
