Esa distancia supera la de Brasil, que requeriría un superávit primario cercano al 2 % del PIB, y la de México, con 1,5 %. Chile y Perú, en cambio, presentarían condiciones fiscales más favorables dentro del grupo de las cinco economías analizadas por la consultora. El balance primario mide la diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno sin contar el pago de intereses de la deuda, un indicador con el que los organismos multilaterales evalúan la sostenibilidad de la trayectoria de endeudamiento de un país.
Oxford Economics atribuye la dificultad del ajuste colombiano a dos factores combinados: las rigideces estructurales del gasto público —que en Colombia incluyen transferencias territoriales, pensiones y el servicio de la deuda— y la resistencia del Gobierno de Abelardo De La Espriella a impulsar nuevos aumentos de impuestos. Aunque el Ejecutivo cuenta con una mayoría de derecha en el Congreso, en principio alineada con su orientación económica, la firma advierte que construir acuerdos legislativos para recortar gasto será complicado incluso con esa correlación de fuerzas en la plenaria.
La consultora también cuestiona que las reformas orientadas a dinamizar el crecimiento basten para cerrar el desequilibrio. En su lectura, el crecimiento económico por sí solo no generará el recaudo adicional necesario para cubrir una brecha de más de cuatro puntos del PIB, lo que obligaría a decisiones de recorte o de ingreso que hasta ahora no figuran en la agenda del Gobierno.
La misión del FMI en noviembre, prueba decisiva
El informe señala dos momentos que considera decisivos para medir la voluntad de ajuste del Gobierno colombiano: el próximo proyecto de ajuste fiscal que deberá radicar el Ejecutivo y la misión que el Fondo Monetario Internacional realizará en Colombia en noviembre. Ambos episodios, según Oxford Economics, funcionarán como termómetro de si las autoridades económicas están dispuestas a tomar medidas concretas o si el ajuste seguirá postergándose.
Pese a proyectar una mejoría gradual en las cuentas públicas, la consultora calcula que el ajuste fiscal colombiano seguirá incompleto cuando termine el actual mandato presidencial en 2030. Es decir, ni siquiera un ciclo de gobierno completo alcanzaría para cerrar la totalidad de la brecha de sostenibilidad identificada.
Ese diagnóstico se produce en paralelo a una mejora en la percepción de riesgo soberano del país. Según el informe, las expectativas de políticas económicas más favorables al mercado han contribuido a reducir las primas de riesgo con las que los inversionistas evalúan la deuda colombiana. Sin embargo, la firma advierte que esa confianza adicional no resuelve las dificultades fiscales de fondo ni sustituye la necesidad de un ajuste estructural.
Oxford Economics enmarca el caso colombiano dentro de una tendencia regional, donde el aumento de los intereses reales, el bajo crecimiento económico y la debilidad de la inversión han elevado los superávits primarios que los países necesitan para estabilizar sus deudas públicas. Para la consultora, el principal riesgo de América Latina no es una crisis de deuda inminente, sino un período prolongado de ajustes insuficientes combinado con crecimiento débil, un escenario que iría encareciendo de forma progresiva el costo del endeudamiento soberano.
El informe introduce además una comparación política: contrasta la reelección de Lula da Silva en Brasil con los giros hacia gobiernos de orientación más favorable al mercado en otras economías, entre ellas Colombia bajo la administración De La Espriella. La firma sostiene que esa divergencia ideológica no determina, por sí sola, la capacidad de cada país para lograr superávits primarios sostenidos.
"El cambiante panorama político de América Latina ofrece oportunidades para el ajuste fiscal, aunque la reelección de Lula en Brasil evidencia las diferencias en los enfoques de política económica de la región. Las agendas económicas orientadas al mercado podrían fortalecer la confianza de los inversionistas, pero lograr superávits primarios sostenidos seguirá siendo difícil, independientemente de la inclinación política de los gobiernos", señala el informe de Oxford Economics firmado por Joan Domene.
El marco normativo colombiano obliga al Gobierno a presentar cada año un Marco Fiscal de Mediano Plazo ante el Congreso, documento en el que debe explicar cómo cumplirá la regla fiscal vigente, que fija metas de déficit y deuda sobre el PIB. El comité autónomo de la regla fiscal, cuerpo técnico independiente del Ejecutivo, evalúa los supuestos macroeconómicos de cada proyecto de ajuste y deberá pronunciarse en los próximos meses sobre la propuesta del Gobierno De La Espriella.
Colombia ya conoce episodios en que el pulso por el ajuste desbordó el Congreso: en abril y mayo de 2021, la reforma tributaria radicada por el entonces ministro Alberto Carrasquilla, bajo el gobierno de Iván Duque, desató semanas de protestas, fue retirada y precipitó su renuncia, un recordatorio del costo político de cerrar brechas fiscales por la vía de los ingresos.
El diagnóstico llega mientras gremios y centros empresariales insisten en recuperar crecimiento regional sostenido: la Cámara de Comercio de Cali presentó una agenda para duplicar el PIB por habitante del Valle, un esfuerzo que ilustra la presión de los territorios para generar ingresos propios en un contexto de finanzas nacionales ajustadas.
La primera prueba que fija Oxford Economics tiene fecha cercana: la misión del FMI arriba a Colombia en noviembre, antes de que el Ejecutivo radique su próximo proyecto de ajuste fiscal, los dos episodios que la consultora señala como termómetro del compromiso con el saneamiento de las cuentas.