La convocatoria llega unas tres semanas después de que el Gobierno insistiera en que la situación sanitaria en Ceuta estaba «tensionada» pero no colapsada. La Dirección General de Salud Pública, dirigida por Pedro Gullón, plantea ahora un programa de actualización vacunal que no se limita a una sola enfermedad, sino que abarca varias patologías cuya circulación se facilita cuando se concentran grandes grupos de población sin información suficiente sobre su historial de inmunización.
El mecanismo, articulado en el marco de la cooperación entre administraciones que prevé la normativa de salud pública, permite que las comunidades autónomas cedan dosis de sus propios stocks para reforzar la capacidad de respuesta de un territorio concreto. Su activación no implica necesariamente la existencia de casos confirmados de las enfermedades citadas, sino una medida de prevención ante el riesgo de que aparezcan en una población con coberturas vacunales desconocidas. Muchas de estas patologías son hoy residuales en España gracias a las elevadas tasas de inmunización.
El brote de sarampión en Marruecos, el antecedente que activa la alerta
El antecedente más citado para justificar la urgencia es el brote de sarampión registrado en Marruecos entre octubre de 2023 y abril de 2025, que se extendió por las 12 regiones del país. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), acumuló más de 25.000 casos sospechosos, 13.706 confirmados y 184 fallecidos, con un 49% de los contagios registrados en personas no vacunadas. La cobertura con las dos dosis necesarias de la triple vírica no alcanzó el umbral del 95% recomendado durante los tres años previos al brote, según la propia organización, que ha advertido reiteradamente del riesgo de transmisión transfronteriza en zonas con bolsas de población sin inmunizar.
La triple vírica protege frente al sarampión, la rubéola y la parotiditis. El Ministerio de Sanidad advirtió en mayo de 2025 de más de 30.000 casos identificados en Marruecos y reforzó entonces las recomendaciones sanitarias en el marco de la Operación Paso del Estrecho, el dispositivo que gestiona cada verano el tránsito de personas y vehículos entre la Península y el norte de África. La alerta tuvo consecuencias directas: la mayoría de los casos importados de sarampión notificados en España a comienzos de 2025 procedía de Marruecos, y varios brotes en territorio español fueron vinculados a cadenas de transmisión relacionadas con ese país.
El riesgo se materializó en Melilla en febrero de 2025, cuando la ciudad autónoma activó un dispositivo especial tras confirmar cuatro casos de sarampión en personas no vacunadas, tres de ellas menores y una adulta. Dos de los niños afectados requirieron hospitalización. Meses después, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) reforzó la formación de los profesionales sanitarios de Ceuta y Melilla y recordó que ambas ciudades disponían de protocolos actualizados para afrontar posibles brotes en poblaciones con alto riesgo de transmisión.
La solicitud de dosis contra la poliomielitis responde a un criterio distinto: garantizar que los menores sin documentación vacunal o con pautas incompletas queden incorporados al calendario de inmunización, que contempla varias dosis administradas en los primeros meses y años de vida. La petición de vacuna Td, que protege frente al tétanos y la difteria, cobra relevancia en personas con heridas y sin pauta vacunal conocida; la difteria, infrecuente en España gracias a las altas coberturas históricas, exige mantener la inmunización para evitar su reaparición en bolsas de población no protegida.
La cuarta vacuna solicitada, contra la varicela, responde a la alta contagiosidad de esta infección, especialmente en entornos donde conviven en espacios reducidos menores de distintas edades y procedencias. España incorporó la vacunación sistemática frente a la varicela en el calendario infantil común de forma generalizada a mediados de la pasada década, tras un periodo de aplicación desigual entre comunidades autónomas.
El Ministerio de Sanidad no ha ofrecido públicamente, hasta la fecha, un balance detallado de la situación epidemiológica en Ceuta ni ha precisado cuántos de los 1.300 menores identificados carecen de pauta vacunal completa. Fuentes autonómicas consultadas han trasladado su disposición a colaborar con la cesión de dosis, aunque advierten de que la premura del calendario —la reunión se celebra apenas 48 horas después de conocerse la convocatoria— limita el margen de preparación logística.
La gestión de la situación migratoria en Ceuta ha sido objeto de tensión entre el Gobierno central y otras administraciones en las últimas semanas. Sectores de la oposición han reclamado mayor transparencia sobre el estado sanitario de los menores llegados y comparecencias en sede parlamentaria para detallar el alcance de la situación, mientras el Ejecutivo ha defendido que el sistema, aunque exigido, ha respondido dentro de los protocolos previstos.
El precedente más cercano de activación de mecanismos de solidaridad sanitaria entre comunidades se remonta a la pandemia de covid-19, cuando la Comisión de Salud Pública coordinó la distribución de vacunas y material entre territorios con distinta presión asistencial. Aquel mecanismo, amparado en la Ley General de Salud Pública de 2011 y articulado bajo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sentó el marco de cooperación que ahora se invoca para Ceuta.
La reunión de este lunes deberá concretar el calendario de administración de las 10.000 dosis solicitadas, el reparto de responsabilidades entre el Estado y las comunidades cedentes y los criterios de priorización entre los menores identificados. El Ministerio no ha confirmado si la campaña se extenderá también a la población adulta presente en los centros de acogida ni si se solicitará apoyo adicional a organismos internacionales para el seguimiento epidemiológico.
En los próximos días será determinante comprobar si las comunidades autónomas responden con la rapidez que exige el calendario planteado y si el Ministerio ofrece datos actualizados sobre la cobertura vacunal real de los menores llegados a Ceuta, una información que hasta ahora no ha trascendido públicamente y que resulta clave para calibrar el alcance del riesgo sanitario.
