Mónica García llegó al Ministerio de Sanidad en noviembre de 2023 con una credencial infrecuente entre sus predecesores: formación médica y experiencia asistencial directa como anestesióloga en la sanidad pública madrileña. Esa condición se presentó entonces como una garantía de proximidad con la profesión y de conocimiento técnico de los problemas del sistema. Casi tres años después, esa misma credencial se ha convertido, según fuentes con experiencia en gestión sanitaria, en una de las paradojas más comentadas de su etapa al frente del departamento.
La ministra mantiene abierto un contencioso con una parte significativa del colectivo médico en torno a la reforma del Estatuto Marco, el texto que regula las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y que data, en su versión vigente, de la Ley 55/2003. Organizaciones médicas y sindicatos han convocado huelgas y manifestaciones en distintas comunidades, y algunas entidades profesionales han llegado a pedir públicamente su dimisión, un grado de confrontación inusual entre un Ministerio y el colectivo cuya regulación laboral pretende reformar.
A ese conflicto se suma la polémica generada por la convocatoria del examen MIR de 2026, la prueba de acceso a la formación sanitaria especializada que cada año determina el destino profesional de miles de médicos recién graduados. Las críticas se han centrado en cuestiones de organización y comunicación del proceso, en un contexto en el que España arrastra un déficit estructural de especialistas en áreas como Medicina de Familia, Pediatría o Psiquiatría, según han alertado reiteradamente organizaciones médicas y el propio Ministerio en sus informes de necesidades de especialistas.
Una fuente con experiencia en gestión sanitaria, que pidió no ser identificada, resumió a OKDIARIO el fondo del reproche: «Lo desconcertante es que ser médica debería haberle dado una enorme capacidad para entender a los profesionales y anticipar los problemas asistenciales». La misma fuente añadió que «existe la sensación de que el componente político e ideológico pesa demasiado sobre la gestión técnica».
Ceuta, el frente sin comunidad a la que atribuir la crisis
La crisis asistencial en Ceuta constituye, según coinciden varias fuentes del sector, el episodio más incómodo para la ministra, porque en este caso no cabe atribuir las carencias a la gestión autonómica: la sanidad en la ciudad autónoma depende directamente del INGESA, organismo adscrito al propio Ministerio de Sanidad. Médicos y enfermeras destinados en la ciudad han denunciado en los últimos meses saturación de urgencias y falta de refuerzos de plantilla, mientras la ministra ha evitado emplear el término «colapso» para describir la situación.
El número dos del Ministerio calificó de «poco efectivas» las supuestas represalias contra facultativos críticos con la gestión sanitaria en la ciudad autónoma, en un intento de rebajar la tensión. La respuesta no ha despejado las dudas de las organizaciones médicas locales, que insisten en que la situación refleja carencias estructurales de personal no resueltas pese a la capacidad de gestión directa del departamento sobre el territorio.
A este cuadro se añade un dato presupuestario que ha alimentado las críticas: Sanidad dejó sin ejecutar alrededor de 504 millones de euros de crédito definitivo entre los ejercicios 2024 y 2025, según cifras del propio departamento. La falta de ejecución convive con reclamaciones constantes de mayor financiación para medicamentos innovadores, refuerzo de plantillas y reducción de listas de espera, un contraste señalado tanto por comunidades gobernadas por el PP como por sociedades científicas.
La presencia de médicos al frente del Ministerio de Sanidad ha sido, de hecho, poco frecuente a lo largo de la etapa democrática. Antes de García ocuparon la cartera facultativos como Ana Pastor, del PP, entre 2002 y 2004; Bernat Soria, independiente en un Gobierno socialista, entre 2007 y 2009; Carmen Montón, del PSOE, en 2018; y María Luisa Carcedo, también del PSOE, entre 2018 y 2020.
Esa acumulación de frentes resulta especialmente delicada en un sistema que ya opera con tensiones estructurales: listas de espera elevadas, déficit de especialistas en varias áreas y sobrecarga en atención primaria. «La sanidad española ya funciona con una enorme tensión de profesionales, listas de espera y déficit de especialistas», advirtió una de las fuentes del sector, que sostuvo que «añadir confrontación política donde debería haber negociación y gestión sólo complica un sistema que se sostiene con grandes dificultades».
El Ministerio, por su parte, ha defendido en sus comparecencias públicas que la reforma del Estatuto Marco responde a una demanda histórica del sector para modernizar las condiciones laborales del personal estatutario, y ha remarcado que el diálogo con sindicatos y comunidades continúa abierto pese a las movilizaciones. La cartera también ha insistido en que las cifras de ejecución presupuestaria deben valorarse en el marco de un sistema de salud descentralizado, en el que buena parte de la gestión y el gasto corresponde a las comunidades autónomas y no al Ministerio central.
Otro asunto que ha generado controversia reciente es la petición del departamento a las comunidades para reforzar de urgencia la vacunación de personas migrantes en situación irregular frente a enfermedades como la varicela, la polio o el tétanos, en un contexto de llegadas a las costas que ha vuelto a poner el foco en la capacidad de respuesta de los servicios autonómicos y del propio INGESA en territorios como Ceuta y Melilla.
El calendario inmediato no ofrece tregua: las mesas de negociación del Estatuto Marco siguen convocadas, la ejecución presupuestaria de 2026 será objeto de escrutinio parlamentario en los próximos meses y la situación asistencial en Ceuta continuará bajo la vigilancia de sindicatos médicos y colegios profesionales. La paradoja de la ministra —llegar como la médica que mejor entendería a los médicos y terminar enfrentada a una parte relevante de la profesión— seguirá siendo, previsiblemente, uno de los ejes centrales del debate sanitario en lo que resta de legislatura.
