El escrito solicita a los responsables de los servicios que aporten a la Secretaría de Gerencia «un listado de facultativos que estén dispuestos a realizar guardias voluntarias en el Servicio de Urgencia Hospitalaria». El recurso a la voluntariedad —una fórmula ajena a los mecanismos ordinarios de refuerzo— apunta a que los cauces reglados no habrían bastado para garantizar la cobertura asistencial en un contexto de presión sostenida sobre el hospital.
La petición contrasta con el mensaje que la ministra Mónica García trasladó durante su visita a la ciudad. García negó que exista un «colapso sanitario» y sostuvo que el sistema había logrado absorber el incremento de demanda sin alterar la atención ordinaria a la población ceutí. Reconoció, no obstante, la existencia de áreas «especialmente tensionadas», entre ellas el Servicio de Urgencias y las plantas de Medicina Interna y Cirugía. El argumento del departamento es que esa presión no equivale a colapso mientras el hospital mantenga capacidad disponible y no se suspendan consultas ni intervenciones programadas.
Según los datos aportados por Sanidad, entre el 31 de julio y el 14 de agosto el Ingesa realizó 5.801 asistencias, con un máximo de 1.149 atenciones en una sola jornada, el 31 de julio, día de mayor intensidad de la llegada masiva. El Ministerio subrayó además la incorporación de más de 60 profesionales de refuerzo, una cifra que los médicos han negado. Los profesionales sostienen que la presión ya afecta a la actividad ordinaria del centro, más allá de las cifras que facilita la Administración.
Un organismo estatal bajo la responsabilidad del Ministerio
La gestión sanitaria en Ceuta y Melilla no depende de una comunidad autónoma, sino del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo estatal adscrito al Ministerio de Sanidad. Esa dependencia orgánica implica que las decisiones de la dirección o la gerencia del hospital no son ajenas al departamento que dirige García: al igual que un consejero autonómico actúa bajo la responsabilidad de su Gobierno, en las ciudades autónomas el Ingesa forma parte de la estructura sanitaria del Estado y responde, en última instancia, ante el Ministerio.
La convocatoria de guardias voluntarias, al no ser una medida reglada de obligado cumplimiento, depende de la disposición de los propios facultativos, lo que introduce incertidumbre sobre la sostenibilidad del refuerzo a medio plazo si la presión asistencial no remite. El marco que regula estas situaciones combina la legislación sanitaria estatal con los protocolos de emergencia que puede activar el Ingesa como gestor directo de los hospitales en las ciudades autónomas.
El pulso entre el Ministerio y los sanitarios no se limita a los médicos. Las enfermeras del hospital han elevado su situación a la Inspección de Trabajo, denunciando la falta de refuerzos efectivos, la imposición de jornadas extraordinarias y la recepción de órdenes laborales a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, un cauce que los sindicatos consideran incompatible con los procedimientos formales que exige la normativa laboral en el ámbito sanitario público.
El Colegio de Médicos de Ceuta y varias organizaciones sindicales han denunciado que la llegada masiva de migrantes ha llevado al límite a un sistema que, según sus representantes, ya arrastraba carencias estructurales previas: déficit de plantilla y sobrecarga crónica en Urgencias, un problema no exclusivo de Ceuta pero agravado por las particularidades geográficas y demográficas de la ciudad autónoma.
La situación migratoria en la frontera sur no es inédita. Ceuta y Melilla han vivido episodios de entradas masivas en años anteriores, con momentos de especial tensión como los registrados en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta en cuestión de horas y desbordaron los servicios públicos, incluidos los sanitarios. También entonces se activaron dispositivos extraordinarios de refuerzo, y el debate sobre si la respuesta fue suficiente se prolongó durante meses.
La controversia sanitaria se suma a otras denuncias sobre las condiciones en los dispositivos de acogida. Militares desplegados en las bases han denunciado «deficiencias graves» de higiene vinculadas a brotes de sarna, un cuadro que ilustra el alcance de la presión sobre distintos servicios públicos, no solo el sanitario, en un territorio con recursos limitados por su reducida extensión y población.
El choque de relatos plantea de fondo la cuestión de si los datos de actividad ofrecidos por la Administración reflejan la magnitud real de la presión sobre el sistema, o si, como sostienen los sindicatos médicos y de enfermería, existe una brecha entre el discurso institucional y la experiencia diaria en las plantas y en Urgencias.
En los próximos días será determinante conocer la respuesta de los facultativos a la petición de guardias voluntarias y si el Ministerio decide reforzar de forma reglada la plantilla del hospital de Ceuta. La Inspección de Trabajo deberá además pronunciarse sobre la denuncia presentada por las enfermeras, un procedimiento que podría derivar en requerimientos a la Gerencia si se constatan irregularidades en la gestión de las jornadas y los refuerzos.
