El vídeo de la ministra, en tono desenfadado, alude al «último piti» que podría fumarse en una terraza y menciona la posibilidad de que este sea «el último verano» en el que esté permitido, una previsión que por ahora carece de respaldo parlamentario suficiente para convertirse en norma. La difusión coincidió con las denuncias de los profesionales sanitarios de Ceuta sobre el desgaste acumulado tras semanas de sobrecarga.
La reforma de la ley antitabaco, impulsada por el Ministerio de Sanidad, contempla ampliar los espacios donde estará prohibido fumar, incluidas las terrazas de hostelería. El sector hostelero ha denunciado que no ha sido consultado en la elaboración de la norma y ha cuestionado que exista evidencia científica suficiente que justifique la prohibición por el riesgo del humo ambiental hacia terceros en espacios abiertos.
La propia Mónica García viajó a Ceuta tras un periodo vacacional de 17 días y reconoció durante su visita que los servicios de Urgencias, Medicina Interna y Atención Primaria se encontraban «especialmente tensionados» y que los profesionales sanitarios estaban realizando un «sobreesfuerzo» para mantener la atención a la población.
La ministra defendió, no obstante, que los servicios destinados a la población ceutí se habían mantenido sin necesidad de alterar la actividad ordinaria del hospital y que el centro disponía de capacidad suficiente. Según los datos que ella misma aportó, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo que gestiona la sanidad pública en Ceuta y Melilla, contaba con 1.465 profesionales frente a una plantilla orgánica de 1.000, y el Gobierno mantenía capacidad para incrementar los recursos si la demanda volvía a crecer.
Esa versión choca con la trasladada por los colegios y sindicatos médicos. El Colegio de Médicos de Ceuta ha solicitado formalmente la intervención del Defensor del Pueblo, institución prevista en el artículo 54 de la Constitución para supervisar la actividad de las administraciones públicas, que ha admitido la queja y abierto una investigación sobre la presión que soporta el sistema sanitario ceutí.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado que emprenderá acciones legales si se confirman amenazas o represalias contra facultativos por haber informado a los medios sobre las condiciones en las que trabajan. Según informaciones difundidas en los últimos días, algunos médicos habrían recibido advertencias sobre posibles consecuencias laborales, incluida la eventual no renovación de sus contratos, por hablar públicamente de la situación asistencial.
La libertad de los profesionales
CESM ha exigido que cese cualquier presión sobre los facultativos y ha advertido de que defenderá jurídicamente a quienes puedan verse afectados. El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud no contempla limitaciones a la libertad de expresión de los profesionales fuera de sus funciones asistenciales, salvo en lo relativo al deber de confidencialidad sobre datos de pacientes. Cualquier represalia laboral vinculada exclusivamente a declaraciones públicas podría ser recurrida ante la jurisdicción social o contencioso-administrativa.
Los sindicatos y colegios profesionales insisten en que el debate no debería limitarse a determinar si existe o no un «colapso» en términos técnicos. Lo que reclaman es una evaluación rigurosa del impacto real que la llegada masiva de población ha tenido sobre Atención Primaria, los servicios de Urgencias y el hospital, así como sobre la suficiencia de las plantillas y las condiciones laborales de quienes atienden esa demanda.
Ceuta cuenta con un único hospital de referencia, que atiende tanto a la población residente como a los flujos migratorios que llegan desde Marruecos a través de la frontera terrestre. Episodios de entrada masiva de personas ya se han repetido en años anteriores, como en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en apenas dos días, lo que obligó a activar protocolos extraordinarios y generó una situación de emergencia sanitaria y humanitaria.
El precedente de 2021 ilustra la vulnerabilidad estructural del sistema sanitario ceutí ante episodios de presión migratoria intensa, dada la limitada capacidad de un hospital dimensionado para una población pequeña. Las organizaciones médicas advierten de que, sin una revisión de plantillas y recursos adaptada a estos picos recurrentes, la situación podría repetirse con cada nuevo episodio.
El Ministerio de Sanidad no ha ofrecido, por el momento, un calendario público sobre las medidas concretas que adoptará en Ceuta más allá del compromiso genérico de incrementar recursos si la demanda lo exige. La investigación abierta por el Defensor del Pueblo, cuyos plazos no están sujetos a un calendario fijo, podría derivar en recomendaciones dirigidas al Ministerio o a Ingesa, aunque estas carecen de carácter vinculante.
En paralelo, la tramitación de la reforma de la ley antitabaco continúa su curso sin fecha definitiva de votación en el Congreso, donde el Gobierno no cuenta todavía con los apoyos garantizados para aprobarla. Las patronales de la hostelería han reiterado su disposición a negociar los términos de la norma, pero insisten en que cualquier ampliación de las restricciones debería basarse en evidencia científica contrastada y contar con una consulta previa que, según denuncian, no se ha producido.
