El mecanismo denunciado operaría a través del sabotaje deliberado de la plataforma oficial donde los ciudadanos deben registrarse para tramitar un arma de fuego legal. Un coronel retirado del Ejército que conoció el sistema por dentro relató que los propios uniformados del DCCAE obstaculizarían los procesos de quienes intentan completar el trámite sin intermediarios, lo que empuja a los interesados a pagar por una gestión que, en teoría, no debería tener costo adicional.
La denuncia fue ratificada por el mayor retirado del Ejército Jorge Castillo, quien coincidió en que la plataforma no avanza para quienes buscan hacer el trámite de manera directa. Castillo difundió su versión en la red social X el pasado 12 de octubre, bajo la etiqueta #ArmasDeFuego, al describir un esquema en el que la coima se habría vuelto un paso obligado antes de que se autorice cualquier pago legítimo.
"Son unas mafias que llevan manejando el tema de la compra de armas; hay una mafia desde afuera que le llaman los tramitadores, que cobran por trámites gratis, pero que tienen conexión dentro de la entidad en Bogotá y las regionales", explicó el mayor retirado Jorge Castillo.
El mayor Castillo detalló el procedimiento técnico donde, según él, se concentraría la irregularidad: el DCCAE carga la disponibilidad de un arma en la plataforma, el usuario la selecciona y queda reflejada en su perfil para proceder con la compra. Es precisamente en ese cargue donde, de acuerdo con su denuncia, se bloquearía el proceso a quienes no pasan por un tramitador con contactos internos.
"Un trámite puede llegar a costar hasta 30 millones de pesos. Los trámites quedan a la mitad siempre y por eso las personas deben acudir a los tramitadores. El DCCAE lo que hace es que carga la disponibilidad a una plataforma, el usuario la escoge, se carga en el perfil del usuario y de ahí se supone que ya se puede hacer la compra; sin embargo, ese cargue del arma dentro de la plataforma, ahí es donde está la corrupción", explicó el mayor retirado Jorge Castillo.
Las cifras denunciadas recaen sobre un servicio que, por ley, corresponde a Indumil, la industria militar del Estado encargada en exclusiva de la producción y comercialización de armamento de uso civil y de las Fuerzas Militares en el país. El control sobre quién puede portar o tener un arma recae en el DCCAE, dependencia castrense que filtra solicitudes, verifica antecedentes y autoriza cada caso antes de que el ciudadano pueda completar la compra.
El cargue en la plataforma, el punto crítico
Según las denuncias conocidas por Semana, los uniformados del DCCAE serían los encargados de obstaculizar los procesos dentro de la unidad con el propósito de agilizar los trámites de los clientes de los intermediarios. El resultado sería un cuello de botella artificial: quien intenta el camino legal queda varado a mitad del proceso, mientras los clientes de los tramitadores avanzan.
Fuentes de las Fuerzas Militares confirmaron que se producirían varios cambios de personal activo dentro del DCCAE como respuesta a los señalamientos. Los relevos serían, por ahora, la única medida conocida frente a las denuncias formuladas por los dos militares retirados.
El episodio se suma a una serie de denuncias recientes sobre irregularidades en entidades ligadas a la seguridad y el control estatal en Colombia. Otras investigaciones han puesto bajo la lupa la gestión de datos oficiales, como la referida a las cifras de seguridad de De la Espriella que no coinciden con datos del Ministerio de Defensa, que evidenció discrepancias entre discursos públicos y estadísticas oficiales.
El control de armas de fuego ha sido históricamente un terreno sensible por la magnitud del conflicto armado interno y los índices de violencia con arma de fuego que el país ha registrado durante décadas. La existencia de mercados paralelos alrededor de trámites legales no es un fenómeno inédito: la figura del tramitador que cobra por gestiones gratuitas aprovechando contactos internos ha sido señalada en distintas entidades estatales colombianas, una dinámica que coincide con la descrita ahora por el coronel y el mayor retirados.
De confirmarse por las autoridades competentes, el esquema comprometería la credibilidad de Indumil y del DCCAE como garantes de un proceso que debe ser transparente para el ciudadano que busca portar un arma de manera legal. La denuncia abre interrogantes sobre el control interno de las Fuerzas Militares sobre su propio personal uniformado y sobre los mecanismos que deberían impedir que servidores públicos activos se asocien con redes externas de tramitadores.
Castillo insistió en su mensaje público del 12 de octubre en que la mafia de tramitadores "lleva manejando el tema de la compra de armas" con conexiones que, según su denuncia, se extienden tanto en Bogotá como en las regionales del país.
