La comparecencia se realizará en la sala 26A del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, en el bajo Manhattan, según la orden judicial que Hellerstein firmó el miércoles. Es la segunda vez que Maduro enfrenta a la justicia estadounidense desde su detención: en 2020 ya había sido imputado por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas, cargos frente a los cuales tanto él como Flores se declararon inocentes en audiencias anteriores.
Los nuevos cargos, radicados hace apenas unos días por la Fiscalía estadounidense, señalan al depuesto gobernante venezolano y a su esposa de liderar lo que el expediente describe como un “sistema de represión” con detenciones arbitrarias y torturas contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses. El pliego del Distrito Sur de Nueva York sostiene que Maduro participaba activamente en esa estructura, al punto de sugerir técnicas específicas de tortura, entre ellas la privación de sueño, y de mofarse de los relatos de los abusos cometidos contra los prisioneros.
A estas acusaciones se suman señalamientos por presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico, entre ellas el ELN y las disidencias de las antiguas Farc, guerrillas colombianas que durante años han operado en zonas fronterizas con Venezuela. El proceso avanzó luego de que el Departamento de Estado y la Fiscalía instaran al juez Hellerstein a desestimar cualquier petición de inmunidad para los acusados.
El argumento de fondo, según la posición de la Fiscalía, es que Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde las elecciones de 2018, por lo que los delitos imputados no podrían ampararse en supuestos actos oficiales de gobierno. La doctrina de inmunidad de jefes de Estado ha sido un obstáculo recurrente en procesos contra mandatarios en ejercicio; la figura del narcoestado llevó antes a los estrados estadounidenses al general panameño Manuel Antonio Noriega, condenado en Miami en 1992 por tráfico de drogas tras la invasión de Panamá en 1989.
Maduro y Flores permanecen recluidos desde enero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, tras ser capturados en el Palacio de Miraflores en una incursión militar estadounidense que, según el material, dejó más de un centenar de muertos. La operación contó con la aprobación del presidente Donald Trump luego de meses de tensión entre Washington y Caracas.
Aquella intervención derivó en la asunción de Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, como presidenta encargada de Venezuela. Rodríguez mantiene desde entonces una relación cercana con el gobierno estadounidense, un giro que contrasta con años de confrontación diplomática durante la gestión de Maduro.
El desenlace de la lectura de cargos de este jueves definirá los próximos pasos del proceso que se sigue contra ambos en el Distrito Sur de Nueva York, donde ya enfrentaban desde 2020 la imputación por narcoterrorismo a la que ahora se suman las acusaciones de tortura y represión.
