El golpe económico más severo llegó en abril de 2025, cuando LaLiga decidió entregar a HBS y NVP Sports la producción de la señal audiovisual de sus competiciones a partir de la temporada 2025-26, poniendo fin a una relación que se había prolongado durante más de una década. Ese contrato suponía para el grupo un negocio estimado en unos 400 millones de euros a cinco años, según las cifras que la propia compañía maneja sobre su evolución financiera. Mediapro conserva otros contratos y derechos vinculados al fútbol, pero ha perdido el control sobre la producción de la competición doméstica de mayor valor comercial en España.
La crisis actual contrasta con lo que la compañía llegó a representar en el mercado audiovisual europeo. Fundada en los años noventa por Jaume Roures, Tatxo Benet y Gerard Romy, Mediapro alcanzó en 2018 unos ingresos récord de aproximadamente 1.967 millones de euros, casi el doble de la facturación conjunta de Atresmedia y Mediaset en ese ejercicio. Aquel crecimiento se sustentó en una fuerte exposición a los derechos deportivos y en operaciones que exigían inversiones muy elevadas, un modelo que la pandemia de covid-19 puso en jaque al paralizar buena parte de la actividad deportiva y publicitaria. Desde 2018, el grupo ha acumulado pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros, según las cifras publicadas sobre su trayectoria.
De la etapa Roures al control chino
El deterioro económico ha ido acompañado de una crisis política y empresarial. En octubre de 2023, Jaume Roures abandonó la compañía tras años de fricciones con parte del poder político y empresarial de Madrid. El fundador había apoyado públicamente el procés independentista catalán y mantenido una relación estrecha con Podemos, posiciones que, según la reconstrucción de aquella etapa, deterioraron sus relaciones con el PSOE y con actores empresariales como Atresmedia o el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Ese deterioro tuvo consecuencias contractuales directas: el Real Madrid retiró a Mediapro la producción de Real Madrid TV, y Atresmedia prescindió de la factura técnica de los servicios informativos y espacios en directo de La Sexta. A ello se sumó la paralización, por parte del Gobierno, de la operación mediante la cual Mediapro pretendía adquirir Grupo Zeta, editor de cabeceras como El Periódico de Catalunya, que terminó finalmente en manos de Prensa Ibérica.
La salida de Roures marcó el principio del fin de la etapa fundacional. A comienzos de 2026, Tatxo Benet abandonó la presidencia ejecutiva de la compañía, presionado según el relato del sector por los intereses del accionista chino, y posteriormente vendió el 5% que aún conservaba, rompiendo todo vínculo accionarial con el grupo que había contribuido a fundar. Ninguno de los tres socios originales mantiene ya participación en Mediapro.
El fondo chino Orient Hontai Capital, a través de Southwind, ha consolidado con ello el control efectivo de la compañía y ha impuesto una nueva cúpula directiva. Sergio Oslé, expresidente de Movistar Plus+, ha asumido la presidencia de Mediapro, mientras que Carlos Núñez, exconsejero delegado de Prisa Media, ocupa la dirección ejecutiva del grupo. Ambos proceden de compañías con una relación institucional más fluida con el resto de operadores del sector.
La recomposición de relaciones con el Gobierno, con LaLiga y con parte del sistema financiero español aparece como condición para acceder a nueva financiación y a futuros contratos de producción y derechos audiovisuales. La deuda del grupo continúa siendo, no obstante, el principal condicionante de cualquier movimiento estratégico: las entidades acreedoras vigilan la evolución del plan de reestructuración, que incluye el ajuste de plantilla ya ejecutado y la búsqueda de líneas de negocio menos dependientes de los grandes derechos deportivos.
Un ERE como el ejecutado por Mediapro se rige por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que exige un periodo de consultas con la representación de los trabajadores y la comunicación a la autoridad laboral. Cuando afecta a un porcentaje elevado de la plantilla, el procedimiento suele articularse como despido colectivo por causas económicas, un mecanismo al que han recurrido otros grupos del sector audiovisual tras la contracción de ingresos publicitarios y de derechos.
El precedente más cercano en el mercado español es el de Imagina, el otro gran grupo de producción y derechos deportivos surgido de la reconfiguración del sector audiovisual en la década de 2000, que también atravesó procesos de reestructuración financiera y cambios accionariales significativos antes de reorientar su actividad. La diferencia, en el caso de Mediapro, es la magnitud del cambio accionarial y político que ha acompañado al ajuste económico.
LaLiga no ha realizado declaraciones públicas sobre una eventual recuperación de contratos con Mediapro más allá de los que el grupo conserva en la actualidad, y las fuentes de la competición han evitado pronunciarse sobre negociaciones en curso. Tampoco Moncloa ha confirmado contactos formales con la nueva dirección del grupo. Mediapro, por su parte, ha situado la reconstrucción de esas relaciones entre los objetivos declarados de su nueva cúpula.
El desenlace de esta reconstrucción dependerá de los próximos ejercicios, en los que Mediapro deberá presentar resultados que confirmen si el ajuste de plantilla y la nueva orientación estratégica logran frenar las pérdidas acumuladas desde 2018. La evolución de sus relaciones con la banca acreedora, con LaLiga y con el Gobierno marcará si el grupo recupera parte del terreno perdido en el mercado audiovisual europeo o si su reducción de tamaño se consolida como la nueva dimensión de la compañía.
