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La Audiencia Nacional mantiene en prisión al presunto narcoabogado de la trama de Mallorca

El auto señala a Ignacio Gonzalo Márquez como «uno de los máximos responsables» de una «compleja y muy potente organización criminal de ámbito internacional».

Por Redacción de El Hemiciclo·
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La Audiencia Nacional ha resuelto mantener la prisión provisional de Ignacio Gonzalo Márquez, investigado como presunto narcoabogado de una trama que operaba entre Mallorca, Ibiza y Valencia con lanchas «gomas», camiones, ferrys y buques procedentes de Sudamérica. El auto detalla incautaciones de miles de kilos de droga y 1.261.000 euros en efectivo hallados en un registro en Binissalem, junto a tres armas de fuego y tres silenciadores.

Según recoge el auto, las vigilancias policiales y las medidas tecnológicas de investigación apuntarían a que Gonzalo Márquez sería «uno de los máximos responsables de la organización en Mallorca». Su papel, de acuerdo con el relato indiciario examinado por la Sala, estaría vinculado a «la preparación de la logística legal para la introducción de dichas sustancias y el blanqueamiento de los beneficios económicos obtenidos», lo que ha llevado a atribuirle el perfil de presunto narcoabogado de la estructura.

El tribunal describe a la organización investigada como una «compleja y muy potente organización criminal de ámbito internacional», una valoración incluida en la resolución para justificar el mantenimiento de la medida cautelar. La Sala precisa que ese calificativo se enmarca en el análisis de las actuaciones de investigación desarrolladas hasta el momento, sin que suponga un pronunciamiento sobre la culpabilidad de los investigados.

«Compleja y muy potente organización criminal de ámbito internacional», recoge el auto de la Audiencia Nacional que mantiene la prisión provisional del investigado.

La resolución judicial recoge un inventario de intervenciones que sustentan la gravedad de los indicios. Entre ellas figuran 2.360 kilos de hachís incautados en Ibiza, 675 kilos de cocaína intervenidos en Valencia y una operación frustrada que, según el auto, habría movilizado otros 3.000 kilos de cocaína. Son cantidades que la Sala toma en consideración para valorar la dimensión del entramado, sin que ello implique todavía una atribución de responsabilidad penal a los investigados.

A este listado se suma el resultado de un registro practicado en una vivienda de Binissalem, donde los agentes localizaron 11 kilos de cocaína, 1.261.000 euros en efectivo, tres armas de fuego y tres silenciadores. La presencia de ese dinero y del resto de efectos intervenidos forma parte del conjunto de actuaciones que la Audiencia Nacional ha valorado al pronunciarse sobre la situación procesal de Gonzalo Márquez.

El auto describe además una infraestructura logística basada, presuntamente, en embarcaciones neumáticas de gran potencia conocidas como «gomas», camiones y ferrys que habrían permitido el movimiento de sustancias entre Baleares y la península. La investigación menciona también sociedades mercantiles vinculadas al investigado y a otros miembros del entramado, otro de los elementos incorporados al conjunto de indicios que examina el tribunal.

La prisión provisional es una medida cautelar que el juez instructor puede acordar, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando concurren indicios de la comisión de un delito y riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva; no equivale a una condena. La Audiencia Nacional subraya que su adopción responde a la valoración de los indicios disponibles y de las circunstancias procesales concurrentes, y que Gonzalo Márquez continúa amparado por la presunción de inocencia mientras se desarrolla la instrucción.

El procedimiento se suma a otros recientes ante la Audiencia Nacional en torno al papel de letrados en estructuras del narcotráfico. El mismo tribunal denegó la libertad al presunto narcoabogado de la trama Tribuns, otra causa que gira en torno a la logística legal y financiera del crimen organizado. Será la resolución judicial que en su día se dicte la que determine, en su caso, las responsabilidades penales que puedan existir.

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