La comparecencia se produjo casi un mes después de que un grupo numeroso de personas migrantes accediera a Ceuta el 30 de julio, un episodio que disparó la llegada de pacientes a los servicios de urgencias y reabrió el debate sobre la capacidad del sistema sanitario local para absorber picos de demanda repentinos.
García explicó a los diputados que, en el momento de mayor actividad, el hospital de Ceuta llegó a tener ocupado el 55% de su capacidad, un dato que a su juicio desmiente la existencia de un colapso. Añadió que la atención a personas migrantes se sitúa actualmente entre 250 y 300 casos diarios y que el miércoles previo a su intervención se registraron 350 atenciones entre atención primaria y hospitalaria en toda la ciudad. La ministra calificó de «relato interesado y alarmista» las denuncias de saturación de los profesionales y sostuvo que, respecto al verano pasado, las urgencias ceutíes atienden este año a unos 75 pacientes más al día, un incremento que consideró gestionable con los recursos desplegados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
Rosa Fuentes, presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, rechazó esa cifra con rotundidad: según su cálculo, el incremento real de pacientes diarios en urgencias es de al menos 150, el doble de lo señalado por la titular de Sanidad. «Es mentira, son por lo menos 150 más cada día», afirmó a ABC horas después de la intervención ministerial. En la misma línea, Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, sostuvo: «No son 75, son muchos más. Lo que se está viviendo en Ceuta no se ha visto nunca».
Fuentes fue más allá al reclamar a la ministra que compruebe la situación sobre el terreno: «Si para ella esto no es colapso, que venga y eche una mano, que para eso es médico», declaró, molesta por el calificativo de «alarmista» aplicado a las denuncias de su colectivo.
Uno de los principales puntos de discrepancia afecta al método de recuento. Los profesionales sostienen que las estadísticas oficiales solo contabilizan la atención prestada a personas migrantes y dejan fuera a la población ceutí que también acude a las mismas urgencias. «Los que estamos en las puertas de urgencias sabemos que no son ciertas. Solo cuentan las de los inmigrantes, pero aquí también hay población ceutí a la que hay que atender», lamentó Fuentes, que denunció que las enfermeras siguen obligadas a hacer más horas de las que les corresponden sin ver mejora: «Nos quieren seguir sobresaturando y así estamos: igual o peor mientras ellos maquillan las cifras».
El segundo gran punto de fricción es el de los refuerzos de personal. García presumió ante la Comisión de un incremento de 100 profesionales destinados a Ceuta, una cifra que Roviralta matizó con dureza: de ese refuerzo, ninguno correspondería a médico. Según su relato, el servicio de urgencias cuenta con siete facultativos para atender a la población ceutí, a los llegados por la operación Paso del Estrecho y a las aproximadamente 15.000 personas que permanecen en la ciudad. «Lanzan unos mensajes que son parches publicitarios, pero al final la realidad se impone y la realidad es que los médicos de Ceuta se sienten abandonados y desamparados», criticó.
El presidente del Colegio de Médicos reclamó que los refuerzos sean efectivos y externos, y no una redistribución de la carga sobre la misma plantilla, empujada a doblar turnos o a cubrir guardias mediante llamamientos a voluntarios, una fórmula que calificó de «insólita». Desde enfermería tampoco se ha constatado ese refuerzo: Fuentes explicó que en una reunión reciente con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se le comunicó la incorporación de 28 profesionales adicionales, cifra que puso en duda. «No sé dónde están esas 28», señaló, apuntando además a que los refuerzos anunciados tardaron en llegar.
La gestión del Ingesa durante la crisis también quedó en entredicho. Frente a las palabras de la ministra, que aseguró que los ceutíes «pueden estar contentos» por la respuesta del equipo directivo del instituto, Fuentes replicó que la gestión «no ha sido buena, pero ni durante la crisis ni antes». Roviralta, por su parte, advirtió de que las medidas adoptadas no resultan eficaces y de que el problema corre el riesgo de cronificarse, derivando en una mayor escasez de profesionales a medio plazo.
Una sanidad gestionada directamente por el Estado
El marco competencial de esta disputa remite a la singularidad administrativa de Ceuta, cuya sanidad no está transferida a una comunidad autónoma, sino gestionada directamente por el Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad. Es una excepción respecto al resto del territorio, donde las transferencias sanitarias autonómicas culminaron a comienzos de los años 2000. Esa dependencia directa del Gobierno central convierte cualquier controversia sobre la gestión sanitaria ceutí en una cuestión de responsabilidad política inmediata para el ministerio.
La llegada de personas migrantes a Ceuta no es un fenómeno nuevo. La ciudad autónoma ya vivió un episodio de gran afluencia en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera con Marruecos en apenas 48 horas, generando también entonces tensiones sobre la capacidad de los servicios públicos —incluidos los sanitarios— para atender una demanda repentina y muy superior a la habitual.
Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad no ha ofrecido un desglose público y verificable que permita contrastar de forma independiente los datos aportados oralmente por la ministra ante la Comisión con los que manejan los colegios profesionales, más allá de las cifras que la propia García trasladó en su intervención.
La discrepancia deja abierta una controversia que previsiblemente se prolongará en las próximas semanas, con nuevas comparecencias parlamentarias posibles y la exigencia de los colegios profesionales de que el Ingesa publique datos desagregados sobre ocupación hospitalaria, plantilla efectiva y procedencia de los pacientes atendidos en las urgencias ceutíes.
