El origen del conflicto se remonta a 2024, cuando AENA sacó a concurso la explotación del espacio central de restauración de la T4 de Barajas, tras el fin de la concesión que hasta entonces ostentaba Enrique Tomás. Se trataba de la licitación más elevada de toda la red aeroportuaria española, y a ella se presentaron cinco candidatos: Airfoods, Cafestore/Arzábal, Goyanar 5/Joselito, Airport Food Outlets y Areas/Viandas.
Airfoods resultó adjudicataria para explotar la marca Bottega, con un contrato de cinco años ampliables a dos más. La oferta ganadora se basó en una Renta Mínima Garantizada (RMGA) —el pago fijo que las concesionarias abonan a AENA con independencia de sus ingresos— de 18,1 millones de euros, un 88% por encima de las rentas de salida fijadas en el pliego, además de unos porcentajes de la parte variable de esa renta entre un 31,2% y un 46,07% superiores a los mínimos exigidos.
Esa oferta, sensiblemente más agresiva que las de sus competidores, permitió a Airfoods hacerse con el contrato, pero habría comprometido a la empresa a unos pagos que la actividad de restauración en la T4 no está generando. El desajuste entre los ingresos reales y la renta garantizada sería, según esta versión, la causa directa de la crisis de liquidez que ahora amenaza con abocarla al concurso de acreedores, el procedimiento judicial previsto en el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020) para empresas insolventes que buscan reestructurar su deuda o liquidar sus activos de forma ordenada.
Airfoods, sin embargo, traslada la responsabilidad de su situación a AENA. La empresa de restauración sostiene que el gestor aeroportuario le ha reclamado una factura de 6 millones de euros correspondiente al pago de la RMGA de 2020 y ejercicios posteriores, en plena pandemia, cuando la actividad aeroportuaria estuvo prácticamente paralizada por las restricciones sanitarias. Airfoods asegura además que ya habría abonado parte de esa cantidad, por lo que AENA le estaría reclamando un doble pago, según informó El Confidencial. Un portavoz de la empresa semipública ha negado ese extremo y ha explicado que en la factura se descuenta lo ya satisfecho por la concesionaria.
Los recursos de la pandemia que resolvió el Supremo
La disputa sobre la RMGA de los años de pandemia tiene su propio recorrido judicial. La empresa había planteado cuestiones de inconstitucionalidad para tratar de anular la disposición final séptima de la Ley de Transporte Terrestre de 2021, una norma que rebajaba el pago de la renta garantizada a las concesionarias de restauración y comercio en los aeropuertos, en atención a la drástica caída del tráfico aéreo durante los confinamientos.
El recorrido de esos recursos se truncó en 2025, cuando el Tribunal Supremo determinó que la vía elegida no era la adecuada: consideró que estas reclamaciones debían dirimirse por la jurisdicción contencioso-administrativa y no por la civil, que era la que había seguido Airfoods hasta entonces. Esa sentencia habría sido, siempre según la versión de la empresa de restauración, el detonante que llevó a AENA a reactivar el envío de las facturas pendientes de los ejercicios de la pandemia.
El episodio se enmarca en un contexto de tensión más amplio en torno al modelo de gestión de AENA, presidida por Maurici Lucena, operador que administra la red aeroportuaria estatal y cotiza en el Ibex 35 con el Estado como accionista mayoritario a través de ENAIRE. La compañía libra otro pulso relevante con las aerolíneas por la subida de las tasas aeroportuarias, que estas denuncian como un encarecimiento indebido de sus costes operativos.
En ese frente paralelo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respaldó la posición de las aerolíneas al cuestionar la metodología empleada por AENA para justificar el incremento de tasas, un dictamen que el gestor se plantea recurrir ante los tribunales. AENA defiende que la subida es imprescindible para financiar un plan de inversiones de hasta 13.000 millones de euros en la red aeroportuaria y sostiene que su impacto en el precio final de los billetes es marginal, atribuyendo a las propias aerolíneas la responsabilidad de las subidas que trasladan al pasajero.
El caso llega además al debate parlamentario en un momento en que la política aeroportuaria está bajo escrutinio. El Senado ha instado al Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, a que revise a la baja las tasas de AENA a raíz del informe crítico de la CNMC, en una discusión que entrelaza la sostenibilidad financiera del operador, los intereses de las aerolíneas y ahora también los de las concesionarias de restauración y comercio que operan bajo su paraguas.
Un eventual concurso de acreedores de Airfoods tendría implicaciones directas para pasajeros y trabajadores de los aeropuertos donde opera, entre ellos Barajas, al poner en riesgo la continuidad de los establecimientos que gestiona y obligar a AENA a buscar un nuevo operador o a reformular las condiciones del contrato vigente. La Ley Concursal contempla distintos escenarios, desde un convenio de acreedores que permita a la empresa seguir operando bajo un plan de pagos reestructurado hasta la liquidación si no se alcanza un acuerdo viable.
Las disputas entre el Estado y sus concesionarios por las consecuencias económicas de la pandemia no son exclusivas del sector aeroportuario: concesiones de infraestructuras y transporte público protagonizaron pleitos similares por las compensaciones derivadas de la caída de actividad durante 2020, algunos aún sin resolver años después.
El desenlace del conflicto dependerá en primer término de si prospera o no la vía contencioso-administrativa que, según la sentencia del Supremo de 2025, debe seguir Airfoods para impugnar la reclamación de la RMGA de los ejercicios pandémicos. Mientras ese litigio se resuelve, la viabilidad financiera de la compañía y el futuro de la explotación de restauración en la T4 de Barajas y en otros aeropuertos de la red quedan condicionados a si finalmente se formaliza o no la solicitud de concurso.
