La decisión del SMC de plantear una respuesta sindical de mayor alcance se produce tras la visita a Ceuta del secretario de Estado de Sanidad y presidente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Javier Padilla, un encuentro que la organización médica califica de decepcionante. Según su valoración, el responsable ministerial dejó más declaraciones que compromisos concretos y, sobre todo, no mantuvo una reunión de trabajo formal con los facultativos que atienden a diario la presión asistencial derivada de la crisis migratoria.
Desde el inicio de esta fase crítica, el 30 de julio, los servicios sanitarios de la ciudad autónoma han registrado casi 8.300 atenciones vinculadas a la situación migratoria, con un incremento medio de unas 70 consultas diarias adicionales en Urgencias desde el 1 de agosto respecto a los niveles previos a la crisis, según las cifras que maneja el sindicato. Se trata de un volumen que, sostiene el SMC, desborda la capacidad ordinaria de un sistema que en Ceuta y Melilla presenta una particularidad estructural: a diferencia del resto de comunidades autónomas, ambas ciudades no tienen transferidas las competencias sanitarias y dependen directamente de la gestión estatal a través de INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.
Esa dependencia directa es precisamente uno de los argumentos que esgrime el sindicato para reclamar mayor concreción por parte del Gobierno. La organización sostiene que, al no existir una administración autonómica intermedia, es el propio Ministerio que dirige Mónica García quien debe responder con datos precisos sobre los recursos desplegados, sin que quepa diluir la responsabilidad en otros niveles de gestión.
Uno de los puntos de fricción más señalados es la falta de concreción en las cifras de refuerzo. Padilla situó en torno a 90 los profesionales movilizados hacia Ceuta, pero sin poder precisar cuántos de ellos son médicos frente a otras categorías profesionales. «Haber escuchado una vez a los médicos no convierte en innecesario volver a escucharlos», sostiene el sindicato, que subraya que no equivale un refuerzo de cuatro médicos que uno de veinte, y que sin ese desglose resulta imposible valorar si la respuesta del Ejecutivo se ajusta a las necesidades reales de los servicios.
El SMC reclama por ello que el Ministerio de Sanidad facilite un listado detallado de los profesionales incorporados, sus especialidades, los servicios concretos en los que prestan apoyo y la duración prevista de sus destinos temporales en la ciudad. Esta exigencia se enmarca en un conflicto que se prolonga ya varias semanas y en el que las organizaciones médicas locales denuncian una brecha creciente entre los anuncios institucionales y la percepción de quienes trabajan en primera línea asistencial.
La controversia se ha extendido también al formato del contacto entre el secretario de Estado y los facultativos. Según la versión del sindicato, el encuentro se produjo durante un cambio de guardia en el Servicio de Urgencias, un momento que la organización considera inadecuado para sustanciar una reunión de trabajo. El relevo de guardia es, recuerdan los médicos, un espacio dedicado a la transmisión de información clínica entre profesionales salientes y entrantes tras jornadas de alta exigencia, no un foro para el diálogo institucional. El SMC plantea además dudas sobre la presencia de responsables políticos y gestores sanitarios durante ese proceso de traspaso clínico.
Desde el Ministerio de Sanidad se ha defendido en anteriores comparecencias que la situación ya fue abordada directamente con representantes del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta durante una visita previa de la ministra Mónica García a la ciudad. El sindicato rechaza que ese precedente sea suficiente, argumentando que la evolución diaria de la presión asistencial exige actualizaciones constantes y que el criterio de quienes afrontan las guardias y los turnos dobles aporta una perspectiva que no puede sustituirse por un encuentro puntual celebrado semanas atrás.
El trasfondo de este pulso institucional es una crisis migratoria que ha tensionado la capacidad de acogida de la ciudad autónoma desde finales de julio. El Gobierno central, tras una primera reunión entre la Administración estatal y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, ha descartado el uso de polideportivos como espacio de acogida «salvo casos extremos», una rectificación que refleja las tensiones entre la administración estatal y la local a la hora de gestionar los recursos disponibles.
Ceuta ya vivió episodios de presión migratoria extraordinaria en el pasado, como la crisis de mayo de 2021, cuando en menos de 48 horas cruzaron la frontera con Marruecos varios miles de personas en un contexto de tensión diplomática entre Madrid y Rabat. Aquel episodio evidenció carencias similares en la coordinación entre administraciones y en la capacidad de los servicios públicos locales para absorber picos de demanda extraordinarios, aunque los actores institucionales implicados y el marco de gestión eran distintos.
El artículo 28 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga, y la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, regula su ejercicio por este colectivo, si bien sujeto a la garantía de servicios mínimos esenciales que deben fijarse por la administración sanitaria. Cualquier movilización que el SMC decidiera finalmente convocar tendría que ajustarse a ese marco, lo que en la práctica limitaría el alcance de una eventual huelga médica sin afectar a la atención urgente.
El sindicato no ha fijado por el momento una fecha ni un calendario de movilizaciones, y su planteamiento se encuentra en fase de consulta con el resto de organizaciones de trabajadores de la ciudad. El desenlace de este proceso dependerá en buena medida de si el Ministerio de Sanidad ofrece en los próximos días la información desglosada que reclaman los médicos ceutíes sobre efectivos, especialidades y duración de los refuerzos, así como de si se concreta una reunión de trabajo directa entre Sanidad y los representantes de los facultativos que evite la escalada del conflicto hacia el terreno laboral.
