El CO₂ y el termómetro planetario: lo que mide la física del clima
El dióxido de carbono es, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el principal forzante radiativo de origen antropogénico. Su sexto informe de evaluación, publicado entre 2021 y 2022, cifra en aproximadamente 1,1 grados Celsius el calentamiento medio global registrado desde la era preindustrial —periodo de referencia 1850-1900—, con el CO₂ como responsable de la mayor fracción de ese incremento. La concentración atmosférica de este gas superó en 2023 las 420 partes por millón (ppm), según los registros continuos del Observatorio de Mauna Loa publicados por la NOAA en 2024, el nivel más alto en al menos tres millones de años de acuerdo con los proxies paleoclimáticos disponibles.
Ese umbral no es un detalle técnico menor: el climatólogo James Hansen, del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, señaló ya en 2008 que las 350 ppm constituían el límite de seguridad a largo plazo para evitar los impactos más graves del cambio climático. La brecha entre ese umbral y la concentración actual —más de 70 ppm por encima— ilustra por qué una parte relevante de la literatura científica considera que la simple contención de nuevas emisiones ya no es suficiente: el planeta necesitaría también retirar carbono ya emitido. Ahí es donde entran las tecnologías de eliminación, con todas sus promesas y todas sus contradicciones.
Qué abarca el término 'captura de carbono' y dónde está su desarrollo real
Las tecnologías de eliminación de carbono (Carbon Dioxide Removal, CDR) engloban un espectro amplio de métodos: desde la reforestación y la restauración de humedales —soluciones basadas en la naturaleza con siglos de evidencia— hasta la captura directa del aire (Direct Air Capture, DAC) y la bioenergía con captura y almacenamiento (BECCS). Son estas últimas las que concentran el mayor debate, porque son las que los modelos climáticos integrados del IPCC han proyectado a mayor escala en los escenarios compatibles con el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París, adoptado en 2015 y ratificado por España ese mismo año.
La capacidad operativa actual de la DAC es, sin embargo, marginal. La Agencia Internacional de Energía (AIE) registraba a finales de 2023 apenas 27 instalaciones de captura directa de aire en todo el mundo, con una capacidad conjunta inferior a 0,01 millones de toneladas de CO₂ al año. Las emisiones globales de dióxido de carbono procedentes de la combustión de energía y la industria alcanzaron ese mismo año los 37.400 millones de toneladas, también según la AIE. La diferencia es de varios órdenes de magnitud: toda la infraestructura DAC existente captura menos del 0,00003% de lo que la economía global emite en doce meses. Incluso la planta Mammoth, inaugurada en Islandia en 2024 por la empresa Climeworks y presentada como la mayor del mundo, tiene capacidad para retirar 36.000 toneladas anuales, una cifra que palidece frente a cualquier escenario de mitigación a escala nacional, sin hablar de la global.
El coste energético y económico: por qué la tecnología no se paga sola
El problema no es únicamente de escala presente, sino de intensidad energética y coste unitario. Capturar una tonelada de CO₂ directamente del aire requiere, según estimaciones del MIT publicadas en 2023, entre 300 y 1.000 kilovatios hora de electricidad, dependiendo del diseño del proceso. Si esa electricidad procede de fuentes fósiles, la operación puede resultar neutra o incluso contraproducente desde el punto de vista climático. Solo si se alimenta íntegramente con energía renovable o nuclear de bajas emisiones tiene sentido climático, lo que implica una presión adicional sobre una infraestructura eléctrica descarbonizada que en la mayoría de los países, incluida España, está todavía en construcción.
El coste económico refuerza la cautela. Las estimaciones más optimistas para 2030, publicadas en la revista Nature Reviews Earth & Environment en 2022, sitúan el coste de la DAC entre 150 y 300 dólares por tonelada. Ese rango se compara desfavorablemente con el precio del CO₂ en el mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS), que ha oscilado en torno a 60-70 euros por tonelada a lo largo de 2024, según datos de la Bolsa Europea de Energía (EEX). La brecha hace prácticamente inviable que la tecnología sea rentable sin subsidios públicos significativos, lo que alimenta el argumento de que los fondos destinados a DAC podrían generar mayor rendimiento climático si se invirtiesen en eficiencia energética o expansión de renovables, medidas cuyo coste por tonelada evitada es sustancialmente inferior según los análisis del Banco Mundial y la propia AIE.
El riesgo moral climático: cuando la promesa de mañana desactiva la acción de hoy
El concepto que más preocupa a la comunidad científica no es técnico, sino político: el denominado riesgo moral climático (climate moral hazard). La hipótesis central es que la mera promesa de tecnologías de captura masiva en el futuro reduzca la urgencia percibida de actuar hoy sobre la reducción de emisiones. Esta inquietud fue formalizada académicamente por Duncan McLaren, investigador de la Universidad de Lancaster, en un influyente artículo de 2012, y ha ganado respaldo empírico desde entonces en publicaciones especializadas como Global Environmental Change y Nature Climate Change.
La evidencia más directa proviene del análisis de los planes nacionales de clima. Un estudio de Climate Analytics publicado en 2023 constató que varios países del G20 incluían en sus contribuciones nacionales determinadas (NDC) proyecciones de captura de carbono que cubrían entre el 10% y el 30% de sus objetivos de reducción de emisiones para 2050, sin que esas proyecciones estuviesen respaldadas por hojas de ruta tecnológicas o presupuestarias creíbles. España, cuyo PNIEC revisado fue remitido a la Comisión Europea en 2023, también contempla el papel de los sumideros naturales y tecnológicos, aunque la concreción de los mecanismos sigue siendo objeto de debate interno entre el Ministerio para la Transición Ecológica y organismos asesores como el Consejo Económico y Social.
Un patrón que la historia ambiental ya conoce
No es la primera vez que la comunidad científica y los ejecutivos se enfrentan a la tentación de confiar en soluciones tecnológicas para diferir cambios estructurales costosos. En los años ochenta, la industria del automóvil en Estados Unidos y Europa resistió la regulación de emisiones argumentando que los catalizadores y los filtros de partículas resolverían el problema de la contaminación urbana sin necesidad de alterar los patrones de movilidad ni la composición de su flota. El escándalo Dieselgate, destapado en 2015 a partir de investigaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), demostró que incluso la adopción formal de esas tecnologías podía ser manipulada para cumplir en el papel sin cumplir en la práctica.
En el ámbito estrictamente climático, el precedente más citado en la literatura es el de la geoingeniería solar, debatida desde los años noventa como alternativa barata al recorte de emisiones. La comunidad científica la descartó mayoritariamente no por razones de eficacia técnica —la inyección de aerosoles en la estratosfera podría efectivamente enfriar el planeta de forma transitoria— sino porque no resuelve el problema de la acidificación de los océanos derivada del CO₂ acumulado y porque su despliegue unilateral plantea riesgos geopolíticos de primer orden, como señaló el comité científico asesor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su informe de 2023. La lección es la misma que subyace al debate actual sobre la DAC: tratar el síntoma no equivale a curar la enfermedad.
Las posiciones en juego: sector energético, organizaciones críticas e instituciones internacionales
Las grandes empresas del sector de los hidrocarburos han sido las principales impulsoras de la narrativa que presenta la captura de carbono como vía para mantener los niveles actuales de producción sin cambios estructurales profundos. BP, Shell y ExxonMobil han anunciado en los últimos años inversiones en proyectos de CCS y DAC que, según sus propias comunicaciones corporativas, les permitirían alcanzar la neutralidad de carbono en el horizonte de 2050 sin reducir el volumen extraído. La organización Carbon Tracker ha cuestionado públicamente la solidez de esos compromisos, señalando que ninguno de ellos contempla un recorte absoluto de la producción de petróleo y gas. Ni BP, ni Shell ni ExxonMobil han respondido públicamente a ese cuestionamiento concreto de Carbon Tracker en los términos en que este fue planteado.
En el polo opuesto, redes académicas como el Climate Social Science Network sostienen que cualquier inversión significativa en DAC a gran escala distrae recursos humanos y financieros de la única vía con eficacia demostrada: eliminar en origen la quema de combustibles fósiles. La posición del IPCC es más matizada: su sexto informe de evaluación reconoce que alcanzar el objetivo de 1,5 °C sin alguna forma de eliminación de carbono es prácticamente imposible en los modelos disponibles, pero subraya con igual énfasis que la CDR no puede compensar una reducción insuficiente de emisiones y que las incertidumbres sobre su viabilidad a escala son aún muy elevadas. Es decir, la institución científica de referencia del sistema ONU defiende el papel complementario —no sustitutivo— de estas tecnologías, posición que coincide con la que los propios expertos citados en las investigaciones más recientes atribuyen como consenso emergente del campo.
Plazos y decisiones: lo que los próximos años definirán
El calendario político inmediato marca varios hitos decisivos. La COP30, prevista para noviembre de 2025 en Belém (Brasil), será el primer examen formal de las NDC actualizadas que los países debían presentar antes de febrero de ese año conforme al ciclo quinquenal del Acuerdo de París. La solidez o la fragilidad de las cifras de captura incluidas en esas contribuciones determinará en buena medida si el riesgo moral identificado por la ciencia se materializa en política real. En el ámbito europeo, la revisión del Reglamento de Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (LULUCF), en vigor desde 2023, establece objetivos vinculantes de sumideros naturales para los Estados miembro hasta 2030, lo que obliga a España a acreditar ante la Comisión Europea el estado real de sus sumideros forestales y su contribución neta. La brecha entre los compromisos formales y la capacidad tecnológica instalada —medida en decenas de miles de toneladas frente a miles de millones— es el dato que los organismos científicos piden que los gobiernos coloquen en el centro de sus hojas de ruta antes de que esa brecha se convierta en la excusa para no actuar.
