El paquete responde a la voluntad de CECE de evitar que una situación coyuntural termine convirtiéndose en un problema estructural de endeudamiento, cierre de empresas y destrucción de empleo. La confederación patronal señaló que viene desarrollando gestiones ante las distintas administraciones para reclamar una respuesta extraordinaria y rápida, y la semana pasada formalizó ante el Ministerio de Economía un documento con seis bloques de actuación de aplicación inmediata.
El primero de ellos pide moratorias o aplazamientos temporales en obligaciones con las administraciones públicas, en particular las cotizaciones a la Seguridad Social y las obligaciones tributarias, con el objetivo declarado de que las empresas conserven liquidez para atender nóminas y proveedores mientras dura el periodo de menor actividad. Este tipo de aplazamientos tiene precedentes recientes: durante la pandemia de covid-19, el Real Decreto-ley 8/2020 habilitó moratorias en cotizaciones sociales para sectores especialmente afectados, un mecanismo que la Tesorería General de la Seguridad Social gestionó de forma extraordinaria entre 2020 y 2021.
La segunda medida es la creación de una línea de ayudas directas para compensar parcialmente la caída de actividad, los gastos fijos y los costes extraordinarios soportados durante el periodo excepcional. CECE no ha concretado una cuantía, y de su solicitud no se desprende una cifra de impacto económico agregado sobre el tejido empresarial ceutí, algo que previsiblemente deberá cuantificarse en la negociación con el Ministerio si esta prospera.
El tercer bloque de propuestas se centra en la reestructuración de la deuda ya existente: ampliación de vencimientos, periodos de carencia, renovación de pólizas de crédito, refinanciación de préstamos y adaptación de calendarios de amortización. La confederación insistió en que su planteamiento no busca generar nuevo endeudamiento, sino hacer sostenible el que ya arrastran empresas que, subraya, eran viables antes de la crisis actual.
En materia laboral, CECE plantea estudiar bonificaciones o exoneraciones temporales de costes laborales y, si resultara necesario, fórmulas similares a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) utilizados en anteriores situaciones excepcionales, como la crisis sanitaria de 2020. Los ERTE, regulados por el Estatuto de los Trabajadores y desarrollados extraordinariamente durante la pandemia, permitieron entonces mantener vínculos laborales pese a la paralización de la actividad, con el Estado asumiendo parte del coste mediante exoneraciones de cuotas. La patronal defendió que mantener el empleo preserva la capacidad productiva, la renta de las familias y el consumo.
Un quinto punto, más singular, reclama una línea específica de ayudas para compensar los gastos extraordinarios en seguridad privada que, según CECE, están teniendo que asumir empresas, entidades y comunidades de propietarios en Ceuta. La confederación menciona explícitamente la contratación o ampliación de servicios de vigilancia, el incremento extraordinario de horas y el refuerzo de sistemas de protección, y sostuvo que ese gasto responde a una situación que excede la responsabilidad ordinaria de quienes lo soportan.
Por último, la organización empresarial pidió que cualquier medida que se apruebe se tramite con la mayor rapidez posible y con una carga burocrática mínima, en el entendimiento de que su utilidad dependerá de la velocidad con la que llegue a las empresas que la necesitan. Este tipo de advertencia sobre la burocracia es habitual en la relación entre patronales territoriales y la Administración central, y ya se planteó en Ceuta y Melilla durante la crisis fronteriza de 2021, cuando el cierre del paso comercial con Marruecos golpeó severamente el comercio atípico y el tejido logístico de ambas ciudades.
Una economía dependiente de la frontera
Ceuta, con estatuto de ciudad autónoma desde 1995, mantiene una economía muy dependiente del tránsito de personas y mercancías con Marruecos, la actividad portuaria y el sector servicios, con una tasa de paro que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha situado tradicionalmente entre las más altas de España, por encima del 20% en los últimos años según la Encuesta de Población Activa, frente a una media nacional en el entorno del 11%-12%. Cualquier alteración prolongada del flujo fronterizo tiene un impacto proporcionalmente mayor que en otras economías regionales, dado el reducido tamaño del mercado local y su escasa diversificación productiva.
El marco competencial exige, en cualquier caso, la intervención de varios departamentos: Hacienda para los aplazamientos tributarios, la Seguridad Social para las cotizaciones y Trabajo para cualquier mecanismo asimilable a un ERTE, lo que normalmente ralentiza este tipo de negociaciones frente a la urgencia que reclaman los empresarios. El Ministerio de Economía no ha hecho pública, hasta la fecha de esta información, una respuesta formal al documento de CECE, por lo que no consta si las medidas propuestas serán asumidas total, parcialmente o rechazadas.
La comparación con episodios anteriores ofrece cierta perspectiva sobre los tiempos habituales de respuesta institucional. Tras el cierre de la frontera comercial de Ceuta y Melilla en 2018 y su agravamiento en años posteriores, las ayudas específicas aprobadas por el Gobierno para paliar el impacto económico tardaron meses en materializarse y, según denunciaron entonces las patronales de ambas ciudades, resultaron insuficientes frente a las pérdidas declaradas por el sector comercial.
CECE indicó que continuará las gestiones ante las administraciones autonómica y estatal para lograr una respuesta que califica de extraordinaria y rápida. En los próximos días o semanas se espera conocer si el Ministerio de Economía convoca una reunión formal con la patronal ceutí, si se habilita alguna partida presupuestaria específica —lo que requeriría en su caso trámite parlamentario o modificación de crédito— y si otras administraciones, como la Ciudad Autónoma de Ceuta, se suman con medidas complementarias de ámbito local.
